El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles una serie de disposiciones adicionales que regulan las retribuciones de las compañías eléctricas en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla para el tercer periodo regulatorio, que comprende los años 2026 a 2031. Según el texto oficial, la tasa de retribución financiera para la actividad de producción en estos sistemas se ha fijado en el 6,58%, una cifra calculada en base a la Ley del Sector Eléctrico y que busca garantizar la estabilidad económica de las instalaciones que operan bajo el régimen retributivo adicional debido a las particularidades de estos territorios.
Esta tasa del 6,58% no es una cifra aislada para los territorios insulares puesto que coincide con la aprobada el pasado 22 de diciembre por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para las actividades de transporte y distribución en todo el territorio nacional. Al unificar esta rentabilidad, el regulador y el Gobierno establecen un marco financiero común que supone un incremento de un punto porcentual respecto al 5,58% vigente en el periodo anterior.
Este aumento responde a las demandas del sector para compensar el incremento de los costes de financiación y asegurar que España siga siendo un destino atractivo para las inversiones milmillonarias necesarias en la red eléctrica.
Esta decisión se enmarca en la necesidad de compensar el sobrecoste que supone generar electricidad en sistemas aislados y pequeños, donde no es posible aprovechar las economías de escala de la península. Históricamente, producir un megavatio-hora en Canarias o Baleares es significativamente más caro que hacerlo en el sistema peninsular interconectado debido, entre otros factores, a la dependencia de combustibles fósiles importados y al menor tamaño de las centrales. Este diferencial, conocido como “sobrecoste de la generación extrapeninsular”, es sufragado en un 50% a través de los Presupuestos Generales del Estado y el otro 50% mediante los peajes y cargos que pagan todos los consumidores en su factura de la luz, garantizando así que un ciudadano en Las Palmas o Palma de Mallorca pague lo mismo por la energía que uno en Madrid o Barcelona.
Como medida excepcional para el inicio de este ciclo, el Ministerio ha decidido ampliar hasta el 28 de febrero de 2026 el plazo para aprobar la orden ministerial que debe detallar todos los parámetros retributivos específicos. A pesar de este retraso administrativo, la normativa garantiza que los nuevos valores tendrán efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026. Para evitar tensiones de tesorería en las empresas del sector durante los primeros meses del año, se ha establecido que las instalaciones sigan percibiendo las liquidaciones actuales a cuenta, procediéndose a realizar los ajustes y regularizaciones pertinentes una vez que la orden definitiva entre en vigor.
La fijación de esta tasa del 6,58% llega en un momento de especial sensibilidad para el sector, marcado por la transición hacia un modelo energético más limpio. Los sistemas no peninsulares se consideran “laboratorios” para la transición energética, pero también presentan los mayores retos técnicos para la integración de renovables debido a la debilidad de sus redes. Un marco retributivo estable es fundamental para atraer las inversiones necesarias en almacenamiento —como el bombeo hidráulico o las baterías de gran escala— que permitan reducir la dependencia de las centrales térmicas convencionales que hoy todavía actúan como respaldo esencial.
Finalmente, el marco normativo refuerza la vigilancia sobre el coste de la energía en estos territorios mediante un mandato directo a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La CNMC deberá realizar evaluaciones periódicas, como mínimo cada tres años, sobre los sobrecostes de generación y las condiciones de suministro para los consumidores locales. Este análisis no solo buscará que el sistema funcione al mínimo coste posible, sino que también incluirá propuestas regulatorias para asegurar que los sistemas eléctricos de las islas y las ciudades autónomas cumplan con los objetivos nacionales de descarbonización.
