España y otros 14 países europeos han reclamado a Bruselas actualizar la directiva sobre la fiscalidad del tabaco. En una carta firmada por los ministros de Finanzas y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, lamentan que “el marco legislativo vigente está obsoleto en su conjunto y ha dejado de ser adecuado para su propósito”, puesto que no tiene en cuenta los nuevos productos y tendencias que han irrumpido con fuerza en el mercado —por ejemplo, los vapeadores—. También exigen una armonización para mejorar la lucha contra las prácticas ilegales y limitar los efectos dañinos sobre la salud de estos productos, haciendo hincapié en que, a falta de una normativa europea, cada socio ha adoptado legislaciones nacionales que han creado fragmentación.
La misiva, firmada por los representantes de España —en concreto, la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero—, Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Letonia, Países Bajos, Eslovaquia y Eslovenia, va dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El texto insiste en que la directiva sobre la fiscalidad del tabaco, de 2011, no solo tiene el objetivo de “armonizar los impuestos especiales sobre los productos relacionados con el tabaco” en el mercado comunitario. También persigue otras finalidades, como “garantizar una competencia leal, combatir el tráfico de tabaco y el fraude fiscal, y alcanzar un alto nivel de protección de la salud”.
En este sentido, los países firmantes subrayan que es necesario abordar tanto el aumento del contrabando y del comercio y la fabricación ilegales de productos del tabaco, así como sus efectos nocivos para la salud. “Ante la falta de un enfoque de la UE suficientemente armonizado para abordar estos retos, los Estados miembros han adoptado medidas a nivel nacional. Esto ha provocado fragmentación, desigualdad de condiciones y, en última instancia, distorsiones en el Mercado Único. Por lo tanto, se requiere urgentemente un acto legislativo europeo en el ámbito de la fiscalidad indirecta”, detalla. También piden revisar la directiva sobre los productos del tabaco, de 2014.
No es la primera vez que las capitales europeas piden al Ejecutivo comunitario meter mano a una legislación que consideran obsoleta. Ya en 2020 habían solicitado a la Comisión que presentara una propuesta legislativa para avanzar en este sentido. En 2025, los países miembros se confrontaron al respecto en el Consejo y demostraron una elevada cercanía en sus posturas. “Existe un acuerdo casi unánime entre los Estados miembros sobre la urgente necesidad de un enfoque armonizado y, por lo tanto, de que la Comisión publique inmediatamente su propuesta de revisión de la directiva”, abunda la carta.
En este sentido, los países que han redactado la misiva tachan de “lamentable” no se haya incluido ninguna iniciativa en el programa de trabajo de la Comisión para 2025 y que no haya ningún compromiso público del Ejecutivo comunitario sobre la materia. “Como ministros de finanzas y de economía de 15 Estados miembros de la Unión Europea, lamentamos profundamente que esto aún no se haya hecho e invitamos a la Comisión a que adopte sin demora las medidas necesarias para actualizar la directiva”, añaden. “Esperamos que la Comisión reconozca la urgencia de revisar la Directiva sobre la fiscalidad del tabaco. Estamos dispuestos a colaborar con la Comisión en este asunto prioritario durante este nuevo mandato”.
