El juicio del denominado CasoTripleA, en el que está procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, enfrenta un nuevo obstáculo: el Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado quedó incompleto a pocos días de la audiencia de juzgamiento.
La jueza Gabriela Lara Tello fue destituida, mientras que los jueces Christian Alex Fierro Fierro y Carlos Patricio Serrano Lucero presentaron sus excusas para apartarse del proceso.
Ante esto, el Dr. Víctor Darío Barahona Cunalata, quien actúa como primer reemplazo, avocó conocimiento de la causa y aceptó las excusas de los otros dos magistrados. En su providencia dispuso que la Oficina de Sorteos designe a los nuevos jueces que deberán completar el tribunal.
En el documento, el magistrado fundamenta su decisión en estándares constitucionales e internacionales sobre imparcialidad judicial, citando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial.
Juicio fijado para el 7 de marzo
La audiencia de juzgamiento está convocada para el sábado 7 de marzo de 2026 y, según la planificación inicial, se extendería hasta el 21 de marzo, es decir, quince días. La diligencia debe realizarse de manera presencial en el Complejo Judicial Norte, en Quito.
Para el 7 y 8 de marzo también está prevista la audiencia de revisión o sustitución de medidas cautelares solicitada por la Fiscalía y por dos procesados. El Ministerio Público pidió revisar la medida de presentación periódica y el uso de grillete electrónico que tenía Álvarez, quien —según la acusación— no lo portaba al momento de su detención en otro proceso.
La cercanía de estas diligencias y la necesidad de integrar nuevamente el tribunal hacen probable un nuevo diferimiento, debido a la disponibilidad de agenda de los jueces que sean designados.
Alvarez se encuentra actualmente detenido en la cárcel de Latacunga, procesado por delincuencia organizada en el denominado Caso Goleada, que guarda relación con la investigación de Triple A.
¿Qué se investiga en Triple A?
En este caso, la Fiscalía investiga el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.
Fiscalía analiza la existencia de una relación entre seis personas jurídicas (empresas) investigadas y distribuidoras de combustible, entre las que se habrían comercializado, aparentemente de forma irregular, grandes cantidades de diésel y gasolina.
Con base en pericias, la Fiscalía determinó que se habría ocasionado un perjuicio económico aproximado de 61′502.658,39 dólares, correspondiente a 22′777.191,80 galones de combustible.
En total son 22 procesados dentro de este expediente.
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