La compra de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) por parte de Indra se complica. Fuentes conocedoras de las conversaciones aseguran que el Gobierno ve ahora “más lejana” esta operación, que daría un impulso decisivo a Indra en su estrategia de convertirse en el campeón nacional en vehículos militares terrestres que ansía el Gobierno. El principal problema radica en el conflicto de intereses que supone que Indra compre la empresa de su propio presidente y que ahora dirige su hermano, Javier Escribano, quien también se sienta en el consejo de administración de Indra.
Si bien la tecnológica ha apartado a los dos Escribano de las conversaciones relativas a la operación, dejándola en manos de su CEO, José Vicente de los Mozos, el Estado, que cuenta con tres consejeros dominicales (Juan Moscoso, Antonio Cuevas y Miguel Sebastián) en el consejo de Indra, ve esta operación como “problemática”. Preguntado por este medio, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que canaliza la inversión pública al poseer un 29% del capital, ha declinado hacer comentarios. Fuentes de Indra aseguran desconocer las intenciones del Gobierno y sostienen que la operación sigue adelante, con la mira puesta en el comienzo de la primavera.
Será entonces cuando las cuentas anuales de ambas compañías estén auditadas y se pueda hacer una valoración precisa de EM&E, la cual se situaría entre los 1.000 y los 2.000 millones tras el bum del sector de la defensa en Europa. Esperar a la auditoría de las cuentas fue una petición expresa de la SEPI, lo que de por sí ha alargado los tiempos de una operación que saltó a los medios en abril del año pasado, cuando se conoció el interés de Indra.
Hace poco más de un mes, el consejo de la tecnológica avaló por unanimidad —lo que significa que recibió el visto bueno de la SEPI— la compra de EM&E, ya que “es coherente con la estrategia de Indra”. “El informe de la comisión ad hoc relativo al encaje estratégico ha sido elaborado a la vista del análisis realizado por el equipo directivo de Indra y tras considerar las aportaciones y conclusiones de Renaissance Strategic Advisors y Oliver Wyman, los asesores externos de la compañía y de la comisión”, dijo la compañía en un hecho relevante el pasado 10 de diciembre.
Fuentes conocedoras indican a este periódico que la votación simplemente “fue una patada para adelante”, ya que no significaba que la operación fuese a ser aprobada, y que la SEPI busca ahora reducir el ruido en torno a una compra “con tantas aristas”. Las acciones de Indra abrieron este lunes en positivo, con una subida en torno al 3%, pero luego cerraron con una caída del 2,15% en una jornada en la que El Confidencial adelantó que Moncloa estaba enfriando la operación.
La compra de EM&E es clave para Indra, ya que le permitiría obtener capacidades industriales inmediatas en el campo de los vehículos militares terrestres y torretas, algo de lo que carece —también se ha hecho con la planta de El Tallerón, en Gijón, que pertenecía a Duro Felguera— frente a su principal competidor nacional, Santa Bárbara, propiedad de la estadounidense General Dynamics.
Esta última se ha lanzado a la guerra contra Indra después de que esta se quedara, en una UTE (Unión Temporal de Empresas) con EM&E, los contratos por valor de 7.240 millones para hacer las nuevas artillerías móviles sobre cadenas y ruedas para el Ejército de Tierra. Indra defiende su proyecto en tanto cuenta con un horizonte temporal de varios años y entronca con el objetivo del Gobierno de desarrollar capacidades nacionales propias. De cara a futuro, Indra y Santa Bárbara pugnarán por otro contrato milmillonario, el de la modernización de los tanques Leopard.
