En el pleno de la Asamblea Nacional, la mañana de este martes, 17 de marzo de 2026, arrancó el segundo debate del proyecto de ley reformatoria para el fortalecimiento del sistema penitenciario.
El proyecto se discute en la sesión 078 que se desarrolla en la Universidad Católica de Cuenca.
La iniciativa fue tramitada en la Comisión de Seguridad, presidida por la asambleísta Inés Alarcón, integrante de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN) y propone reformas al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.
La propuesta plantea reformas a varias leyes relacionadas con el sistema penitenciario y busca modernizar la gestión de los centros de privación de libertad. Entre otros aspectos, contempla medidas para fortalecer la seguridad, mejorar los procesos de rehabilitación social y permitir la participación de policías y militares en servicio pasivo en tareas de vigilancia penitenciaria, previa capacitación.
Inés Alarcón, proponente del proyecto de ley, abrió el debate y reconoció que el sistema penitenciario presenta problemas estructurales graves como hacinamiento, corrupción, falta de personal capacitado, deficiencia en la infraestructura y un nulo acceso a programas de rehabilitación.
La legisladora resaltó que para superar esta crisis se requiere una reforma integral al manejo del sistema penitenciario, que combine medidas urgentes con cambios estructurales, como el fortalecimiento institucional del SNAI, dotándolo de recursos, de personal capacitado y de autonomía técnica.
En este marco, la oficialista destacó aspectos relevantes del proyecto, entre ellos: la creación de inteligencia penitenciaria; cubrir el déficit operativo real de guías penitenciarios mediante la incorporación temporal de policías y militares en servicio pasivo; la capacitación y profesionalización de guías penitenciarios, estableciendo requisitos para ingresar a esta profesión; el uso legítimo de la fuerza por parte de guías penitenciarios; y la reclasificación de reos bajo determinados parámetros.
El siguiente legislador en intervenir fue Pablo Jurado, independiente y aliado de ADN, quien también observó que la situación en el sistema penitenciario es compleja y reconoció el trabajo de los guías penitenciarios y el proceso de profesionalización de un cuerpo de guías que propone el proyecto de ley.
“Entendemos que el trabajo de los guías penitenciarios no debe ser nada fácil, pero si tenemos un sistema adecuado, es posible que quienes cuidan a los privados de libertad también tengan las garantías necesarias.”, dijo.
Fabiola Sanmartín y Lucía Jaramillo, de ADN, por su parte, señalaron que la crisis en el sistema carcelario es heredada y reiteraron que puntos como la clasificación de reos, la implementación de la inteligencia penitenciaria y el trabajo de los presos son trascendentes para cambiar la realidad de las cárceles.
“Otro de los puntos más importantes de estas reformas es el trabajo productivo dentro de las cárceles. Miles de personas privadas de la libertad pasan sus días sin hacer absolutamente nada, y eso no debería ser así. Ellos tienen que pagar su deuda con la sociedad; ya sea ayudando a construir escuelas, carreteras, limpiando nuestros ríos, limpiando nuestros mares o realizando cualquier tipo de actividad útil, y no ser una carga para la sociedad. No es justo que los ecuatorianos paguemos de nuestros bolsillos más de 40 millones para alimentarlos. Por eso, quien esté en prisión deberá aprender un oficio, trabajar y producir.”, dijo Jaramillo (ADN).
Por su parte, los legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), Nohemí Cabrera, Jahiren Noriega y Fernando Cedeño, cuestionaron este proyecto de reformas tras observar que se plantean artículos que ya existen. Los asambleístas del correísmo consideraron que la normativa no cambiará la crisis en el sistema penitenciario.
“Las cárceles dejaron de ser centros de rehabilitación para convertirse en centros de operación de las bandas criminales. Las cifras son estremecedoras: entre el 2023 y el 2026, Ecuador supera las 500 muertes por masacres en las cárceles de nuestro país, principalmente en provincias como El Oro, Guayas, Cotopaxi y Azuay. Tras esta tragedia que vivimos, el presidente Daniel Noboa y la bancada oficialista pretenden convencernos de que únicamente esta normativa va a cambiar la realidad y la inseguridad que vivimos en las calles.”, dijo Cabrera.
En desarrollo…
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