El Ministerio de Vivienda ha puesto en el punto de mira la nueva ley urbanística de la Comunidad de Madrid al considerar que abre la puerta a un modelo más próximo al mercado que al interés público. El departamento que dirige Isabel Rodríguez ha presentado alegaciones a una norma impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que, bajo el paraguas de la agilidad y la simplificación, introduce cambios de calado en el control del suelo y la planificación urbana. Según explica una nota del ministerio a la que ha tenido acceso este periódico, esas modificaciones abren la puerta a la “especulación”, a la “privatización del suelo” y a los “pelotazos urbanísticos”.
El anteproyecto de la ley líder —un término grandilocuente y con intención que procede del acrónimo de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región— fue presentado por el Ejecutivo madrileño como una reforma integral del urbanismo destinada a sustituir la normativa vigente desde hace más de dos décadas y “agilizar” la planificación territorial gracias a la iniciativa privada, entre otras fórmulas. El texto fue sometido al trámite de audiencia e información pública a comienzos del pasado mes de marzo y, con el plazo ya cerrado, ha recibido objeciones de organizaciones como el PSOE madrileño, Más Madrid, Ecologistas en Acción y, también, del propio Gobierno central a través del ministerio. La Comunidad de Madrid no está obligada a aceptar esas alegaciones. Su recorrido dependerá de lo que decida el Ejecutivo regional.
Entre las principales críticas del departamento que dirige Rodríguez se encuentra la puesta en marcha de un sistema de gestión a dos velocidades. El anteproyecto de ley de Madrid, que previsiblemente se aprobará sin mayores problemas durante este año dada la mayoría absoluta del PP, consolida el papel de las Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECU), unos organismos privados que podrán intervenir tanto en la tramitación como en la supervisión de las licencias. En la práctica, advierte el Ministerio de Vivienda, esto se traduce en una suerte de canal rápido y fluido, pero de pago, para quienes puedan permitírselo, frente a un circuito público que no se refuerza y corre el riesgo de quedar relegado a segundo plano. La consecuencia, según las conclusiones del Gobierno, es un desplazamiento progresivo de la gestión pública hacia operadores privados, con las dudas de imparcialidad que ello puede acarrear.
Otro de los puntos más controvertidos de la norma es la posibilidad, en casos muy concretos, de salvar irregularidades urbanísticas mediante el pago de sanciones, evitando la posterior demolición del inmueble en cuestión. Según denuncia el ministerio, quien tenga dinero suficiente podrá cometer una ilegalidad, abonar la infracción correspondiente y no verse obligado a demoler después la construcción. Este mecanismo podría incentivar prácticas especulativas al abrir la puerta a que determinadas infracciones se integren en el coste de las operaciones inmobiliarias. Es un escenario que permite “a los grandes fondos o promotores realizar cálculos descontando el pago de esta infracción para hacer rentable su inversión”, explican las mismas fuentes.
En este sentido, la regulación que propone Madrid prioriza la monetización frente a la restitución física de la legalidad, permitiendo sustituir la demolición por indemnizaciones económicas en ciertos casos. Esto, creen en el ministerio, unido a la falta de recursos de la Administración para ejecutar demoliciones, puede incentivar el incumplimiento urbanístico, ya que los infractores podrían considerar rentable pagar una multa en lugar de respetar la normativa.
La norma también plantea una redistribución del poder urbanístico que no ha pasado desapercibida ni para los partidos de la oposición en la región ni para el Gobierno central. La Comunidad de Madrid se reserva la posibilidad de asumir funciones de ordenación y ejecución sin necesidad de justificar un interés regional, lo que, a juicio de Vivienda, supone una invasión de competencias y un golpe a la autonomía municipal. Los ayuntamientos, hasta ahora actores clave por su cercanía al territorio, verían así reducida su capacidad de decisión en favor de la Administración autonómica.
Desarrollo disperso
A esto se suma la flexibilización de las exigencias sobre suelo dotacional ―terrenos calificados para uso público―, especialmente en municipios pequeños, donde se abre la puerta a sustituir equipamientos como escuelas, centros de salud o zonas verdes por compensaciones económicas. Una medida que, bajo la lógica de “agilizar” la gestión, podría traducirse en menos suelo destinado a servicios esenciales.
El anteproyecto, denuncia el ministerio, también amplía los usos permitidos en suelo rural no protegido, incluyendo la construcción de viviendas unifamiliares aisladas. Un movimiento que, en su opinión, reproduce modelos ya vistos en comunidades como Baleares y que puede favorecer dinámicas de desarrollo disperso y difícilmente sostenibles. Se trata, asegura, de un auténtico “pelotazo urbanístico” en suelo rural.
El anteproyecto de ley, con más de 300 páginas, derogará la ley del Suelo de 2001 y la de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo. El objetivo, explica la exposición de motivos de la norma, es dar respuesta a las necesidades y retos de la Comunidad de Madrid, especialmente en materia de vivienda y despliegue de infraestructuras. El Gobierno de Díaz Ayuso justifica la medida por la necesidad de adaptar la región al rápido crecimiento de la población y a la fuerte demanda residencial, y asegura que la colaboración público-privada se ha convertido en la fórmula “más eficaz y ágil” en la gestión y ejecución.
