Cuatro organizaciones de la sociedad civil esperan que la justicia ordinaria les permita recuperar sus cuentas bancarias, bloqueadas desde octubre pasado que el movimiento indígena protagonizó un paro de actividades en rechazo al incremento del diésel a $ 2.80.
Para el 5 de noviembre próximo a las 09:00, en el Complejo Judicial Norte de Quito, se prevé la instalación de una audiencia solicitada por Alianza Ceibo, la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), la Nacionalidad Kichwa de Pastaza-Pakkiru y la Alianza por los Derechos Humanos, para que se analice el bloqueo de sus fondos ocurrido desde el 6 de octubre de 2025.
Estas agrupaciones alegan que no fueron notificadas en legal y debida forma de haber sido bloqueadas financieramente y, luego de haberse dirigido a varias instituciones en búsqueda de información, llegaron a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) y a los juzgados anticorrupción.
“Cuando pudimos conocer el proceso, nos encontramos que el juez de la causa había validado un bloqueo de cuentas sin que exista información alguna ni sobre cada una de nuestras organizaciones históricas y menos sobre transacción ”sospechosa» alguna. Bastó que la UAFE señale que existe un informe de inteligencia contra nosotras para que un juez anticorrupción ratifique un absurdo bloqueo de cuentas. El juez tampoco garantizó que se nos notificara, ni siquiera informó a la Defensoría Pública, vulnerando gravemente nuestro derecho a la defensa», señala una comunicación publicada este 1 de noviembre de 2025.
Esta medida está contemplada en la Ley de Transparencia Social, impulsada por el gobierno de Daniel Noboa que está vigente, aunque está impugnada ante la Corte Constitucional (CC).
Estas organizaciones, aclararon que sus actividades han sido púbicas y transparentes y que se han mantenido al día con sus obligaciones, por lo que rechazaron las declaraciones del primer mandatario, Daniel Noboa, que en una entrevista en Teleamazonas de este viernes, confirmó que esta acción se realizó porque, aparentemente, detectaron que había fondos que “iban a ser destinados a desestabilizar un gobierno” y que se aplicó para “frenar el paro indígena”.
Además de estas oenegés, actores políticos y sociales de sectores sindicalistas, dirigentes indígenas y algunos abogados, denunciaron el bloqueo de sus cuentas en el sistema financiero. (I)
