Para la Fiscalía, Wilmer Geovanny Chavarría Barré, alias Pipo; su hijastro Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor; y Luis Arboleda, alias Gordo Luis, cabecillas del grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Lobos serían parte de los autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, pues habrían intervenido en la planificación y la concreción del crimen.
Versiones, testimonios y chats revelarían la presunta participación de los tres en un crimen cometido al estilo sicariato el 9 de agosto de 2023, semanas antes de la primera vuelta electoral de las presidenciales anticipadas. La audiencia para vincularlos se instaló la mañana de este martes, 10 de febrero, y está en manos del juez penal de Pichincha Geovanny Freire.
Wilmer Chavarría fue detenido el 16 de noviembre pasado en Málaga, España. El máximo cabecilla de Los Lobos por casi cinco años se hizo pasar como muerto en Ecuador para evadir la justicia, pero gente cercana a él o a sus negocios ilícitos sabía que estaba vivo y se movía por varios países de Europa y Asia oriental.
Alias Pipo mantenía una identidad falsa, pues luego de declararse su falso fallecimiento por COVID-19, en febrero de 2021, en Santo Domingo de los Tsáchilas, obtuvo una nueva identidad en Venezuela bajo el nombre de Danilo Fernández, oriundo de Maracaibo. Respecto a alias Pipo, la Fiscalía ecuatoriana ha explicado a las autoridades de España que en la instrucción fiscal del caso Magnicidio FV se ha hecho mención de que Wilmer Chavarría habría tenido participación logística y operativa en el asesinato del expresidenciable Fernando Villavicencio.
Actualmente, alias Pipo se encuentra privado de la libertad en el Centro Penitenciario de Málaga bajo disposición del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional de España, pero se ha informado que él no será extraditado a Ecuador, sino que desde España irá a cárcel en Estados Unidos
De alias Lobo Menor se desconoce su ubicación y por ello la notificación para la audiencia de vinculación se la ha hecho a través de familiares. Asimismo, se ha oficiado a la Defensoría Pública para que le otorgue un defensor que lo represente legalmente.
Pese a que ha salido de la cárcel dentro de una libertad controlada, la Policía vincula a alias Lobo Menor o Esteban a la minería ilegal en Imbabura y el tráfico de drogas con nexos con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación y disidencias colombianas. Se lo vincula también a dos causas penales en 2024: extorsión en la provincia de Bolívar y secuestro en Pichincha.
Dentro de los antecedentes penales de alias Lobo Menor está el homicidio simple ocurrido en 2012 en Cuenca, Azuay, contra Juan Antonio Serrano Salgado, hermano del entonces ministro del Interior, José Serrano. Por ese asesinato fue sentenciado en 2014 a 20 años de cárcel. Estuvo recluido en prisión desde 2012, solicitó en 2020 el cambio de CPL de Guayas a Cotopaxi por el fallecimiento de su hijo y obtuvo su prelibertad en 2022 tras cumplir la mitad de su condena.
Aguilar no es ubicado por las autoridades, pese a que uno de los requisitos para salir de la cárcel bajo el sistema de prelibertad era someterse a una visita mensual a su domicilio. El último informe de la Unidad de Reinserción del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) del 18 de noviembre pasado señala que Aguilar se reporta semanalmente mediante correo institucional, que vive con su esposa en Quito y sigue trabajando en un “bufet”, por lo que su entorno social es positivo.
Hay anexos en los informes como fotos de Esteban Aguilar presentando las tareas y los manuscritos. En las imágenes se ve a una persona sosteniendo una hoja que casi le tapa todo el rostro, haciendo difícil confirmar que es alias Lobo Menor quien está cumpliendo la disposición obligatoria del sistema penitenciario ecuatoriano.
En lo que respecta a Luis Arboleda, alias Gordo Luis, él se encuentra internado en la Cárcel del Encuentro, lugar desde el que enfrenta siete procesos penales vigentes: una causa por asesinato de 2013, otras por asociación ilícita y homicidio de 2017, una por existencia de delito de 2018 y tres procesos judiciales de 2022 por tráfico de drogas, tenencia sin permiso de armas de uso policial y militar y tráfico ilícito de drogas. (I)
