Luego de las declaraciones de la exvocal Solanda Goyes de un presunto “entramado” en el Consejo de la Judicatura que respaldaría a su presidente Mario Godoy, el asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), Luis Fernando Molina, solicitó copias certificadas de la nómina completa de servidores judiciales en todo el país.
Así lo dio a conocer el legislador del correísmo, la tarde de este martes, 30 de diciembre de 2025, a través de sus redes sociales.
“Las declaraciones de Goyes evidencian posibles estructuras de protección interna dentro del Consejo de la Judicatura en favor de Mario Godoy y su entorno. Frente a estos señalamientos, he solicitado a Mario Godoy y al Consejo de la Judicatura la remisión de copias certificadas de la nómina completa de servidores judiciales a nivel nacional, desagregada por provincia, ciudad, unidad judicial, dependencia y tipo de relación laboral”, informó el asambleísta.
En una entrevista con FM Mundo, Goyes afirmó que hay funcionarios que “están con Mario Godoy y quieren protegerlo a él y a todo su ‘entramado’ que está dentro del Consejo de la Judicatura”.
“¿Dónde está el señor Jorge Carrillo, que es quien entregó el pendrive a la jueza Nubia Vera (quien resolvió una acción de protección de la exvicepresidenta Verónica Abad) que es socio de la mujer de Mario Godoy (Dolores Vintimilla) y de Mario Godoy en el estudio jurídico Invictus antes de que ingresen al Consejo de la Judicatura? (…)“, cuestionó la exfuncionaria.
A la vez, la exvocal mencionó que la esposa de Henry Gaibor, exdirector provincial de Pichincha del CJ quien renunció por las alertas del juez anticorrupción Carlos Serrano, trabaja como secretaria de la unidad anticorrupción, mientras que la esposa del contralor general del Estado, Mauricio Torres, también trabaja en la Judicatura, así como el hermano de Fausto Jarrín, exasambleísta y militante del correísmo que asesoraría al presidente Daniel Noboa.
“Así es como han armado un entretelón de relaciones con gente que está ahí haciendo informes hasta forjados (…) toda esa información tiene que pedir la Asamblea Nacional”, dijo Solanda Goyes.
En este marco, Luis Fernando Molina hizo el pedido de información, a través de un oficio remitido al titular de la Judicatura. “La fiscalización exige información verificable. La transparencia no es opcional”, sostuvo el legislador.
Todas estas reacciones se enmarcan en las denuncias que hizo el juez Carlos Serrano de supuestas presiones y amenazas a su integridad luego de la sentencia penal por lavado de activos mediante la cual se condenó a diez años de cárcel al serbio Jezdimir Srdan, quien, durante la audiencia de juzgamiento, realizó una amenaza de muerte cruzando de un lado para el otro el dedo índice por el cuello.
Por esta razón, el Parlamento convocó para el próximo 5 de enero de 2026 a Mario Godoy para que comparezca sobre este caso. El titular del CJ anticipó que acudirá con “información contundente”, por lo cual solicitó licencia para preparar su comparecencia, mientras que el presidente Daniel Noboa le “recomendó” que renuncie a su cargo luego de rendir cuentas en el Parlamento. (I)
