Penas de cárcel que van de siete a trece años para jueces y fiscales que cometan prevaricato y la inhabilitación para el ejercicio profesional o el ejercicio de cargos públicos por el doble de la condena recibida es lo que plantea la nueva Ley de Integridad Pública, aprobada en la Asamblea Nacional el 24 de junio con 84 votos.
