Los inversores internacionales que litigan contra España por los recortes a las primas renovables hace más de una década elevan la presión contra el Gobierno. Blasket Renewable Investments, dueño de algunos casos ya ganados en arbitrajes internacionales, está pleiteando en Holanda para tratar de embargar los dividendos que cobra la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por su 4,09% del capital social de Airbus. Esta acción judicial se da ante la negativa de España a pagar las indemnizaciones reconocidas en arbitrajes internacionales a favor de los inversores, la mayoría de ellos en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal arbitral del Banco Mundial.
La cuestión no es menor. La SEPI aporta cerca de 100 millones de euros en dividendos de Airbus cada año al Estado. En este contexto, Blasket se personó en un tribunal de La Haya para ejecutar los laudos de los casos RREEF (un fondo en su día vinculado a Deutsche Bank) y Operafund. El pasado mes de mayo, la justicia de los Países Bajos le reconoció el derecho a embargar dichos derechos de cobro del holding público propiedad del Reino de España.
Sin embargo, la Abogacía del Estado y los despachos que asesoran a la SEPI lograron este verano anular dicho embargo, según consta en una sentencia del 15 de julio a la que ha tenido acceso este medio. El embargo fue una medida cautelar inaudita parte (sin escuchar al demandado), pero los juristas de la Administración han logrado que otra instancia de la Haya reconozca que el Reino de España y SEPI no son identificables y consideró que el embargo podría incurrir en un abuso de derecho.
Pero los abogados de Blasket no se han quedado conformes y, según señalan fuentes jurídicas al tanto de la situación, han interpuesto un recurso de apelación, ya que consideran que la SEPI sí es un holding inversor que es 100% dependiente del Estado Español y orgánicamente controlado por el Ministerio de Hacienda, por lo que la causa aún no ha concluido.
Ambas partes están siendo asesorados por despachos de reconocido prestigio a nivel internacional, como Cuatrecasas, Baker Mackenzie y despachos holandeses como Houtoff, según la documentación del caso. Este pleito se dirime en La Haya (Países Bajos) dado que la sede de Airbus está en Leiden, una pequeña ciudad a medio camino entre Ámsterdam y Róterdam.
Los fondos propietarios de los laudos que condenan a España a pagar indemnizaciones, y que se amparan en el Tratado de la Carta de la Energía, están tratando de presionar a España para que se avenga a negociar una solución. En esta estrategia, están intentando embargar bienes del Estado español en el exterior. La búsqueda de potenciales bienes embargables es una terea compleja para los abogados, porque hay patrimonio, como las embajadas, que gozan de inmunidad diplomática y no son embargables.
En el intento de quedarse con activos como forma de pago, estos fondos ya han logrado que la justicia británica reconozca de forma cautelar el embargo de las cuentas del Instituto Cervantes o algunos inmuebles del Estado. En Bélgica, estos fondos quieren quedarse con los derechos de cobro que paga Eurocontrol a España por los derechos de sobrevuelo del espacio aéreo español. Otro caso muy sonado fue la petición de embargo del usufructo de la participación que tiene AENA en el aeropuerto de Lutton en Londres. Sin embargo, la compañía participada en un 51% por el Estado a través de Enaire alegó que no podía embargarse un bien semipúblico y que es propiedad en un 49% de inversores privados que nada tienen que ver con el Reino de España.
Por ahora, España se ha negado a pagar por todos los arbitrajes que ha perdido como consecuencia del recorte a las renovables, que motivó más de cincuenta reclamaciones. De las sumas multimillonarias reclamadas, los tribunales arbitrales han reconocido cerca de 1.500 millones de euros, a los que se podrían sumar otros más de 300 millones por intereses.
España solamente ha indemnizado al fondo JGC, al considerar que realmente es un inversor extracomunitario y el Tratado de la Carta de la Energía prevalece respecto del derecho comunitario, la doctrina que defiende España y la Unión Europea. Además, la administración española asegura que no puede pagar a estos fondos porque dichos desembolsos podrían ser considerados por Bruselas como ayudas de Estado ilegales. Otras fuentes, sin embargo, creen que España pagó tras un acuerdo con el inversor al verse muy obligado por los tribunales del caso.
El objetivo de Blasket es que España se siente a negociar y zanje esta cuestión. Algo que no es sencillo desde el punto de vista político, ya que el Tribunal Supremo avaló el recorte a las renovables en 2016 y dejó a muchos inversores nacionales sin posibilidad de reclamar. Una cuestión también sensible desde el punto de vista social, ya que hubo pequeños inversores que apostaron por las renovables en el régimen de primas que creó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE).
El aluvión de inversores bajo el régimen de 2008 disparó el déficit del sistema eléctrico hasta casi 30.000 millones de euros. Para embridar esta cuestión, que aún pagan los consumidores en la factura de la luz, el Gobierno de Rajoy (PP) implementó un fuerte recorte. La cuestión redujo el coste a los ciudadanos. Sin embargo, está generando un duro problema reputacional para España en los mercados internacionales.
