Una decena de posibles inconsistencias en la justificación de los ingresos reportados a la campaña electoral de las elecciones nacionales anticipadas de 2023, son parte de los elementos probatorios que sostienen las denuncias por infracción electoral que enfrenta el movimiento político Revolución Ciudadana (RC).
En el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) hay cuatro causas relacionadas con los reportes de la campaña electoral de la RC, basados en denuncias que presentó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint.
En el último trimestre del 2025, el Consejo Nacional Electoral envió al TCE denuncias por infracción electoral relativas al financiamiento de la política, tipificadas en el numeral 1 del artículo 281 del Código de la Democracia, que regía antes de las reformas electorales vigentes desde junio del 2025.
Esta infracción sanciona con multa de 20 a 70 salarios básicos, la suspensión de los derechos políticos de dos a cuatro años, e incluso la cancelación de la inscripción de la organización política, a los responsables económicos, a los representantes de las organizaciones y procuradores comunes en caso de alianzas, que no presenten los informes con las cuentas, el monto de los aportes recibidos, la naturaleza, su origen, el listado de contribuyentes, su identificación plena, respaldos de ingresos y egresos.
De detectarse irregularidades, los candidatos también responderán solidariamente, de manera pecuniaria, según el nivel de responsabilidad, señala la ley.
Los informes de la Dirección de Fiscalización del CNE detallan varios hallazgos: como que faltó documentación de respaldo, que hubo errores en los comprobantes de recepción de contribuciones y aportes; así como, comprobantes de ingreso y egreso que no cumplieron con las especificaciones exigidas por el Consejo.
Que no se reportaron honorarios profesionales del contador, no se justificó los servicios prestados por el diseño de publicidad para pautar en radio, televisión y vallas publicitarias.
No se presentó documentación que justifique la propaganda electoral no reportada en la vía pública; los reportes quincenales al Sistema Contable de Financiamiento de la Política se presentaron fuera de plazo.
Faltaron registros contables; y, faltó documentación que justifique el origen de los aportes, detalla el análisis del órgano electoral.
Por ejemplo, llamó la atención que dos aportantes de $ 3.500 y $ 2.900 no justificaron su relación de dependencia para dar ese dinero.
En un reporte quincenal del 1 al 12 de octubre, una persona aportó $ 1.000, pero su salario en relación de dependencia fue de $ 660; otro, dio $ 2.000 y su sueldo era de $ 500.
También, cinco personas apoyaron, cada una, con valores que iban de entre los $ 4.700 y $ 2.000, pero no habrían justificado su relación de dependencia.
El movimiento correísta declaró un gasto de $ 180.000, pero según las cuentas que se hicieron en el Consejo, se gastó alrededor de $ 300.000 en la primera vuelta presidencial de 2023.
Para la segunda vuelta, la RC habría declarado más de $ 170.000 de gastos, pero, en las cuentas del Consejo bordearon los $ 340.000, de acuerdo con información extraoficial que se presentó al TCE como parte de la denuncia.
La RC, a través de sus representantes, Luisa González, excandidata a la Presidencia y expresidenta del movimiento; y Estefanía Molina, responsable del manejo económico, se defendieron de las observaciones e impugnaron la resolución del Consejo.
Precisaron que no se ha configurado ninguna infracción electoral, ya que no se afectó el examen de cuentas ni la gestión de control de la institución.
Sin embargo, el CNE ratificó las conclusiones del informe y presentó la denuncia por infracción electoral.
Hay dos causas en el TCE relacionadas con las cuentas de campaña de la Revolución Ciudadana, una es en contra de González, Molina, además de Santiago Díaz Asque —procesado por el delito de violación a una menor de edad— como jefe de campaña y, en contra de Andrés Arauz, excandidato a la Vicepresidencia en esos comicios.
El caso está en el despacho del juez Guillermo Ortega, quien convocó a audiencia pública para escuchar las pruebas de cargo y descargo el 13 de marzo de 2026 a las 11:00.
Una segunda denuncia está en trámite de la jueza Ivonne Coloma por la misma causal contemplada en el numeral 1 del artículo 281 de la ley electoral.
En este caso se acusa a González, Molina, Díaz y también a los excandidatos a asambleístas de la RC que participaron en las presidenciales anticipadas de 2023, producto de la disolución de la Asamblea Nacional que decretó el exmandatario Guillermo Lasso.
Coloma convocó a la audiencia pública para escuchar a las partes procesales el 3 de marzo.
Santiago Díaz Asque, ingresa a la Fiscalía General del Estado.
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En el listado de aportantes de la campaña para el binomio a la Presidencia, de Luisa González y Andrés Arauz, consta el nombre de Anabela Pazmiño, esposa de Santiago Díaz, este último que, en medio del procesamiento que enfrenta por el delito de violación a una menor de edad, colabora con la Fiscalía General del Estado en la investigación del caso que se bautizó como Caja Chica.
Se sospecha que en la campaña política de esos comicios se incurrió en el delito de delincuencia organizada, del que se desprendería un posible lavado de activos por dineros que ingresaron, aparentemente, de Venezuela.
Los listados reflejan que Pazmiño hizo un aporte inicial de $ 40 y otro de $ 14.285.
Díaz cumple una medida de prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito y el 30 de enero pasado fue trasladado a la Fiscalía a rendir una versión considerando su actuación como jefe de campaña de la RC.
A su salida declaró a los periodistas que él “trasladó dinero desde Venezuela a Ecuador” por disposición del expresidente de la República y líder del movimiento político Rafael Correa.
Una tercera denuncia en tratamiento la presentó también el Consejo, relacionada con la declaración de aportes de las presidenciales anticipadas de 2023, pero respecto de las cuenta de campaña de los excandidatos a asambleístas del exterior.
La causa está en trámite del juez Richard González, quien convocó a la audiencia pública el 9 de marzo.
El 24 de diciembre ingresó otra denuncia por el manejo de cuentas, que está en el despacho del juez Ángel Torres, aunque no está admitida a trámite por el momento. (I)
