El Ministerio de Consumo ha advertido este martes sobre un incremento en el número de denuncias que ha recibido por la subida excepcional de los precios de transporte alternativo a las rutas ferroviarias suspendidas por el accidente de tren en Adamuz (Córdoba). El ministerio interpreta esta situación como una señal de alarma que refuerza la necesidad de hacer leyes más restrictivas que impidan prácticas abusivas cuando la demanda se dispara por causas imprevistas, lo que se denomina como precios dinámicos.
Ante las denuncias recibidas en las últimas horas, el ministerio recuerda que las personas que tienen un viaje contratado tienen derecho a que la compañía operadora de su viaje le facilite un transporte alternativo para continuar el viaje lo antes posible, o en una fecha posterior que convenga al viajero, sin coste adicional. En caso de que las operadoras no ofrezcan esta alternativa de transporte y las personas se desplacen con medios propios, se tiene derecho al reembolso de los gastos “razonables” en los que se incurra y recomienda guardar los comprobantes de gastos.
En caso de que se renuncie al viaje, la empresa deberá devolver íntegramente el precio del billete en un plazo máximo de treinta días desde la solicitud de reintegro. Los usuarios tienen hasta tres meses para pedir el reembolso a las compañías operadoras, y deberá hacerse directamente con Renfe, Ouigo o Iryo. Las tres empresas tienen un formulario en su página web oficial.
El ministerio que dirige Pablo Bustinduy insiste en que se está trabajando en una normativa que prohíba este tipo de prácticas abusivas en el futuro. La regulación fue incluida en la última versión del Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, de diciembre de 2025, que actualmente se encuentra pendiente de aprobación en el Consejo de Ministros. La nueva normativa obligaría a las empresas a informar de antemano sobre la previsión en la evolución dinámica de los precios. Es decir, que no podrían superar los precios anunciados antes de la fecha.
Coyuntura dolorosa
La advertencia de Consumo se produce en paralelo a la petición hecha este martes por parte de Sumar a las empresas proveedoras de transporte para pedirles que no aprovechen una coyuntura “urgente y dolorosa” como la provocada por el accidente de Adamuz para incrementar el precio de sus servicios. “En contextos como este se mide la altura moral y la responsabilidad social de aquellas empresas que operan servicios esenciales, especialmente cuando la ciudadanía se ve obligada a depender de ellos”, señala el texto remitido por el grupo parlamentario.
Por su parte, la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) insiste en que hay que ejercer un mayor control en la fijación de precios y prohibir su incremento en determinados contextos, como el provocado por el accidente ferroviario. En su opinión, la iniciativa impulsada por Sumar para poner coto a los precios dinámicos sería un paso más a favor de los consumidores, pues los protegería “del uso de patrones oscuros y algoritmos opacos” que terminan por vulnerar “el derecho a una información transparente durante sus procesos de compra”.
Algunas empresas ya han respondido a este llamamiento. Iberia ha anunciado una rebaja del precio máximo de sus billetes entre Madrid y Andalucía, que pasa de 150 a 99 euros por trayecto en clase turista, y un aumento del 57% en la oferta de asientos, con más de 6.300 plazas adicionales hasta el domingo. La compañía justifica la medida por la previsión de que los problemas ferroviarios se prolonguen y asegura que el tope de precios se mantendrá, al menos, hasta el próximo 2 de febrero. Además, insiste en que ha reforzado frecuencias y capacidad en rutas como Sevilla y Málaga, incorporando aviones de mayor tamaño.
