
Cuando faltan doce horas para que concluya el periodo de inscripción de postulantes a fiscal general del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), informó que existen 19 personas inscritas para el concurso de méritos y oposición.
En un breve informativo institucional, el CPCCS señaló que continúa receptando las inscripciones para designar a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado.
Hasta el mediodía existía un total de 19 inscritos a nivel nacional. De ellos, 16 son hombres y 3 son mujeres.
Del número de inscritos en Azuay se inscribió una persona, dos en la provincia de El Oro, una en Guayas, dos en Los Ríos, doce inscritos en Pichincha 12, uno en Santo Domingo de los Sáchilas.
Las personas inscritas se identifican una como afroecuatoriano, trece mestizos y cinco montuvios.
Las oficinas del CPCCS permanecerán abiertas hasta las 24:00 de este miércoles 3 de marzo tanto en Quito como a nivel nacional. Así también en las embajadas y consulados del Ecuador, en el exterior.
Una vez que se cierren las oficinas, toda la documentación que se haya receptado se remitirá a la oficina central en Quito, donde se recopilará en Secretaría General, para luego entregarla a la Comisión Ciudadana de Selección, que es la encargada de revisar la admisibilidad de cada uno de los postulantes.
En el concurso de méritos y oposición se seleccionará al reemplazo de la exfiscal Diana Salazar Méndez, cuyo periodo concluyó en abril de 2025 y asumió como subrogante Wilson Toainga, quien renunció el 21 de noviembre de 2025, y en su lugar el Consejo de la Judicatura nombró a Carlos Alarcón.
Alarcón, actual fiscal subrogante, es uno de los postulantes que también aspira a participar en el concurso. Se conoce que el actual subrogante acudirá al edificio del CPCCS, en Quito, a las 14:30. También la jueza nacional Daniela Camacho ha anunciado su inscripción a las 16:00.
Una vez que se cierren las inscripciones, la comisión ciudadana empezará con la fase de admisibilidad, que consiste en la validación de los documentos presentados por los postulantes para constatar que cumplan con los requisitos de ley y que no estén incursos en inhabilidades para ocupar un cargo público. (I)






























