El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha presentado este jueves la nueva empresa estatal de vivienda que sustituirá al Sepes como organismo capitalizador de las políticas públicas en esta materia. Se trata del principal proyecto ideado por el Gobierno para aliviar la crisis de los alquileres en España, con arrendamientos previstos de hasta 75 años de duración. El nuevo ente llevará a partir del próximo martes, cuando sea formalmente aprobado en el Consejo de Ministros, el nombre de Casa 47, en referencia al artículo 47 de la Constitución que recoge el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna. “Es un avance que no tiene vuelta atrás, estamos haciendo algo bueno para España”, ha celebrado la ministra del ramo, Isabel Rodríguez.
Llegar a este punto ha llevado un año de trabajo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció durante el último congreso federal del PSOE, celebrado entre noviembre y diciembre de 2024, la voluntad de su Ejecutivo de transformar la actual Entidad Pública Empresarial de Suelo, conocida como Sepes, en un nuevo organismo que monitorice y lleve a cabo el ciclo completo de construcción de vivienda. El proceso, tras los últimos ajustes, culminará la próxima semana.
“Damos un paso de gigante en la consolidación del Estado del Bienestar”, ha indicado Rodríguez, que ha recalcado que todas aquellas viviendas públicas que se construyan a través de esta nueva empresa mantendrán su condición de protegidas de manera indefinida. “Lo que nace público tiene que permanecer público”, ha recalcado la ministra, quien ha anunciado también que, “con la mayor celeridad posible”, su departamento lanzará una oferta publica con un fondo de 100 millones de euros para poder añadir más viviendas al parque público que gestionará Casa 47.
Además, Rodríguez ha explicado que los contratos de arrendamiento que se establecerán para estas viviendas asequibles serán de hasta 75 años, “para toda la vida”. Aunque para ello habrá que garantizar que se cumplen los requisitos, ya que la firma inicial dará derecho a un arrendamiento de 14 años y posteriormente se renovará con prórrogas de 7 años (aunque la última durará cinco, para ajustarse al plazo tope de 75 años). En cada una de estas extensiones se examinará si las condiciones para seguir optando a la vivienda pública se mantienen.
Los requisitos económicos que se exigirán a los inquilinos pasan, principalmente, por que los interesados cobren rentas situadas entre 2 y 7,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que es de 8.400 euros. Es decir, la franja cubre desde personas con unos ingresos brutos de 16.000 euros anuales, hasta los 63.000 euros. Sin embargo, sobre al primer filtro económico se añadirán otros de carácter patrimonial, que el ministerio no ha especificado.
Con estos límites, Vivienda espera favorecer a “hasta el 60% de la población”, además de a aquellos colectivos más vulnerables, como los jóvenes. La fórmula beneficia también “a la clase trabajadora”, según ha recalcado la ministra. Los cálculos del ministerio contemplan que los alquileres no superen el 30% de la renta media de los inquilinos, una barrera convenida en el sector para garantizar el pago y la suficiencia de recursos. Por eso el precio final de los arrendamientos se establecerá a partir de la renta media del territorio.
60% de beneficiarios
De esta forma, los precios de los alquileres públicos promovidos por Casa 47, que aspira a convertirse en un portal inmobiliario de búsqueda de vivienda como Idealista o Fotocasa, se situarán muy por debajo de los umbrales actuales del mercado, especialmente en ciudades en las que la presión se ha disparado en los últimos años. El nuevo portal online se habilitará a lo largo de 2026, y en él se podrán consultar las promociones disponibles y los requisitos concretos de cada una.
La ministra ha señalado que, según los cálculos de su departamento, los precios ofertados en Madrid por la empresa pública estarán un 38% por debajo de los que se ofertan actualmente; del mismo modo que en Málaga, otra ciudad muy tensionada, estos se situarán en la mitad de su valor presente, llegando a ser de entre “unos 680 y 690 euros”.
En las promociones que haga la empresa, tras garantizar que los materiales de construcción “serán de la máxima calidad”, el criterio para calcular el precio de los arrendamientos será “por primera vez”, a partir de “lo que la ciudadanía puede pagar”, y no “de lo que ha costado”, ha dicho Rodríguez. “Hay que planificar con rigor, ver dónde es necesario construir o rehabilitar, y hacerlo con recursos y financiación”, ha señalado la ministra. “Aquí no sobra nadie”, ha concluido.
Reclasificación empresarial
Casa 47 gestiona, por el momento, 40.000 viviendas y más de 2.400 metros cuadrados en los que se ha proyectado la construcción de otras 55.000 casas, y que el antiguo Sepes heredó de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida como banco malo. Otros ministerios como el de Hacienda, Economía o Interior también han traspasado terrenos para construir. Este último cedió 27.000 metros cuadrados de los 172.000 de los que cuenta el solar en el que actualmente se sitúa la antigua penitenciaría de Carabanchel.
La transformación del Sepes, que nació en 1981 con el objeto de gestionar el suelo urbano y residencial, tomó velocidad cuando el consejo de administración de la entidad aprobó hace un año su conversión, y llevó a cabo su reclasificación en el grupo 1 de entidades públicas empresariales, que le permite actuar desde la disposición y urbanización de los suelos y la edificación de las viviendas, hasta la gestión de estas casas. Este cambio la sitúa, además, en el mismo escalón de importancia en la gestión de servicios públicos como Renfe, Adif, Aena o Puertos del Estado.
