La detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sus dos hermanos y ocho personas más, en el caso Goleada, alteró el debate en la Asamblea Nacional, desplazando momentáneamente la preocupación de los correístas y oficialistas por el desenlace del juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy.
Dentro del proceso de juicio político contra Mario Godoy, que se sustancia en la Comisión de Fiscalización, este martes 10 de febrero de 2026 concluyó la etapa de actuación de pruebas luego de que no comparecieran los últimos testigos convocados por los proponentes del juicio. La mesa legislativa tiene cinco días para elaborar el informe, aunque la vicepresidenta de la Comisión, Ana Belén Tapia (ADN), y el legislador José Nango (antes de PK, hoy aliado de ADN) anticiparon que se pedirá una prórroga de cinco días para presentar el informe.
En los pasillos de la legislatura nadie se refirió al juicio a Godoy, todos se volcaron a la detención del alcalde de Guayaquil y los posibles escenarios políticos.
Desde el correísmo, los legisladores Viviana Veloz, Juan Andrés González y Raúl Chávez sostuvieron que las operaciones inusuales del Gobierno, tanto en el encargo de la presidencia del Consejo de la Judicatura a un vocal proveniente de la terna del Ejecutivo como en la detención de Aquiles Alvarez, estarían conectadas y tendrían la intención de desviar la atención y el debate en torno a la censura y destitución de Mario Godoy.
González, acompañado de un grupo de legisladores de la RC, reaccionó con indignación a lo sucedido con el alcalde de Guayaquil y aseguró que Ecuador es una dictadura, porque el Ejecutivo tiene secuestradas a todas las instituciones del Estado, y porque entre “gallos y medianoche” nombran a Damián Larco, presidente de la Judicatura, y con ello protegen a Mario Godoy, quien debe enfrentar un juicio político.
El asambleísta González a nombre del bloque presentó su solidaridad con el alcalde Alvarez, quien “hoy es preso de la persecución política” y llamó a la ciudadanía a reaccionar frente a las decisiones tomadas.
Veloz, en cambio, afirmó que lo sucedido al alcalde de Guayaquil obedece a una persecución política, porque el Gobierno de Daniel Noboa pretende silenciar las voces críticas y a todos los que no se someten. Todo esto constituye una “cortina de humo” para tapar el secuestro del Consejo de la Judicatura en la madrugada de este martes 10 de febrero.
“La bancada de la Revolución Ciudadana, que respalda a Aquiles Alvarez, lo acompañaremos durante todo el proceso, un proceso forjado, sin pruebas y sin elementos de convicción, pues allanan a un alcalde de Guayaquil para someterlo al escarnio público”, puntualizó Veloz.
El asambleísta José Nango, electo por Pachakutik y actualmente integrante de la bancada de ADN, afirmó que la acción contra Alvarez no responde a motivaciones políticas, sino a un proceso judicial que se investiga desde hace tiempo.
Nango también descartó que la detención de Alvarez sea una cortina de humo frente a la actuación del Consejo de la Judicatura, que encargó la presidencia de ese organismo a Damián Larco tras conocerse el pedido de licencia sin sueldo de Mario Godoy.
Por su parte, Sergio Peña (ADN) comentó que el caso de Aquiles Alvarez tiene larga data y que es uno de los pocos procesos que han salido a la luz, aunque advirtió que existirían más casos, sin precisar detalles. Llamó la atención sobre el hecho de que el alcalde no portara el grillete electrónico dispuesto por un juez dentro del denominado caso Triple A. En ese contexto, sostuvo que no se trata de una retaliación política de ADN contra el alcalde de Guayaquil, sino de un proceso judicial que deberá llegar hasta las últimas consecuencias.
El asambleísta Andrés Guschmer (ADN) calificó la detención como una noticia sorprendente e “ingratamente histórica”, al tratarse de la aprehensión del alcalde de Guayaquil. Indicó que, como parte de la Asamblea Nacional, esperan información oficial y que el proceso judicial respete el debido proceso.
Añadió que muchas de las respuestas sobre lo sucedido deberán ser dadas por los asambleístas de la Revolución Ciudadana, a quienes calificó como amigos cercanos de Alvarez, para que expliquen qué hacía el alcalde sin grillete electrónico y con bolsas que contenían dólares en efectivo. Según Guschmer, esas respuestas deberá darlas la gente de la RC.
La asambleísta Mariana Yumbay, del movimiento Pachakutik, cuestionó que los casos que involucran a opositores del Gobierno avancen con gran celeridad, mientras que otros procesos permanecen estancados.
Refutó que el presidente encargado de la Judicatura sea una persona cercana al Gobierno y recordó que, en su momento, habría perdonado más de $ 78 millones en impuestos al círculo familiar del primer mandatario. A esto se suma, dijo, la sobreprotección que la Comisión de Fiscalización estaría otorgando a Mario Godoy, lo que deja a la Asamblea Nacional prácticamente atada a la agenda que define el Gobierno.
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