El turismo masivo ha disparado la recaudación de los municipios más visitados en España, pero también ha elevado el gasto en el que tienen que incurrir para garantizar la prestación de servicios básicos como limpieza, recogida de residuos, transporte o seguridad. “Solo en la limpieza y recogida de residuos gastamos 14 millones de euros al año y el 40% se debe al incremento de la población derivada del turismo”, remarca Fátima Lesmes, alcaldesa de Arona (Tenerife) y presidenta de la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa.
Esta organización agrupa a ocho municipios (Adeje, Arona, Benidorm, Calvià, Lloret de Mar, Salou, San Bartolomé de Tirajana y Torremolinos) que acogen al 9% de los turistas extranjeros y concentran el 19% de las pernoctaciones, pero que apenas reciben ayuda alguna para prestar esos servicios. “La población de Arona se duplica o triplica a lo largo de todo el año. Ya no hay estacionalidad y el turismo extranjero viene de forma masiva tanto en temporada baja como en temporada alta”, incide Lesmes. Calvià, otro de los municipios integrados en la Alianza, calcula que un reconocimiento especial de sus condiciones por parte del Gobierno acarrearía un ahorro anual de 10 millones de euros, un 7% del presupuesto local, ya que tiene prestar servicios en 25 núcleos y 15 playas que se extienden por 50 kilómetros de costa.
De esos ocho municipios, tan solo Salou recibe ayudas públicas al encajar dentro de la definición de municipio turístico que incluye la Ley de Haciendas Locales desde 2004. La norma contempla un mecanismo para ayudar a algunos consistorios a sobrellevar ese aumento repentino de la población durante el verano. Los tres criterios a cumplir, inamovibles en los 22 últimos ejercicios, se resumen en no ser capital de provincia o de comunidad autónoma, tener entre 20.000 y 75.000 habitantes censados, y que el número de viviendas de segunda residencia supere al número de viviendas principales. Los ayuntamientos que entran en esos parámetros reciben la cesión de la recaudación del Impuesto sobre Hidrocarburos y del de Labores del Tabaco en su territorio, pudiendo participar en la recaudación de los tributos del Estado.
“No pedimos privilegios, sino equidad”, reivindica Lesmes, que pertenece al PP. “Necesitamos un nuevo modelo de financiación que reconozca los millones de turistas que acogemos y los que prestamos servicio”, agrega la alcaldesa de Arona, que mantuvo una reunión con la Secretaría de Estado de Turismo en el marco de la última edición de Fitur para negociar la redefinición del concepto de municipio turístico. Un portavoz de Ministerio de Industria y Turismo confirma que es uno de los ejes de la Estrategia Sostenible de Turismo 2030 y que esa modificación, a falta del desarollo legislativo, ya está pactada con Hacienda.
Eugenio Reyes, secretario general de la Federación Ecologista Ben Magec de Canarias, acusa a los ayuntamientos del archipiélago de estar en una permanente posición suicida. “Se quejan de que hay muchos turistas, pero luego especulan con el suelo y cobran comisiones millonarias. Se han convertido en inmobiliarias para aprobar planes urbanísticos”, resalta.
En opinión de Reyes, la mitigación del impacto negativo del turismo pasa obligatoriamente por la implantación de dos medidas. La primera sería el cobro de una tasa por viajero, similar a la que se cobra en Baleares o Cataluña, aunque con una diferencia fundamental: “Una tasa turística solo debe servir para corregir el impacto social y ambiental del turismo. Lo que no tiene sentido es que, como ocurre en Cataluña o Baleares, se destine a la promoción para tratar de atraer más visitantes cuando lo que queremos es justamente lo contrario”. La segunda pasaría por la gestión de los flujos turísticos. “Es necesario evaluar la capacidad de carga de cada territorio. El gran error conceptual de cómo se percibe el turismo es que es considerado como una industria en la que se intercambia mercancía que genera plusvalías cuando en realidad es una actividad en la que se ven implicadas personas, tanto vecinos como viajeros. Y ese error en la manera de enfocar tiene consecuencias nefastas, al convertirlo una actividad que debería ser sostenible en otra meramente extractiva de renta”, explica el líder ecologista.
La propuesta alternativa que maneja la Alianza de Municipios de Sol y Playa para cambiar la regulación vigente desde 2004 establece dos grandes criterios para que los municipios sean considerados turísticos y, por lo tanto, puedan acceder a financiación pública para costear sus servicios básicos. En primer lugar, que no sean capitales de provincia o comunidad autónoma y que tengan una población de más de 10.000 y menos de 100.000 habitantes. Y posteriormente amplía los supuestos para que se vean beneficiados más municipios en el caso del tercer requisito, ya que lo cumplirán aquellos que encajen en una de tres condiciones: que el número de segundas residencias sea mayor que el de las viviendas principales, contar con más de cuatro millones de pernoctaciones al año o que el número de plazas de alojamiento sea superior al 50% de la población residente.
Lesmes destaca que el crecimiento exponencial del turismo en Arona ha generado malestar entre los vecinos por la falta de vivienda y por el menor gasto en seguridad y limpieza en otras zonas en favor de las que están colonizadas por el turismo extranjero. “Esta selección perjudica el servicio en ciertas zonas, lo que hace que la población local sea perjudicada y que, al mismo tiempo, sea consciente de que es necesaria más recursos”, asegura.
Un informe sobre Competitividad Turística elaborado recientemente por Exceltur, la organización que integra a 30 de las empresas más representativas de la industria turística, como Meliá, Riu, Renfe, Iberia o Palladium, abunda en esa denuncia de infrafinanciación. El texto destaca que los grandes municipios de sol y playa cuentan con una dotación presupuestaria que es un 20,6% inferior a la de la media de los municipios españoles y pone el foco a los 20 destinos más visitados en España. Estos acogen al 41,5% de los viajeros y al 35,4% de los hoteles y apartamentos turísticos, y cuentan con un presupuesto medio municipal de 8,9 millones de euros por ejercicio. “Esta situación de infrafinanciación es uno de los principales factores que puede afectar a su competitividad futura”, señala Óscar Perelli, vicepresidente ejecutivo de Exceltur.
