Sin establecer responsabilidades políticas a autoridades públicas, la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional aprobó el informe de fiscalización a los contratos suscritos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) con las compañías Progen Industries y Austral Technical Management (ATM) para la provisión de generadores eléctricos para los proyectos Quevedo y El Salitral.
El documento de 80 páginas fue debatido y aprobado en la mesa parlamentaria presidida por la asambleísta de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN) Diana Jácome la noche de este viernes, 19 de diciembre.
En la sesión virtual hubo discrepancias entre el oficialismo y el correísmo.
Los asambleístas del oficialismo Diana Jácome, Jorge Chamba, Jorge Luis Guevara, Dominique Serrano e Isaac Solano, así como su aliado Edmundo Cerda, expulsado de Pachakutik, votaron a favor, mientras que los legisladores de la Revolución Ciudadana (RC) Blasco Luna, Germania Romero y Guido Mendoza votaron en contra tras criticar que el informe no determina responsabilidades y no aborda a profundidad los problemas con los contratos de Progen. Otto Vera, del partido Social Cristiano (PSC), votó en abstención.
Los asambleístas del correísmo presentaron observaciones al informe, que no fueron consideradas, y anticiparon que expondrán un informe de minoría. Los comisionados, junto con Otto Vera, solicitaron que la comisión se desarrolle de manera presencial y que también se insista en la comparecencia de los ministros Inés Manzano y Roberto Luque.
El texto de la Comisión de Transparencia tiene tres conclusiones, entre ellas que de las actuaciones ejecutadas en los procesos de contratación emergente para la generación de energía eléctrica en El Salitral, Quevedo y Esmeraldas no se desprenden actos u omisiones imputables a las autoridades públicas, previstas en el artículo 131 de la Constitución, que se configuren en un incumplimiento de funciones que sean susceptibles de responsabilidad política.
Asimismo, se determina que las actuaciones ejecutadas en los procesos de contratación fueron objeto de examen especial y se encuentran en la sede de la Contraloría General del Estado, que ya ha establecido responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal.
Además de que este caso se encuentra en investigación por parte de la Fiscalía, que es el órgano competente para impulsar la acción penal y recabar los elementos de convicción suficientes para alcanzar las sanciones que en derecho correspondan en materia penal.
De igual manera, el informe propone dos recomendaciones:
- Remitirlo a los organismos de control pertinentes para que, en el ámbito de sus competencias, ejecuten las acciones que en derecho correspondan respecto de los hechos evidenciados en los procesos de contratación emergente de El Salitral, Quevedo y Esmeraldas.
- Requerir que los organismos de investigación penal y control de responsabilidades administrativas y civiles culposas continúen con los procesos de investigaciones abiertas, identifiquen a los presuntos responsables, públicos y privados y ejecuten las acciones que correspondan para garantizar sanción a los responsables y la reparación al Estado.
El documento pasará a conocimiento y debate en el pleno de la Asamblea Nacional, previa convocatoria de su titular, Niels Olsen.
Sobre la fiscalización a Progen
El documento repasa los antecedentes de este caso, que se inició en marzo de 2025 con pedidos de información al exgerente general del Banco Central del Ecuador Guillermo Avellán por parte del exasambleísta del correísmo Lenín Barreto.
Luego, en mayo, la Comisión de Transparencia empezó la fiscalización del caso Progen, bajo la presidencia de Patricio Chávez, exasambleísta de la Revolución Ciudadana, en el periodo de transición. Posteriormente, el proceso de fiscalización se retomó en la misma mesa parlamentaria bajo la presidencia de Diana Jácome.
El informe también recoge las comparecencias de Fabián Calero, exgerente subrogante de Celec, ahora investigado por la Fiscalía General del Estado por este mismo caso; y de Byron Orozco, exgerente de la Unidad de Negocio Termopichincha de Celec, entre otras autoridades, con excepción de ministros de las carteras de Estado encargadas, como Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, y Roberto Luque, actual ministro de Transporte y exministro de Energía encargado en el periodo en el que se celebraron los contratos con Progen y ATM.
Estos son investigados dentro y fuera del país. La Fiscalía investiga un presunto peculado en el denominado caso Apagón, en tanto que el Estado ecuatoriano presentó una demanda contra Progen en Estados Unidos. (I)
