
La intervención del Gobierno en Indra, empresa de la que posee el 28% del capital a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), llegó este miércoles al desenlace que buscaba La Moncloa desde hace algunos meses: la dimisión de su presidente, Ángel Escribano. La empresa de defensa y tecnología paga un alto precio por el súbito cambio de parecer del Ejecutivo: por el camino se ha frustrado la fusión con EM&E, la empresa de la familia del presidente saliente, que ahora mantiene conversaciones que pueden llevarla a integrarse con la alemana Rheinmetall. En el último mes, las acciones de Indra (que habían ganado un 184% el pasado año, las más alcistas del Ibex) se han dejado un 22% de su valor, dado que el mercado apostaba por una fusión con EM&E que tenía todo el sentido industrial y aspiraba a crear el “campeón nacional de la defensa”, en palabras de los miembros del propio Gobierno. La SEPI argumentó el conflicto de intereses que afectaba a Escribano para pedir su salida, pero durante nueve meses apoyó sin expresar reserva alguna el plan ahora desbaratado.
Escribano tira la toalla después de resistir las presiones del Gobierno de Pedro Sánchez, agudizadas en los últimos días. Puede presumir de haber liderado una transformación de la compañía para convertirla en un actor relevante del sector de la defensa en un momento de gran necesidad para las Fuerzas Armadas, de rearme en toda Europa y de gran inestabilidad mundial. Ese legado no tiene que irse con él, pero se abren serias incógnitas, sin prejuzgar la labor que desarrolle quien le sustituya, en principio Ángel Simón, propuesto por la SEPI como nuevo presidente.
La intervención de la SEPI ha sido desafortunada, como tantas otras en empresas participadas por el Estado, que a menudo no han dado los resultados esperados. No se han explicado las razones por las que se trunca una hoja de ruta que conocía desde el principio la sociedad estatal y contaba con su apoyo en las votaciones del consejo. Se ha repetido el despropósito de citar a un ejecutivo de una sociedad cotizada en La Moncloa para comunicarle su cese, como se hizo con José María Álvarez-Pallete en Telefónica en enero de 2025, con la diferencia de que Escribano no cedió de inmediato. Las formas importan: la SEPI evitó llevar la disputa al consejo porque no tenía asegurados los apoyos.
Empieza otra etapa en Indra que tendrá que resolver las grandes incógnitas sobre la estrategia que seguirá la compañía, un pilar clave para la defensa española y para la autonomía estratégica europea.






























