El juicio político planteado por cinco legisladores del correísmo en contra de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, pasará a la Comisión de Fiscalización para su procesamiento y los asambleístas proponentes tienen una lista de funcionarios que pedirán que sean llamados como testigos del supuesto incumplimiento de funciones.
Godoy está acusado de un supuesto incumplimiento de funciones al inobservar el artículo 168 de la Constitución respecto a garantizar la independencia judicial, promover la transparencia en la administración de justicia. Se señala que ejerció presiones a través de uno de sus colaboradores cercanos, Henry Gaibor, al juez Carlos Serrano, supuestamente para beneficiar al ciudadano serbio, Jezdimir Srdan, antiguo cliente de la esposa de Godoy, Dolores Vintimilla, y procesado por narcotráfico.
El juicio político fue planteado por cinco asambleísta de la bancada RC: Viviana Veloz Ramírez, Raúl Chávez Núñez, Liliana Durán Aguilar, Franklin Samaniego Maigua y Xavier Lasso Mendoza.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL), este 8 de enero de 2026, avocó conocimiento de la solicitud de juicio y pidió un informe a la Unidad Técnica Legislativa (UTL), sobre el cumplimiento de requisitos previo a la calificación.
El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, tiene previsto convocar al CAL para el lunes 12 de enero de 2026, para conocer el informe de la UTL y calificar el pedido de juicio contra Godoy.
De su lado, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, anunció que la bancada ADN apoyará para que el juicio político pase a la Comisión de Fiscalización, donde presentará las pruebas de descargo y al final se analizará la posición de la bancada oficialista.
La legisladora Diana Jácome (ADN) dijo que una vez que se califique la solicitud de juicio y se derive a la mesa de Fiscalización se tendrá que recibir a Godoy y a quienes lo acusan, para que presenten las pruebas que correspondan y escuchar a las dos partes.
“Nosotros estamos de acuerdo en que el juicio político a Mario Godoy avance para que el país tenga claridad y certezas sobre la situación que ha estado entredicho”, subrayó la legisladora, quien manifestó que será en ese espacio donde Godoy debe demostrar su inocencia y también quienes lo acusan, su responsabilidad.
Jácome dijo que una vez que el proceso pase a la Comisión de Fiscalización se tiene que esperar los resultados y respetar el derecho a la defensa y al debido proceso, donde se escuche a la partes y esos elementos servirán para tener certezas si se debe llevar a Godoy a la censura y destitución del cargo como presidente del Consejo de la Judicatura.
La asambleísta Viviana Veloz (RC), una de las proponentes de la interpelación a Godoy, reiteró que la RC lleva a juicio político al presidente de la Judicatura por un graven conflicto de intereses por los vínculos desde la oficina o el bufete de abogados de su esposa y la intromisión dentro del sistema de justicia.
Dijo que estarán vigilante porque hasta el momento no se tiene ninguna garantía que se califique la solicitud de enjuiciamiento político y pase a la Comisión de Fiscalización
También advirtió que si se califica el pedido de juicio en el CAL, tampoco hay certezas de que el pedido de juicio concluya con un informe en la Comisión de Fiscalización, esto porque en las últimas sesiones lo que ha hecho la mesa presidida por Ferdinan Álvarez (ADN) es archivar las solicitudes de juicio, como sucedió con el juicio al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y también con el exministro de Salud Jimmy Martin.
Si el pedido de juicio llega a buen puerto en la Comisión de Fiscalización, se tendrá que evacuar todo el procesamiento y enviar el informe al pleno de la Asamblea Nacional. “Si los asambleístas de ADN no apoyan este enjuiciamiento político quedará demostrado que son los padrinos de la impunidad”, agregó.
Quien esté al frente del Consejo de la Judicatura debe tener las credenciales éticas, las credenciales morales y es de conocimiento público que Mario Godoy no las tiene, anotó Veloz, quien insistió que la RC desconfía de la Comisión de Fiscalización, porque allí ya archivaron dos solicitudes de enjuiciamiento político, por lo tanto hacemos “un llamado a que toda la ciudadanía esté vigilando la actuación de los asambleístas de ADN, porque esta comisión también es controlada por ellos”.
Pedidos y comparecencias
Veloz afirmó que dentro de la solicitud de enjuiciamiento político la RC ha requerido que el asambleísta José Nango, antes Pachakutik, se excuse como parte de la Comisión de Fiscalización y principalice a su alterno, esto porque su hijo trabaja en el Consejo de la Judicatura de Pastaza y además sobre el asambleísta pesa una grave acusación, una investigación que tampoco ha tenido celeridad sobre un presunto hecho de violación.
Y al tener allí un conflicto de interés porque su hijo trabaja en el Consejo de la Judicatura y responde a Mario Godoy, lo obvio y lo correcto es que el asambleísta se excuse. Aunque dijo que no afectará la correlación de fuerzas en la mesa de Fiscalización.
Respecto al pedido de comparecencias, dentro del juicio político, el sector del correísmo anunció que pedirá el testimonio del juez anticorrupción Carlos Serrano, que supuestamente fue presionado por Henry Gaibor, mano derecha de Mario Godoy, actual presidente de la Judicatura.
Dijo que también se llamará a comparecer al exsecretario de la Asamblea Alejandro Muñoz, que “también fue presionado en su momento por ADN, otros funcionarios del Consejo de la Judicatura, la exvocal Solanda Goyes, juristas que han denunciado estos hechos y lo que pasa dentro del sistema de la función judicial.
Veloz dijo que pedirán que se incorpore prueba nueva, como el testimonio de la exdirectora del Consejo de la Judicatura Samantha Lozada, para que entregue la lista que fue notificadas en cuanto a los “jueces y fiscales que tendrían tentáculos con las bandas del crimen organizado”, subrayó.
También será convocado al proceso de enjuiciamiento político al presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, para que explique cómo incorporó el nombre de Mario Godoy en una terna que incluso varios de los miembros de la Corte Nacional de Justicia desconocen, y que “hubo también presiones desde el poder Ejecutivo y que luego vemos que ese favor se lo pagaron colocando a su hijo dentro del consulado de Madrid, en España”, puntualizó. (I)
