Nuevo capítulo en la batalla judicial entre España y las empresas internacionales a las que el Gobierno nunca pagó las retribuciones prometidas por invertir en energías renovables en suelo español, y cuyo cobro, una década después, siguen reclamando. Según fuentes cercanas a los fondos de inversión que representan a estas compañías, la justicia belga ha autorizado el embargo de 482 millones de euros a la empresa pública española Enaire como mecanismo para “garantizar el resarcimiento del acreedor”, en este caso el fondo de inversión OperaFund.
No es la primera vez que este país toma esta medida: en julio ya embargó 207 millones de euros en favor de la compañía japonesa Eurus Energy, filial del grupo Toyota, y también, en aquel caso, a través de Enaire, compañía matriz de Aena. En dicho proceso, la deuda existente asciende a 106,2 millones de euros. Las mismas fuentes aseguran que la deuda española con las compañías afectadas alcanza los 2.292 millones de euros y se encarece a un ritmo diario de más de 100.000 euros.
La medida que ha dictaminado el juez belga se produce días después de que la Comisión Europea reiterara su respaldo a los servicios jurídicos españoles, que niegan cualquier obligación de indemnizar a estas compañías. Bruselas abrió un expediente a Bélgica por los procedimientos judiciales iniciados para ejecutar los laudos arbitrales.
La historia empezó cuando los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy recortaron la cantidad de dinero que se habían comprometido a pagar a empresas por financiar proyectos eólicos y solares en el país. El problema fue que el ajuste se aplicó con carácter retroactivo. Es decir, a las empresas se les negó el cobro de esas primas cuando ya habían cumplido su parte del trato.
Desde entonces, España ha afrontado 51 demandas en cortes de arbitrajes iniciadas por inversores y fondos oportunistas que han adquirido la representación y, en muchos casos, los derechos de cobro en estos pleitos para reclamar una indemnización. Por el momento, 27 de estas acciones han concluido con un fallo en contra del Estado español, lo que ha motivado a los demandantes a pedir a tribunales de distintos países el reconocimiento y ejecución de dichos laudos para poder comprar las compensaciones reconocidas.
En el caso de OperaFund, el fondo obtuvo en 2019 una resolución vinculante ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), tribunal de arbitraje del Banco Mundial al que España está adherida. El laudo se emitió conforme al Tratado de la Carta de la Energía, del que España era Estado firmante en el momento en que realizó los recortes retroactivos que motivaron las reclamaciones.
Ante la decisión del Gobierno de España de no abonar la indemnización, que asciende a 29,3 millones de euros más 7,5 millones por intereses de demora, el equipo jurídico del fondo presentó una demanda ante los tribunales de Bélgica y solicitó la intervención de los pagos que Eurocontrol, el organismo europeo de navegación aérea con sede en Bruselas, realiza periódicamente al proveedor estatal español de servicios de control aéreo, Enaire. La justicia ha dado luz verde a esta petición y se han bloqueado 482,4 millones de euros que, en lugar de transferirse a Enaire, compañía participada al 100% por el Estado español, quedan ahora inmovilizados.
El cerco a bienes españoles en tierras extranjeras no se limita a Bélgica. Durante la segunda mitad de 2025, los tribunales de Estados Unidos reconocieron y registraron los laudos correspondientes a procedimientos con siete empresas: Cube, Watkins, Antin, RREEF, 9REN, NextEra e InfraRed. En total, la justicia estadounidense ha validado una deuda de 691,2 millones de euros. Ante esta cascada de resoluciones adversas, el Gobierno español ha recurrido al Tribunal Supremo estadounidense, mientras que los inversores han iniciado un procedimiento de rastreo de bienes para identificar activos del Estado susceptibles de embargo dentro de la jurisdicción norteamericana.
Paralelamente, la ofensiva judicial avanza también en Australia. En 2025, el Tribunal Federal de ese país dictó una sentencia que ordenaba la ejecución de cuatro laudos —los de RREEF, 9REN, Watkins y NextEra— por un importe conjunto de 469 millones de euros. La resolución rechazó los argumentos de inmunidad soberana presentados por España e impuso además costas procesales tanto al Estado español como a la Comisión Europea, cuya intervención fue desestimada.
Fuentes gubernamentales rebajan la cantidad que adeuda España a 1.500 millones de euros. Según afirman, unos 1.300 corresponden a demandantes europeos, que quedarían “salvados”. El primer espaldarazo del Ejecutivo comunitario al Gobierno español se dio en el mes de marzo. En el marco del caso Antin (inversor francés, cuyos derechos se cedieron al fondo Centerbridge), la Comisión dictaminó que las indemnizaciones pueden considerarse ayudas ilegales.
Sin embargo, más allá de las fronteras de la Unión Europea, España ya ha aceptado asumir los costes del recorte de las retribuciones. En junio de 2025 ya afrontó un primer pago a un inversor extracomunitario, la compañía japonesa JGC, a quien se le reconoció una indemnización de 32 millones de euros.
