El private equity es desde hace años uno de los grandes impulsores de las operaciones corporativas en España. Las grandes firmas estadounidenses, como Blackstone, KKR, Apollo, o europeas, como EQT, CVC, Ardian o Cinven, son las que pilotan las grandes compras. Pero las sociedades de capital riesgo (SCR) creadas por familias adineradas, cuyo número se ha quintuplicado desde 2018, cada vez tienen más peso en estas operaciones, en las que se les reserva hasta el 20% del importe de la operación; incluso hay adquisiciones diseñadas en exclusiva para este segmento.
El patrimonio de las SCR españolas se ha cuadruplicado hasta superar los 50.000 millones de euros en los últimos 12 años, lo que ha propulsado sus necesidades de inversión, con gestores ávidos de encontrar oportunidades para ese dinero. Las grandes fortunas siempre han participado en transacciones patrias, pero ahora es muy habitual que aparezcan en compras grandes y con mayores importes. Juan Luis Muñoz, managing director de Houlihan Lokey en España, señala que su presencia en adquisiciones de gran tamaño es cada vez más habitual. “En muchos casos, han creado sociedades de capital riesgo al calor de las ventajas fiscales que suponen en el Impuesto sobre el Patrimonio y tienen la necesidad de invertir el dinero”, añade.
Los ejemplos recientes son numerosos. La compra del 29,7% de Talgo por un consorcio liderado por el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, implicó la entrada de este último a través de su family office Clerbil, del que pende la SCR Hagane Capital. En Palacios Alimentación entraron JB Capital, la firma inversora fundada por Javier Botín, que lideró un grupo en el que también entraron la sociedad Ion-Ion, de Jon Riberas, Guadalmar, el family office de los Sainz de Vicuña –familia que llevó la Coca-Cola a la península Ibérica–, y Label Investments, de Alexandre Pierron-Darbonne, expresidente y fundador del gigante viverista Planasa.
No son las únicas operaciones de los últimos meses en las que los vehículos de inversiones familiares han participado en compras de empresas. Así se ahorran las comisiones que pagarían a los sponsors (los grandes grupos de private equity) por invertir en los correspondientes fondos con los que adquieren las participaciones. Otro ejemplo paradigmático es el papel jugado por las familias fundadoras en la compra de la cadena de supermercados Uvesco (dueña de BM Supermercados y Super Amara) a la gestora francesa PAI Partners. Representadas por Ángel Fernández de Barrena y Eulogio Sánchez, retendrán más del 20% del grupo en el consorcio liderado por su consejero delegado, Ángel Jareño.
En las últimas operaciones se les está asignando cada vez más importancia, con participaciones minoritarias relevantes; de un lado, invierte el fondo de la gestora de capital riesgo correspondiente y, de otro, los coinversores. A estos se les reserva un porcentaje creciente de la operación a través de departamentos de banca privada, especialmente de los que se encargan de tutelar los patrimonios de los ultrarricos (Ultra High Net Worth o UHNW, en la jerga), habitualmente calificados como tales cuando sus patrimonios superan los 30 millones de euros.
El nivel más avanzado en cuanto a la participación de las familias en compras de empresas es el de los club deals. Con este modelo, las familias no entran con una participación minoritaria en una operación cocinada por un fondo de private equity de gran tamaño, sino que se crean operaciones ad hoc para ellas. Carlos Paramés, managing director de Houlihan Lokey en España, explica que “los club deals –en los que un grupo limitado de inversores participa para adquirir una compañía– son una fórmula cada vez más habitual». Estos inversores, en muchos casos familias, compran de manera conjunta una empresa y esto les aporta mayor flexibilidad, ventajas fiscales y capacidad de influir directamente en la compañía invertida, aclara el directivo.
Para ilustrar cómo funciona un club deal está Somos Hijolusa, el grupo que integra las firmas Patatas Hijolusa, Agrícola Villena y Natuber. La empresa, dedicada principalmente al cultivo, selección, envasado y comercialización de patatas y de hortalizas, fue adquirida por la gestora española de private equity ProA en 2021 con la compra de un 50%.
Hace cinco meses, ProA vendió el 25% del capital a cuatro grandes familias, que compraron a través de sus respectivos vehículos. Fueron Mendibea 2002, perteneciente a la familia Comenge, ligada a Coca-Cola Europacific Partners y accionista de Ebro, entre otras empresas; Onchena, el brazo inversor de la familia Ybarra Careaga, con participaciones en Elecnor, Ecoener, Reig Jofre, Iberpapel, Vocento y en la empresa cotizada en BME Growth Making Science; Llapan, del empresario peruano Carlos Añaños, fundador de la multinacional de bebidas Aje, con presencia en veintiocho países de Latinoamérica, Asia y África; y Anémona, el vehículo de Pablo Arnús, accionista de Izertis y expresidente de Amara NZero.
El número se dispara
El fenómeno de la inversión en private equity por las grandes fortunas se ha acelerado desde 2022, cuando el Gobierno invalidó las sociedades de inversión de capital variable (sicavs) como vehículos aptos para que los grandes patrimonios gestionaran su patrimonio financiero. También el creciente atractivo de los activos no cotizados ha sido un motor de las SCR, cuyo número se ha disparado hasta las 550 registradas en la CNMV frente a las poco más de 100 de cierre de 2017.
El ahorro fiscal es otra clave en el surgimiento de estas firmas. Para grandes fortunas (aquellas con un patrimonio de más de 10,7 millones de euros), el Impuesto sobre el Patrimonio grava un 3,5% de los activos (es decir, al menos 375.000 euros). Pero los activos dentro de una sociedad de capital riesgo pueden librarse del pago sin que el inversor pierda el control sobre la gestión.
El número de familias de rancio abolengo que han creado una o varias SCR es elevado. Algunos ejemplos son Tuiga Capital y Schuls (de los Puig), Pefarval (de los Daurella, históricos dueños de la embotelladora de Coca-Cola en Europa), Mulenbekia (de los Carulla, conocidos por Gallina Blanca) o Selemar Ventures (de la familia Esteve, que da nombre a la farmacéutica del mismo nombre), entre otras muchas SCR creadas por apellidos insignes.
Para obtener las ventajas fiscales, la ley exige que la empresa o el holding familiar se dedique a una actividad económica real; no puede ser simplemente una sociedad que gestiona un patrimonio. La clave está en el 5%, el porcentaje mínimo que tiene que controlar el family office de la sociedad, que además ha de cumplir con los requisitos para tributar en el régimen de empresa familiar y que la exime de pagar el Impuesto de Patrimonio. Al menos un 60% de las inversiones de esos vehículos tienen que destinarse a capital riesgo.
