El Gobierno ha aprobado en una disposición adicional publicada este miércoles 24 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una nueva prórroga que permite a las empresas españolas ganar tiempo frente a sus deudas tras la tragedia del coronavirus en 2020. La medida estrella es la extensión de la suspensión de la causa de disolución por pérdidas, lo que evitará el cierre legal de miles de compañías que aún arrastran el impacto financiero de la pandemia.
Gracias a esta disposición adicional cuarta, las pérdidas sufridas durante los años 2020 y 2021 por efecto del Covid seguirán sin computar a efectos de disolución durante todo el ejercicio 2026. Bajo la normativa ordinaria (Ley de Sociedades de Capital), cualquier empresa cuyo patrimonio neto caiga por debajo de la mitad de su capital social debe cerrar o sanear sus cuentas. Con esta prórroga, ese agujero contable de la pandemia queda congelado un año más.
El Ejecutivo justifica la urgencia de la medida ante la inminente expiración de los plazos anteriores. Según el texto legal, el objetivo es permitir que las empresas que son “viables” puedan absorber estas pérdidas de carácter extraordinario en un “tiempo prudencial”, evitando que una regla contable fuerce su desaparición prematura.
A pesar de este respiro, la norma establece límites claros para evitar que empresas zombis o inviables sigan operando, bajo la premisa de que no todo vale. En este sentido, las pérdidas generadas entre los años 2022 y 2026 sí se mantienen plenamente vigentes en el cómputo, de modo que si una compañía entra en desequilibrio financiero debido a estos resultados recientes, no podrá acogerse al perdón del Covid.
Asimismo, si al excluir los años de pandemia la empresa sigue en causa de disolución tras el cierre de 2025 o 2026, los administradores mantendrán la obligación legal de convocar una junta de socios en un plazo máximo de dos meses para proceder a la liquidación de la sociedad o a una ampliación de capital que sanee las cuentas.
La medida ha sido recibida como un alivio necesario por los sectores más castigados, que aún no han recuperado los niveles de solvencia previos a 2020. Al prorrogar estos efectos hasta el cierre del ejercicio que se inicie en 2026, el Gobierno busca proteger el empleo y la estabilidad económica, permitiendo que la recuperación de beneficios de las compañías sanee los balances de forma gradual.
Con esta publicación en el BOE, los administradores de fincas y responsables financieros tendrán un margen de maniobra crucial para diseñar sus estrategias de cierre de año sin la presión de una disolución automática en el horizonte inmediato.
Financiación de las CC AA
Asimismo, el BOE publica este miércoles un Real Decreto-Ley ómnibus para evitar que decaigan muchas de las exenciones fiscales y prórrogas de ayudas directas tenían como fecha límite el 31 de diciembre de 2025. Al no haber nuevos Presupuestos Generales para 2026, el Gobierno ha agrupado todas las urgencias en un solo texto legal para garantizar que los afectados no dejen de percibir apoyo el 1 de enero.
Entre las materias que legisla ese decreto está la garantía de la estabilidad financiera de las Comunidades Autónomas para el próximo ejercicio. Ante la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2026, el Ejecutivo ha decidido prorrogar las entregas a cuenta utilizando como referencia la financiación establecida en el Real Decreto-ley 6/2025, de 17 de junio, en lugar de basarse en los presupuestos prorrogados de años anteriores.
Esta medida extraordinaria tiene como objetivo prioritario evitar que las regiones sufran una pérdida de recursos derivada de la prórroga presupuestaria general, asegurando que reciban una financiación elevada y similar a la de 2025 para mantener la calidad de sus servicios públicos esenciales.
La normativa establece que esta prórroga es de carácter provisional, ya que el Gobierno prepara una actualización definitiva para 2026 que volverá a aumentar significativamente las partidas destinadas a las autonomías, alcanzando cifras récord. Además de blindar los fondos regionales, el Real Decreto-Ley publicado este 24 de diciembre incluye otras medidas fiscales de relevancia, como la extensión de los límites para la tributación por módulos del IRPF que beneficia a los trabajadores autónomos. La decisión del Ejecutivo permite que las Comunidades Autónomas mantengan su capacidad económica sin fisuras mientras se prepara el terreno para el nuevo marco de financiación que entrará en vigor el próximo año.
Asimismo, el texto legal garantiza la continuidad de las ayudas destinadas a los afectados por incendios forestales y por la DANA, reforzando el apoyo estatal en situaciones de emergencia.
