La Comisión Europea propondrá en 2026 una nueva iniciativa legislativa sobre alquileres de corta duración para frenar la especulación. Bruselas, que ha presentado este martes la medida como parte de una estrategia más amplia para frenar la crisis de vivienda que afronta la UE, busca establecer un marco jurídico común para toda la Unión, para que las autoridades locales puedan tomar medidas sobre este tipo de alquileres, especialmente, señala el Ejecutivo comunitario, en zonas con gran presión. Esa fórmula ha crecido casi un 93% entre 2018 y 2024 en la UE y ha contribuido, sostiene Bruselas, a limitar la oferta de vivienda asequible para los residentes locales, especialmente en destinos muy populares, donde esos pisos, casi siempre gestionados por plataformas online, pueden representar hasta el 20% del parque inmobiliario.
Bruselas quiere dar algunas respuestas así a la crisis de la vivienda, un problema común para muchos Estados miembros. Se enmarca dentro de la nueva estrategia de vivienda asequible, que da una serie de pautas y recomienda menos burocracia en las licencias de vivienda para poner en el mercado 650.000 pisos más al año, como adelantó EL PAÍS. Además de esa propuesta, la Comisión Europea revisará también las normas de ayudas de Estado, las ayudas públicas que se rigen por un margen muy concreto, con limitaciones para aplicarse. Con esa medida, que abrirá la mano en ese terreno, busca facilitar las inversiones en vivienda.
Para ello, la Comisión Europea crea una nueva categoría denominada “vivienda asequible”, que abarca a los hogares que no se encuentran en situación de desventaja económica, pero que, debido a las condiciones del mercado y, en particular, a sus deficiencias, no pueden acceder a una vivienda en condiciones asequibles. Los Estados miembros podrán definir las modalidades de apoyo, los grupos destinatarios, los criterios de elegibilidad, el precio de la vivienda, la calidad y las normas de accesibilidad, en función de su contexto y necesidades de vivienda.
“En muchos lugares, la vivienda asequible no pretende comprometer ni desplazar la vivienda social”, ha señalado la vicepresidenta para una transición justa, limpia y competitiva y encargada de la cartera de Competencia, Teresa Ribera, en la presentación del paquete de medidas, en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo. “La vivienda social es absolutamente clave, pero debemos abordar los problemas de la clase media, no solo de quienes están cubiertos por la vivienda social. Por lo tanto, la vivienda sigue siendo la piedra angular del apoyo que brindamos, de nuestras ideas y proyectos para desarrollar soluciones para la vivienda asequible. La vivienda asequible debe ser digna, sostenible y con garantía de futuro”, ha dicho Ribera.
Garantizar una disponibilidad suficiente de vivienda requiere inversiones a largo plazo, ha insistido la vicepresidenta comunitaria, que ha comparecido junto al comisario de Vivienda, Dan Jorgensen. “Nuestra revisión de las normas sobre ayudas estatales facilita que las autoridades públicas inviertan en vivienda social y asequible”, ha añadido Ribera.
Los precios de la vivienda han aumentado significativamente en toda Europa. Desde 2013, se han incrementado en términos nominales más del 60% en toda la UE, a un ritmo superior al de los ingresos. En España, además, el aumento ha sido mayor: un 72%, frente a un 26,6% en Francia, un 13,3% en Italia o un 51,3% en Alemania, según un informe del Consejo Europeo publicado en octubre.
Con esta estrategia, la Comisión Europea se adentra en el problema de la vivienda, un asunto en el que tiene competencias muy limitadas, ya que están en manos de los Estados miembros o incluso en las autoridades regionales y locales, pero que fue uno de los puntos clave para el acuerdo de investidura de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con los socialistas y demócratas.
Alta demanda
El Ejecutivo comunitario toca así tres puntos: el de la construcción, en el que persigue reducir la burocracia e incentivar el alza de viviendas asequibles y sostenibles; las ayudas de Estado para apoyar proyectos de vivienda asequible sin necesidad de notificación previa ni autorización de la Comisión cuando se cumplan las condiciones, manteniendo al mismo tiempo sus programas de vivienda social existentes; y, por último, una nueva normativa sobre alquileres turísticos, que todavía está en discusión y que se sumará al reglamento sobre alquileres de corta duración, aplicable en mayo de 2026.
“Es necesario preservar los beneficios de los alquileres a corto plazo para los ciudadanos, a la vez que se reducen los impactos negativos”, dice la Comisión en la estrategia. “Ciertos barrios, sobre todo en los centros urbanos, pero también en otros puntos turísticos de interés, experimentan graves presiones para acceder a la vivienda”, dice el documento, que advierte de que estas zonas con alta demanda de vivienda, la rápida expansión de los alquileres a corto plazo, sumada a las prácticas de inversión especulativa, está intensificando la competencia por el limitado parque inmobiliario, lo que impulsa el alza de los precios.
