El estatuto del becario está un paso más cerca de enfrentarse al escrutinio del Congreso de los Diputados. El Consejo Económico y Social (CES) ha aprobado este viernes el dictamen sobre este anteproyecto de ley, que busca compensar los gastos de los estudiantes y limitar las prácticas extracurriculares (las que más precariedad concentran), paso previo necesario para que el texto vuelva al Consejo de Ministros por segunda vez.
El dictamen apenas entra a valorar el fondo del proyecto. Es lo suficientemente ambiguo como para haber sido aprobado por 47 votos a favor y uno en contra (el sindicato gallego CIG) en un organismo con más representantes patronales que sindicales, cuando CEOE y Cepyme rechazan esta normativa. Sí es concreto al criticar que el Gobierno apenas haya cuantificado el impacto económico del proyecto y que no contemple una red de apoyo para las pymes.
“El CES valora positivamente la presentación de una iniciativa reguladora de la formación práctica no laboral en una norma de rango legal […] para establecer el régimen jurídico de garantías, derechos y obligaciones de las partes“, indica el dictamen. Es decir, el organismo aplaude que el Gobierno intente ordenar las prácticas, pero no entra a valorar la conveniencia del contenido. De ahí que ese apartado del dictamen finalice con la siguiente reflexión: “Las organizaciones representadas en el CES no han llegado a un consenso acerca del objeto, el ámbito de aplicación y régimen sancionador que establece el anteproyecto de ley sometido a dictamen”.
El texto fue pactado por los sindicatos y el Ministerio de Trabajo en junio de 2023, pero el rechazo de patronales, rectores universitarios y, sobre todo, de la parte socialista del Gobierno (que inicialmente dijo que el proyecto estaba “verde” y que le faltaba “trabajo técnico”) ha retrasado los plazos de esta normativa. No llegó al Consejo de Ministros hasta el 4 de noviembre del año pasado, dos años y medio después de su presentación en sociedad. El proyecto tiene muy pocas opciones de prosperar en el Congreso.
Tras conocer el dictamen, Trabajo indica a este periódico que lo está analizando e interpreta que el CES “valora positivamente la iniciativa de establecer una regulación legal que ponga fin a la dispersión de normas actual y que considera que la formación práctica no laboral objeto de la norma es una palanca estratégica del empleo”. El sindicato UGT opina que el CES “reconoce el estatuto del becario como vía para poner fin a la precariedad y al fraude en las prácticas”.
Críticas económicas
La oposición empresarial, como ya sucedió con la reducción de jornada, complicaba muchísimo las posibilidad de que este dictamen del CES resultase favorable a esta normativa. En el ámbito económico el dictamen es particularmente crítico: “El CES echa de menos estimaciones sólidas sobre algunos datos, básicos para determinar esa viabilidad y la repercusión macroeconómica de lo dispuesto en el anteproyecto”.
El organismo dice que “es importante estimar tanto el volumen y el flujo periódico de personas que cursarán las prácticas no laborales aquí reguladas como el número de empresas necesarias para atender a ellos”, cifras que echa en falta. Va más allá al señalar que la memoria de análisis de impacto normativo (MAIN) del proyecto tiene “carencias e insuficiencias […] en especial en su vertiente económica y organizativa”.
Pese a estos problemas, el CES opina que “el refuerzo de la planificación y del seguimiento formativo mejorará la calidad del sistema”, pero a la vez matiza: “Necesariamente conlleva una complejidad administrativa significativa, por la necesidad de celebrar acuerdos formales detallados entre centros formativo y empresas”. El CES cree que “en las pymes estos costes y cargas no siempre pueden absorberse con facilidad, especialmente en sectores de bajo margen o en territorios con menor densidad empresarial”.
“Ello requiere”, en opinión del CES, “reforzar y aclarar, ya en la ley, que las ayudas y compensaciones serán suficientes, estables y de acceso ágil, evitando que queden condicionadas a una excesiva carga administrativa y a una mayor complejidad en la gestión”. El organismo también recomienda “minimizar el retraimiento de las pequeñas empresas a participar en el sistema, el desarrollo de modelos simplificados, herramientas comunes y procedimientos homogéneos, coordinados a nivel autonómico”.
El CES insiste en estas ideas al afirmar que “hay elementos que, aun siendo socialmente justificados, tienen un impacto económico claro, desde la compensación mínima a las personas en formación de los gastos vinculados a la realización de las prácticas a los costes derivados del tiempo efectivo de tutorización y que la MAIN tampoco valora”.
La falta de consenso entre sindicatos y patronales también se hace palpable en el apartado dedicado a la tutorización de las prácticas. “En relación con las ratios y límites establecidos en el anteproyecto normativo sometido a dictamen, las organizaciones empresariales que integran el CES consideran necesario introducir elementos de graduación en las ratios de personas en formación y por tutor”, indican las empresas, para a renglón seguido señalar: “Las organizaciones sindicales que forman parte del CES, por su parte, entienden que los límites establecidos en dicho anteproyecto constituyen elementos nucleares para garantizar la calidad de la formación práctica en entornos laborales”.
