La amenaza de la cesación rodea a los miembros de la comisión ciudadana que realiza el concurso público para la renovación de dos vocales principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) por haber “sobrepasado sus atribuciones” y no acatar las sugerencias de un equipo de asesores de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
El pleno del Consejo de Participación Ciudadana concedió diez días término para que la comisión ciudadana cumpla con una serie de acciones para escoger a los catedráticos universitarios que elaborarán el examen escrito y práctico para los 162 postulantes a ocupar las dos vocalías del CNE.
En una plenaria de este 29 de abril de 2026, por mayoría de votos de los siete consejeros se ordenó a los comisionados tres acciones: que remitan a un equipo de apoyo técnico la documentación de los catedráticos nominados por las universidades para revisar que no estén incursos en prohibiciones e inhabilidades.
Que en el caso de que haya documentación incompleta o insuficiente de los docentes, soliciten a las universidades que completen la información a través de la presidencia del CPCCS y que se exija a los catedráticos que presenten la información en el formato único de declaración juramentada.
Si los comisionados no cumplen con estas disposiciones dentro de los siguientes diez días, el CPCCS podrá activar las causales del artículo 38 del reglamento que rige a la comisión, sobre la cesación de funciones.
Hay cinco formas de cesar a los comisionados y la quinta de ellas es por resolución motivada del Consejo que determine el incumplimiento de sus deberes y obligaciones.
Esto ocurrió luego que la comisión ciudadana habilitó a 19 profesores universitarios para que elaboren un cuestionario de más de 400 preguntas para el examen escrito en siete materias y los casos prácticos para resolución de los 162 aspirantes.
Estos maestros fueron seleccionados, pese a que el equipo técnico (que lo conforman siete asesores y funcionarios de confianza de los consejeros de Participación Ciudadana) emitió un informe que concluía que “ninguno” de los docentes cumplían con los requisitos o había información incompleta.
Sin embargo, los comisionados hicieron su propio informe de admisibilidad y calificaron a 19 y pidieron al CPCCS que contrate un notario para que dé fe de un sorteo público en el cual se escogería a siete maestros principales y sus suplentes.
Simultáneamente convocaron a rendir el examen a los 162 concursantes el 27 de abril pasado, que no se llevó a cabo, porque el Consejo de Participación no contrató al notario.
Los consejeros pidieron al departamento legal un análisis de las actuaciones de los comisionados, que concluyó que ellos pudieron haber “sobrepasado sus atribuciones” y “configurar un vicio de procedimiento susceptible de generar la nulidad de los actos administrativos adoptados”, recoge el documento.
Días atrás, durante una sesión, los comisionados aclararon que se someterán a todas las disposiciones que dicte el CPCCS; aunque, los representantes de la ciudadanía reclamaron que desde que asumieron funciones no han recibido sus remuneraciones.
Este concurso es para elegir a dos vocales principales y dos suplentes del CNE y desde el 2023 no sobrepasa la fase de elaboración del examen escrito y oral, mientras se mantienen en funciones prorrogadas los actuales consejeros electorales, bajo la administración de Diana Atamaint, quien ocupa esa dignidad por los últimos ocho años. (I)
