Hay retos para el ser humano basados en el progreso constante. Por ejemplo, los relacionados con la salud y calidad de vida: la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de las enfermedades evoluciona cada día gracias a las tecnologías sanitarias. Velar por un acceso ágil y equitativo a la innovación tecnológica que permita mejorar la salud, calidad de vida y el bienestar de la población figura entre los propósitos prioritarios de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin). Representa a compañías, fabricantes, importadoras y distribuidoras de productos sanitarios. Con 300 empresas asociadas, su compromiso con la salud también repercute de forma directa en la economía nacional.
Cada euro empleado por esta industria en su actividad genera 1,27 euros adicionales para el país. El secretario general de Fenin, Pablo Crespo, reflexiona sobre el impacto del sector: “Si no existiera, no solo se paralizaría la actividad sanitaria, sino que la economía del país sufriría un impacto negativo de 11.600 millones de euros”. Desglosada esta cifra, la industria de Tecnología Sanitaria genera un valor añadido directo de 5.100 millones de euros y de 6.500 millones indirectos. Ello supone, según Fenin, que el sector contribuye con una facturación equivalente al 1,13% del Producto Interior Bruto (PIB). Su potencial viene propiciado por factores como la inversión y la alta empleabilidad que se constata en las empresas.
El sector mantiene este positivo impacto pese a operar en un complicado contexto productivo y económico: crisis de suministros, periodo inflacionista, amenazas arancelarias… Crespo pone como un ejemplo los efectos de la desindexación de los contratos públicos de adquisición de tecnología sanitaria. Como el sector privado no puede actualizar la evolución de sus costes durante la vida de los contratos, son las empresas las que vienen asumiendo la inflación acumulada. En los últimos años, ha llegado a superar el 20%.
Fenin apuesta por recuperar la indexación de los contratos públicos y su vinculación a la evolución anual del IPC (modelo vigente hasta 2015) para facilitar un entorno competitivo que permita una mayor concurrencia de las empresas en estos procedimientos, y garantice el equilibrio económico-financiero durante toda la vigencia del acuerdo. El beneficio no es solo para la viabilidad y competitividad de las empresas, pues asegura también el acceso de profesionales y pacientes a tecnologías sanitarias de calidad.
Por otra parte, consideran que la actual apuesta por el precio como criterio principal en estos concursos solo genera resultados cortoplacistas. En cambio, centrarse en procedimientos de compra pública de tecnología sanitaria basados en valor supone mejores resultados de salud, y también económicos, a medio y largo plazo. Por ello, Fenin incide en la necesidad de impulsar el anteproyecto de Ley del Medicamentos y Productos Sanitarios que limita los criterios económicos en los concursos públicos para la adquisición de Tecnología Sanitaria al 20%, para priorizar la calidad sobre el precio. El objetivo es asegurar una mejor asistencia, innovación y eficiencia del sistema de salud.
Todas estas trabas, agregadas, se traducen en pérdidas económicas. “Una de cada cinco empresas de nuestro sector presentaron resultados negativos en 2023”, explica Crespo. Aun así, señala que la industria ha mantenido su compromiso y ha seguido invirtiendo 264 millones anuales en I+D+i en España. Una implicación también replicada en la empleabilidad del sector. “Ha mantenido 54.000 empleos directos, el 96% de ellos indefinidos, un 46% de empleo femenino y un 3% de personas con discapacidad. Y duplica la inversión anual por empleado con respecto a la media del resto de sectores industriales en nuestro país”, apunta.
Para comprender cómo impacta la tecnología sanitaria en el país, hay que tener en cuenta quién constituye el sector y de qué manera actúa. Lo componen 933 empresas que generan una facturación total de 17.000 millones de euros (12.000 millones en el ámbito nacional a los que se suman cerca de 5.000 en exportaciones). Las pequeñas y medianas empresas (pymes) constituyen el 92% del tejido empresarial, contribuyen el 66% del empleo y el 42% del volumen de ventas. Madrid y Cataluña son las comunidades con mayor presencia: en ellas se ubican cerca del 64% del total de empresas del sector y el 82% de la facturación.
Respecto a las relaciones comerciales, el sector demuestra una fuerte actividad exportadora de casi 5.000 millones de euros en 2024, aunque su balanza es negativa: se importan más tecnologías y productos de las que se exportan. Europa es el principal destino de las exportaciones de tecnología sanitarias españolas con un 65%. Le siguen Norteamérica, con un 14%; Asia, con un 9%, y Latinoamérica, con un 7%.
El compromiso social de Fenin es decisivo. Según cálculos de la federación, la inversión media anual por empleado es de 60.000 euros, casi el doble del promedio del sector comercio. Además, estas firmas hacen una inversión directa y anual en España de 264 millones de euros en I+D+i. Y es el segundo sector en España por solicitudes de patentes, con 163 en 2024 (un aumento de 14,0% frente a 2023).
Crespo explica que su apuesta es llevar la mejor tecnología sanitaria al sistema, para beneficiar a pacientes y empresas: “Hemos conseguido este impacto en la economía española, conformando un sector basado en la innovación y en el talento. Invertimos para estar a la vanguardia”. Y también, y sobre todo, para salvar y mejorar vidas.
