Bruselas ha pedido a España que actúe con más contundencia para controlar la crisis de vivienda. La Comisión Europea le ha recomendado que aumente la oferta de suelo, que reduzca los plazos de permisos de construcción y que refuerce la “oferta de vivienda social y asequible”, explica el Ejecutivo comunitario en uno de los documentos aprobados este miércoles por el Colegio de Comisarios sobre el llamado semestre fiscal europeo. En él también se deja claro que aunque es previsible que España supere en 2025 el objetivo de gasto que en la senda de ajuste plurianual pactada con Bruselas, tiene margen para hacerlo, porque en 2024 ganó margen.
La crisis de acceso a la vivienda, especialmente entre los más jóvenes, es uno de los asuntos que esta Comisión Europea, la segunda que preside Ursula von der Leyen, tiene señalado como prioritaria. Sus competencias no son grandes en este asunto, pero sí que ha anunciado ya que tiene la intención de lanzar un plan de vivienda y contar con el Banco Europeo de Inversiones. En lo que sí tiene margen, es en poner deberes a los Estados miembros y por ahí es por donde está reclamando a países como España acción: “Aumentar la oferta de vivienda completando la reforma de la ley del suelo, reduciendo los plazos de tramitación de permisos, eliminando los cuellos de botella administrativos y abordando la escasez de mano de obra en el sector de la construcción; reforzar la oferta de vivienda social y viviendas sociales y asequibles”, marca el documento como objetivo.
“El aumento selectivo del volumen de promoción de viviendas puede tener beneficios fundamentales en España, ya que mejorarían la capacidad de absorción de oferta de mano de obra en áreas metropolitanas, al tiempo que se fomenta la oferta interna”, apunta el Ejecutivo comunitario, que añade que “el crecimiento del turismo ha contribuido a un aumento de las viviendas turísticas y esto ha reducido la disponibilidad de viviendas de alquiler para residencia principal”. No obstante, también apunta a otro motivo como causa de la crisis: “La escasez de viviendas sociales y un repunte relativamente lento de nuevas construcciones para satisfacer la creciente demanda”.
Este escenario tiene consecuencias negativas sobre “la renta de los hogares y supone un para las familias con bajos ingresos”. Para hacer esta observación, la Comisión se apoya en estudios del Banco de España en los que se afirma que “el 40% de los inquilinos españoles destinan ahora el 40% de sus ingresos al alquiler frente a la media de la UE del 27%”.
Cumplimiento de la senda fiscal
Para el capítulo fiscal, aunque Bruselas quite hierro al ligero desvío en la senda de gasto marcada por el margen que tiene el Gobierno, también hay recomendaciones. Para apuntalar la sostenibilidad fiscal, se le reclama hacer más sencillo el sistema fiscal “desplazando la presión fiscal del trabajo a la fiscalidad medioambiental, del consumo y los bienes inmuebles”. Esta expresión técnica quiere decir que España puede rebajar cotizaciones sociales o los impuestos sobre las rentas del trabajo compensando esa pérdida de ingresos con incrementos en tributos sobre combustibles o figuras similares al que hay sobre el plástico. En el recetario de la Comisión, también aparece uno de sus peticiones clásicas: aumentar la recaudación del IVA eliminando tipos reducidos o superreducidos.
El objetivo fijado para 2024 era bajar del 3% de déficit. En España fue del 3,2%, es decir, superior al límite que marcan los tratados. Pero ese dato no ha sido suficiente para que la Comisión Europea abra un expediente porque está provocado por el desembolso extraordinario que provocó la dana en Valencia. Además, Bruselas también espera que este año el indicador se sitúe por debajo de ese listón simbólico; y lo mismo en los próximos años, según los documentos presentados este miércoles por el Ejecutivo europeo.
El análisis de las cuentas y sus recomendaciones presentadas por Bruselas este miércoles también deja un ligera advertencia para España acerca del plan de ajuste fiscal a siete años: en 2025 hay un desvío al alza en el gasto recurrente que se corrige porque en 2024 se ganó bastante margen. Eso explica que la Comisión hable de que España cumple “ampliamente” —junto con Portugal— con la senda fiscal que pactaron ambas partes a finales del año pasado.
La lista de recomendaciones de la Comisión no acaba solo aquí. También le exige que acelere la aplicación del plan de recuperación. España fue durante los primeros compases de esta ambiciosa medida contra las consecuencias económicas de la pandemia el alumno aventajado de Bruselas. Recibió antes que el resto de Estados miembros el primer y el segundo pago. Pero a partir de entonces ha encallado y ahora se ha ido quedando atrás, dejando que otros Estados como Italia vayan por delante. De ahí que aparezca este consejo, que lo acompaña de otro en la misma línea: “Acelerar la aplicación de los programas de la política de cohesión, aprovechando, cuando sea las oportunidades que ofrece la revisión intermedia. Hacer un uso óptimo de los instrumentos de la UE, incluido el alcance que ofrecen InvestEU y la Plataforma de para Europa, para mejorar la competitividad”.
El retraso en el despliegue de las políticas de cohesión y las inversiones aparejadas es un problema extendido en mucho Estados miembros, que ante lo perentorio de ejecutar antes el plan de recuperación, lo han priorizado frente a otros programas que pueden ejecutarse en plazos más largos.
