Hubo un tiempo en que el Ministerio de Trabajo podía presumir de respaldo empresarial y sindical a muchas de sus reformas. En el inicio de la anterior legislatura, en plena crisis sanitaria por el coronavirus, Yolanda Díaz lograba atraer no solo a CC OO y UGT, también a CEOE y Cepyme. Pasada la emergencia, ese impulso pactista a tres bandas se gripó en la segunda mitad de la anterior legislatura y no hay rastro de él en la que empezó en 2023. Este lunes hubo una nueva prueba, cuando el ministerio y los sindicatos acordaron sin la patronal ampliar a diez días el permiso por fallecimiento. Hace ya año y medio que las patronales no participan en un acuerdo con Trabajo, la racha más larga desde que Díaz dirige el departamento, y la perspectiva es desoladora: los reproches personales se multiplican y desde cada lado opinan que el otro se guía por electoralismo.
En lo que va de legislatura, el Ministerio de Trabajo ha alcanzado seis pactos con los sindicatos: el incremento del salario mínimo de 2024 y el de 2025, la ampliación del permiso por fallecimiento, la reforma del subsidio de paro, la reducción de jornada y las medidas contra la discriminación laboral del colectivo LGTBI+. Solo esta última logró respaldo patronal, que CEOE y Cepyme se encargaron de diluir al evitar la presencia de los jefes empresariales en la firma del acuerdo en junio de 2024. Hace ya 18 meses de aquel día, cuando fuentes patronales se esforzaron en puntualizar que era un desarrollo reglamentario, un acuerdo de importancia menor.
El último desencuentro ya estaba anunciado: hace diez días Trabajo decidió proseguir el diálogo sobre los permisos por fallecimiento sin CEOE y Cepyme, dado el rechazo empresarial a ampliarlos de dos a diez días. En vez de alargar la conversación durante meses en busca de una solución, como sucedió (sin éxito) en la reducción de jornada, Trabajo optó por romper con las patronales y buscar un acuerdo solo con los sindicatos.
Cuando Díaz anunció su intención de cambiar esta normativa, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, contestó pidiendo “un permiso para descansar un ratito de los anuncios del Ministerio de Trabajo”. “Es agotador. Cada día es una ocurrencia nueva”, dijo el jefe empresarial, que a la vez habló de “medidas populistas” para “sacar cuatro votos”. Tras oficializar la ruptura de las conversaciones con la CEOE, el ministerio acusó a Garamendi de rechazar cada planteamiento de Trabajo con la esperanza de que el Gobierno “caiga” y para reforzarse internamente, de cara a las elecciones patronales del año que viene. Díaz insistió el pasado viernes en el mismo mensaje al presentar el nuevo informe de expertos sobre el SMI: “Lamento que el señor Garamendi anteponga la reelección de su candidatura a CEOE, que la tiene en unos meses, a hacer el bien para su país. Lo siento muchísimo”.
Desde los dos lados, tanto desde Trabajo como desde la patronal, ese es uno de los mensajes más insistentes: la acción no se basa solo en una ideología, una forma de ver las relaciones laborales y el intento de concretarla en medidas, sino en un cálculo de coste y beneficio político de los líderes.
El ministerio transmite que Garamendi da estos pasos para parecer más duro y ganar puntos para su reelección, tras el susto que sufrió en mayo en las elecciones de Cepyme, cuando Gerardo Cuerva estuvo a punto de ganar a la candidata que respaldaba el vasco, Ángela de Miguel. Parte del relato de aquel proceso fue que el presidente de CEOE no daba suficiente batalla al Gobierno, en contraposición a las críticas descarnadas de Cuerva. El tono más duro es valorado por buena parte del empresariado español.
A la vez, distintas voces patronales creen que buena parte de las decisiones de Díaz se guían por el conflicto político a la izquierda del PSOE. Es decir, que la presión de Podemos, independizado de Sumar desde el inicio de la legislatura, obliga a Díaz a mostrar un perfil más radical, lo que impide alcanzar acuerdos que concilien al ministerio con las patronales.
Choque por la muerte de trabajadores
La ruptura en los permisos de fallecimiento llegó una semana después de la de prevención de riesgos laborales. En ese caso sí hubo un diálogo extenso, de casi dos años, que tampoco sirvió para conciliar al ministerio y los empresarios. Dada la sensibilidad y el carácter técnico de la materia, Gobierno, representantes de los trabajadores y empresarios venían deslizando durante la negociación que había opciones de entenderse. La esperanza se fue diluyendo en las últimas reuniones. Tras la última, el ministerio acusó a la CEOE de “jugar con la vida y la integridad física y psíquica de muchas personas”. La patronal contestó en un comunicado: “La propia vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha llegado, incluso, a usar el fallecimiento de trabajadores para acusar a las empresas de ponerles en riesgo, todo con fines electorales”.
Tampoco es probable que Trabajo acuerde la reforma de la indemnización por despido con los empresarios, una negociación en la que las patronales han dicho que no van a volver a participar, tras una primera reunión. También pintan bastos en el salario mínimo interprofesional, en dos vertientes. Por un lado, está el decreto para evitar la compensación de la subida del SMI con la absorción de pluses, que Trabajo ha prometido a los sindicatos (ya en fase de consulta pública previa la tramitación de la norma) y la patronal ha advertido que impugnará.
Por otro, el incremento del suelo salarial de cara a 2026, negociación que arranca este martes. CEOE propuso el pasado martes un aumento del 1,5%, por debajo de la inflación, un planteamiento que el ministerio catalogó como “poco riguroso”. También está muy lejos de la propuesta sindical (7,5%) y de la que hace la comisión de expertos de Trabajo (3,1% si no tributa, 4,7% si sí lo hace). La última subida en la que el ministerio recibió apoyo patronal, además de sindical, fue la de 2020, el primer pacto del diálogo social en el que participó Yolanda Díaz.
Cuando sí se acordaba
Aquella era otra época, muy diferente a la actual, en plena urgencia mundial por la pandemia del coronavirus. En 2020 hubo siete acuerdos del ministerio con los sindicatos y en seis participaron las patronales. Solo se quedaron fuera de uno sobre igualdad laboral entre hombres y mujeres. Además de la subida del SMI, aquel año se acordaron varias prórrogas de los ERTE y la ley de teletrabajo. La dinámica se asentó en 2021, con seis acuerdos y solo uno rechazado por CEOE y Cepyme, la subida del SMI. Sí se acordó la ley rider y, sobre todo, la reforma laboral.
Este cambio nuclear de las relaciones laborales, que puso coto a la temporalidad de los contratos, es la reforma de mayor calado de Díaz como ministra. Contó con respaldo patronal, pero los empresarios sostienen casi desde su aprobación que el pacto ha quedado desdibujado, dados los cambios posteriores que se han ido introduciendo en materia laboral. Tanto el ministerio como los sindicatos sostienen que no era parte del acuerdo no modificar otros aspectos en el futuro, pese a que no se materializasen en aquel pacto.
Precariedad parlamentaria
Hasta entonces, con una composición parlamentaria más favorable para el Gobierno que la actual, Díaz consiguió que todas sus iniciativas cristalizasen en el Boletín Oficial del Estado. Tras las elecciones de 2023, dada la mayoría de la derecha en el Congreso, la situación ha cambiado: el proyecto análogo de la reforma laboral en la presente legislatura, la reducción de jornada, fracasó en el Congreso en el trámite de enmiendas; el Estatuto del Becario acaba de ser aprobado en primera lectura por el Consejo de Ministros, más de dos años después del acuerdo con los sindicatos y sin apenas opciones de prosperar en el Parlamento; y la reforma del subsidio de paro salió a la segunda, tras un primer rechazo de Podemos, corregido después de que Trabajo introdujese cambios en la normativa.
Distintas voces sindicales vienen sosteniendo que es un error persistir en esta agenda de reformas, que sin los números en el Parlamento es una mejor estrategia centrarse en la acción ejecutiva y no generar falsas expectativas en los trabajadores. Otras difieren y creen que así se gana el relato, que conviene intentar avanzar en derechos laborales y que sea la derecha la que quede “expuesta” ante la ciudadanía. En esa tesis está el Ministerio de Trabajo y por ello insiste en su agenda legislativa, a más en los últimos meses.
Con todo, la realidad es que esas reformas apenas tienen opciones de prosperar si no tienen el apoyo de las patronales. Esa es la garantía que exige el PP para sostener cualquier cambio: por ello, ya en la presente legislatura, apoyó la última parte de la reforma de pensiones (donde la Seguridad Social sí logró el sostén empresarial); pero no la reducción de jornada. Es una posición parecida a la de Junts, que también exige que se tome más en cuenta la opinión del empresariado.
Para evitar este portazo de la derecha a sus proyectos de ley, Trabajo refuerza la actividad por decreto. El ministerio pretende sacar adelante varios cambios sin rango de ley, modificaciones que no exigen el aval del Parlamento. Esto ya sucede cada año con el SMI y el ministerio pretende repetir la estrategia en la normativa que lo regula respecto a la absorción de pluses, probablemente en el reglamento de los servicios de prevención y también en el refuerzo del registro horario.
Garamendi catalogó en septiembre como una “rabieta” que Díaz pretenda mejorar el control del tiempo de trabajo (al relacionarlo con el fracaso parlamentario de la reducción de jornada, una muestra de “machismo rampante” en opinión de la vicepresidenta segunda.
