La falta de ambición del próximo presupuesto europeo presentado por la Comisión Europea se ve con nitidez en un punto: la mayoría de Estados miembros recibirán menos dinero para la financiación de políticas tradicionales de la UE como la agraria o la de cohesión. A España, por ejemplo, le corresponderán unos 73.890 millones, un 12% menos que en el periodo actual, sin tener en cuenta las cantidades que están llegando por el Fondo de Recuperación. Para Italia o Francia, el recorte es similar, en cantidad y porcentaje, según un informe interno del Parlamento Europeo al que ha tenido acceso EL PAÍS. Del recorte solo escaparían Estonia, Malta, Suecia, Finlandia y Croacia si estos números no cambian sustancialmente tras las negociaciones entre los propios países y con la Eurocámara, que deberían estar listas a finales de este año.
Conforme avanzan las negociaciones se van conociendo detalles que hasta ahora no habían trascendido. Uno de ellos son las cifras una vez se les descuenta el efecto de la inflación. En la propuesta que presentó en julio pasado, los números se lanzaron sin hacer este cálculo que sí ha hecho el Parlamento Europeo aplicando un deflactor de precios del 2%, es decir, el objetivo de inflación que utiliza el BCE. Fuentes del Consejo de la UE señalan que el Ejecutivo de la UE nunca ha facilitado los datos a precios constantes, nombre técnico de una cifra a la que se le descuenta el efecto de la subida de los precios, durante las conversaciones. La diferencia entre un dato y otro es importante, y resulta clave a la hora de sentarse a negociar. Este ejercicio lo han hecho los técnicos de la Eurocámara y en él se aprecia el recorte que, en el caso de España, afectaría principalmente a los fondos de cohesión. En la política agraria común, en cambio, habrá recorte o no según lo que decida el Gobierno de turno.
Uno de los cambios más radicales previstos en el próximo presupuesto europeo es la forma en la que se gestionan las políticas tradicionales como los fondos agrícolas, los de cohesión o el Fondo Social Europeo. Salvo un giro muy importante durante la negociación entre el Consejo y el Parlamento, habrá una centralización y nacionalización importante de estas áreas. Corresponderá a los Estados miembros presentar un plan nacional en el que se desarrollarán las líneas de acción propuestas, con cierto margen de flexibilidad para que cada capital decida dónde pone más o menos recursos. Es por eso que, en el caso de España, los recursos de la política agraria pueden aumentar respecto de lo destinado en el actual periodo presupuestario: entre 2021 y 2027, la cifra es de algo más de 46.300 millones, y en la parte alta de la horquilla de las próximas cuentas se llegaría a cerca de 53.000 millones.
“Tras varios meses analizando la propuesta presupuestaria, el panorama se ha aclarado. Lo que está surgiendo no es solo una reforma presupuestaria, sino un claro cambio de poder”, lamenta Kata Tüttö, presidenta del Comité de las Regiones. Esta institución se ha mostrado muy crítica con la nueva estructura de gobernanza que plantea la Comisión para el próximo presupuesto, ya que las Administraciones regionales perderían parte del rol que juegan en la actualidad. “Sustituye un sistema basado en políticas europeas comunes por otro impulsado por el regateo político nacional. La cohesión ya no es una política garantizada: se convierte en una opción entre muchas, obligada a competir dentro de las dotaciones nacionales”, añade.
El próximo presupuesto la UE está condicionado por varios elementos. Uno de ellos es esa nueva arquitectura, que ha provocado el rechazo de las regiones y del Parlamento Europeo, que amenazó con una resolución política si no había cambios. La propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se comprometió a “introducir un control regional” para evitar ese rapapolvo en la Eurocámara. Detrás de esta queja, estaba también esa renacionalización a la que alude Tüttö.
Deuda por saldar
Pero hay otros condicionantes de lo que serán las cuentas con las que la Unión entrará en la próxima década. Destaca entre ellos la factura del Fondo de Recuperación. Esta ambiciosa herramienta política y financiera puesta en marcha como respuesta a la pandemia se está financiando con deuda conjunta que debe comenzar a pagarse en 2028, a un ritmo de unos 25.000 millones al año, y supone una mengua significativa de los recursos disponibles. Esto se ve con claridad si se mide el volumen del presupuesto respecto al PIB anual: el proyecto de Bruselas asciende a un 1,26%, pero cuando se amortiza el préstamo se reduce hasta el 1,15%, casi la misma cantidad que el 1,13% actual. Y además la Comisión, en este proyecto de cuentas comunes, multiplica por cuatro el presupuesto destinado a seguridad y defensa, hasta los 131.000 millones.
Sin embargo, todos estos números no son definitivos porque la negociación no ha entrado en su fase final. Es a partir de ahora cuando los Estados miembros van a intensificar el tira y afloja, puesto que quieren tener cerrada su posición antes de acabar el año y evitar así las distorsiones que pueda provocar la campaña electoral para la presidencia de Francia. El objetivo es ambicioso, puesto que hay capitales (Berlín, La Haya) a las que este presupuesto les parece excesivo; y hay otras que creen que se queda muy corto (Madrid). Después llegará el momento de sentarse a hablar con el Parlamento Europeo para pactar el presupuesto final.
