La vocal suplente de Mario Godoy en el Consejo de la Judicatura (CJ), Alexandra Villacís, presentó una acción de protección con medida cautelar tras ser separada del organismo y luego de que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) envió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) una terna para seleccionar su reemplazo.

El recurso fue sorteado a la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte de Guayaquil, conformado por la jueza Natacha Centeno Vera.

La acción de protección es en contra de seis autoridades:

  • Damián Larco, presidente temporal del Consejo de la Judicatura
  • Jorge Maruri Vecilla, director general de la Judicatura
  • Andrés Fantoni, presidente del CPCCS
  • Marco Rodríguez, presidente de la Corte Nacional de Justicia
  • Harold Burbano, ministerio de Trabajo
  • Juan Carlos Larrea, procurador general de Estado

Villacís no pudo asumir la presidencia temporal del CJ, ante la licencia sin sueldo más dos días de vacaciones que pidió Godoy del 9 al 13 de febrero, luego de detectar que tiene un impedimento para ejercer un cargo público que registró el Ministerio del Trabajo, razón por la cual el director del CJ decidió separarla de la institución.

Luego, en una sesión extraordinaria del Consejo de la Judicatura, realizada la madrugada del 10 de febrero, se designó al vocal Damián Larco como presiente del organismo de manera temporal.

En este marco, el Consejo de Participación Ciudadana solicitó a la Corte Nacional el envío de una terna, tras la separación de Alexandra Villacís. La lista fue enviada por Marco Rodríguez, presidente temporal de la CNJ, este 12 de febrero, y la integra la jueza nacional Mercedes Caicedo, el juez provincial Oscar Chamorro y la funcionaria pública María Morejón.

En su acción de protección, Alexandra Villacís argumentó que esta decisión es en defensa del debido proceso, la seguridad jurídica y la institucionalidad.

Esta decisión no responde a un interés personal ni a una disputa de cargos. Responde a la convicción de que cuando existen actuaciones administrativas que pueden afectar derechos sin traslado previo ni oportunidad de defensa, el camino correcto es acudir a la justicia constitucional para que sea un juez independiente quien revise la legalidad de lo actuado”, enfatizó.

A la vez, Villacís subrayó que este recurso es una expresión de confianza en la independencia judicial. “Confío en que los jueces constitucionales analizarán el caso con objetividad, rigor técnico y plena autonomía”, agregó.

La abogada sostuvo que le corresponde a la justicia constitucional determinar si dichas actuaciones se ajustan plenamente al marco constitucional y a las garantías del debido proceso.

“Aquí no se trata de personas. Se trata del país. Se trata de la institucionalidad”, manifestó Villacís en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Luego del envío de la terna por parte del presidente de la Corte Nacional, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, convocó para las 20:40 del viernes, 13 de febrero, a una sesión extraordinaria para el conocimiento de los nombres remitidos.

En tanto, el CPCCS abrió desde este 12 hasta el 27 de febrero las inscripciones ciudadanas para la conformación de una veeduría que dará seguimiento a este proceso de selección. (I)



Source link

Artículo anteriorLa falta de datos fiables complica la movilización de la vivienda vacía en España | Vivienda | Economía