Al menos cuatro audiencias de evaluación y preparatoria de juicio, cuatro de juzgamiento y ocho apelaciones a sentencias de primer nivel son las diligencias que deberán resolverse en 2026 en torno a casos penales de alto perfil nacional debido a los funcionarios y exfuncionarios públicos que han sido procesados, los delitos cometidos y las instancias en las que se dieron las infracciones penales.
