Por tercera ocasión, la audiencia de juicio del caso Triple A, en el cual es procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y 21 personas naturales y jurídicas más se difirió debido a un recurso horizontal de aclaración y ampliación que presentó la defensa de uno de los investigados.
La audiencia estaba convocada para este sábado, 31 de enero y el domingo, 1 de febrero de 2026. En este caso, la Fiscalía investiga el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.
El recurso fue ingresado por Fernando Chávez, abogado de César Emilio Bravo, representante de la empresa Fuelcorp S.A., debido a un auto con el cual se negó la petición de nulidad, dictado el 29 de enero pasado.
Los abogados de la empresa procesada solicitaron la nulidad de la integración del tribunal y de lo actuado en la audiencia del 24 de diciembre pasado por una presunta falta de competencia de la entonces jueza Consuelo Tapia Guerrón.
Ante esta acción, el Tribunal Anticorrupción integrado por los jueces Jorge Sánchez (ponente), Clara Soria y Gabriela Lara decidió diferir la diligencia, “con el objeto de garantizar el debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa, y a fin de evitar actuaciones jurisdiccionales que pudieran verse afectadas».
Los magistrados aclararon que la solicitud de aclaración o ampliación deberá expresar con claridad y precisión las razones que la sustenten, de no hacerlo, precisaron, se la rechazará de plano.
La etapa de juicio en el caso Triple A debía arrancar el 21 de enero de 2026, pero se adelantó la fecha al 24 de diciembre de 2025, argumentando el tribunal de ese momento la aplicación del principio de celeridad y una vez revisada la disponibilidad de la agenda del tribunal de juzgamiento. Finalmente y ante la ausencia de los abogados por temas de salud, la audiencia se espera que se instale este sábado.
El 24 de diciembre último, fecha en la que se declaró fallida la última convocatoria a audiencia, debido a la ausencia de los abogados de dos de los procesados, la sala de juicio dispuso que la diligencia se instale desde las 08:30 de este 31 de enero y continúe el 1 de febrero siguiente. Sin embargo, esta vez se presenta un nuevo diferimiento sin una fecha establecida.
En el caso Triple A, la Fiscalía analiza la existencia de una relación de las seis personas jurídicas (empresas) investigadas con distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron, aparentemente de forma irregular, grandes cantidades de combustible, sobre todo de diésel. Con base en pericias existentes, la Fiscalía determinó que en Triple A se habría cometido un delito en alta escala al existir un perjuicio económico aproximado de $ 61′502.658,39, correspondientes a 22′777.191,80 galones de combustible entre diésel y gasolina. (I)
