Al menos cuatro casos legales enfrenta al momento el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez: dos están judicializados y dos denunciados | Política | Noticias

Al menos cuatro casos legales, dos ya judicializados y dos denunciados, mantiene en su contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.

Los dos judicializados son Triple A, en el que se indaga el supuesto tráfico ilegal de combustibles y del cual se realizará la audiencia de juicio este sábado 7 de marzo; y Goleada, en el que se indaga el delito de supuesta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, que está en instrucción fiscal.

Hay otras dos denuncias en trámite de la Fiscalía: una del Registro Civil, por supuesta alteración de documentos, y otra por supuestas amenazas contra el el juez del caso Goleada.

En los dos casos judicializados, el presunto perjuicio al Estado sería de $ 166 millones, aproximadamente.

Alvarez cumple prisión preventiva en el caso Goleada, está detenido en la Cárcel de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi.

A continuación, un resumen de estos procesos.

Caso Triple A

Delito por el que se le procesa: Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.

Quién acusa: Fiscalía General

Acusación particular: Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) y Empresa Pública Petroecuador

De qué se le acusa: Distribución y comercialización irregular de combustibles, lo que habría generado un perjuicio al Estado, debido a diferencias considerables entre el volumen despachado y el facturado por varias estaciones de servicio y empresas comercializadoras.

Perjuicio para el Estado: Según la Fiscalía, el perjuicio económico para el Estado ecuatoriano asciende a $ 61′502.658, 39, correspondiente a 22′777.191,80 galones de diésel y gasolina.

Pruebas que ha dejado ver Fiscalía: Se han anunciado cerca de 110 testigos y peritos para el juicio. Más de 250 elementos de convicción fueron presentados por la Fiscalía en la etapa preparatoria de juicio. Entre esos elementos que en juicio serán pruebas están:

• Reportes del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).
• Evidencia documental que revelaría que la capacidad de almacenamiento de las estaciones de servicio no corresponderían al volumen de combustible comprado.
• Prueba de la compra de combustible destinado a segmentos industriales o navieros por parte de distribuidoras automotrices.
• Elementos de prueba que demuestran una comercialización ilegal de combustible, en la que habría identificado ventas a consumidores finales “fantasmas”, sin registro de placas vehiculares, y cargas de combustible a un solo automotor físicamente imposibles.
• Por ejemplo, entre agosto de 2022 y septiembre de 2024, 145.115 galones de combustible subsidiado fueron cargados en una gasolinera del Guayas, relacionada con la empresa procesada Fuelcorp, a un solo automóvil tipo Chevrolet Cruze. Pericias realizadas concluyen que ese consumo físicamente es imposible, pues para alcanzar esa cantidad el vehículo en cuestión debió haber tenido que tanquear completamente 8,4 veces al día, todos los días, durante más de dos años.
• Existe prueba de los traslados de combustible entre comercializadoras, entre estaciones de servicio y entre segmentos, automotor, industrial y naviero, lo cual es ilegal.
• Elementos de prueba de la venta de diésel subsidiado del segmento automotor hacia depósitos industriales y navieros, donde el combustible se comercializa a precio de mercado.

Etapa del proceso: Juzgamiento

Para el 7 marzo próximo se ha convocado para la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por la Fiscalía y otros dos procesados y también para dar inicio a la fase de juzgamiento de los 22 procesados llamados a juicio.

Una de las apelaciones a la medida cautelar tiene que ver con Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil. El procesado no mantenía puesto el dispositivo de vigilancia electrónica dispuesto en el caso Triple A al momento de que su vivienda fue allanada en el caso Goleada. Ante ese incumplimiento la Fiscalía solicitaría se imponga orden de prisión preventiva. El Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) informó que el grillete electrónico de Alvarez generó 2.769 alertas en ocho meses.

Diferimientos: Al menos 14 diferimientos de diligencias se habrían dado en esta causa en diferentes etapas del proceso. Se ha argumentado cambio de defensa a última hora, enfermedades de abogados (hemorroides, problemas dentales) e incluso en uno de los últimos diferimientos dos abogados de tres procesados pidieron no se instale el juicio por problemas salud, pero los certificados médicos presentados mantenían inconsistencias, por lo que pidieron que Fiscalía inicie una investigación.

Tribunal a cargo: Los jueces anticorrupción Jorge Suidberto Sánchez Pico (ponente), Clara Elizabeth Soria Carpio y Víctor Darío Barahona Cunalata integran el Tribunal de Juzgamiento en el caso.

Procesados: Son 22 personas llamadas a juicio, 16 naturales y seis jurídicas (empresas).

Caso Goleada:

Delito por el que se le procesa: Delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

Quién acusa: Fiscalía General

De qué se le acusa: Los investigados son acusados de ser parte de un “entramado societario complejo” que habría corrompido a funcionarios y evadido el control de instituciones estatales en torno a la comercialización de combustibles.

Perjuicio para el Estado: La dinámica del “grupo criminal organizado” destinado a seguir inyectando capitales ilícitos, así como defraudando tributariamente al Estado, que habría iniciado en 2020, según Fiscalía, generó un perjuicio para el Estado de $ 100 millones

Elementos de pruebas que ha dejado ver la Fiscalía: Un total de 20 elementos de convicción presentó la Fiscalía en la audiencia de formulación de cargos.

• La Fiscalía en audiencia habría detallado la posible actividad de blanqueo de capitales, originado en un “entramado empresarial meticulosamente aceitado” con el presunto fin de vulnerar la seguridad del Estado y el sistema financiero nacional.
• Como parte del entramado estaría la empresa Terminal Naviera Petrolera Ternape Petroleum S. A., junto con una empresa registrada en Panamá y domiciliada en Guayaquil de nombre Flota Naviera Petrolera Flonape Overseas.
• En la audiencia se señaló que como parte del mecanismo evidenciado se compraba el diésel al Estado ecuatoriano afirmando que su destino final sería insegnamento naviero nacional, sin embargo, Ternape, una vez que el Estado le entregaba combustible, lo vendía a precio real a embarcaciones con bandera internacional, recibiendo pagos directos a sus cuentas en Ecuador.
• Según el relato fiscal, Ternape no podía registrar venta internacional, por lo que aparentemente se habrían registrado dichos valores como una deuda a pagar a Flonape Overseas S. A. bajo el argumento de que esta última no tenía cuentas bancarias en Ecuador al estar registrada en Panamá.
• Se cree, a decir de Fiscalía, la supuesta deuda de Ternape se habría cedido a nombre de los mismos dueños de Flonape Overseas S. A.

Etapa del proceso: El 11 de febrero pasado inició una instrucción fiscal de 90 días y si no hay vinculaciones, la etapa se cerrará el 12 de mayo próximo.

Diferimientos: Hasta el momento han dado dos diferimientos de la audiencia de apelación contra las cinco órdenes de prisión preventivas definidas y contra las seis medidas alternativas que se dispusieron contra los procesados, pese a que la Fiscalía también pidió prisión preventiva para ellos. Los procesados que mantienen prisión preventiva han solicitado la apelación, mientras que fue la Fiscalía la que apeló las medidas cautelares de quienes no recibieron prisión preventiva.

Juez a cargo: El magistrado anticorrupción Jairo García.

Procesados: Once personas, entre ellos el alcalde Alvarez y dos de sus hermanos, Antonio y Xavier.

Denuncia penal del Registro Civil

Delitos: Fraude procesal y falsificación y uso de documento falso

Denunciante: Registro Civil del Ecuador.

Hechos denunciados:

• El Registro Civil sostiene que fue “engañado en 2017” al ejecutar la rectificación del acta de nacimiento de Aquiles Alvarez con base en una supuesta sentencia judicial del 26 de noviembre de 2016.
• Ese documento habría dispuesto cambiar su año de nacimiento de 1985 a 1984.
• Según certificaciones del Consejo de la Judicatura de febrero de 2026, el proceso judicial citado no consta en el sistema Satje y el juez que figura como firmante no estaba en funciones en esa fecha.
• La entidad también detectó inconsistencias en el documento, como contradicciones en fechas procesales y errores formales.
• Con base en esa sentencia, en 2017 se marginó el acta de nacimiento y desde 2018 Alvarez ha utilizado su cédula con el año modificado.
• En 2019, Alvarez presentó una acción de habeas data en una unidad judicial de Guayaquil, en la que se dispuso corregir datos de filiación y dejar sin efecto modificaciones anteriores; según el Registro Civil, la institución no fue citada ni vinculada en ese proceso, pese a ser la entidad encargada de la custodia de los datos de identidad.  

Posible motivación señalada en la denuncia:

• La modificación del año de nacimiento habría permitido a Alvarez cumplir con el requisito de edad mínima (35 años) para participar en las elecciones de la directiva del Barcelona Sporting Club en 2019.

Supuesta amenaza contra juez García

Hecho: En medio de la denuncia hecha por el juez anticorrupción Jairo García sobre supuestas amenazas realizados en su contra, dentro de una audiencia de habeas corpus, por el alcalde Aquiles Alvarez, procesado en los casos Goleada y Triple A, el agente fiscal Richard Alvarado, de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, solicita a la Sala Penal de Cotopaxi la copia de audio y video de la audiencia del 14 de febrero pasado, en la que se conectaron los sujetos procesales de la acción constitucional.

Pedido: En el expediente de habeas corpus, el cual fue solicitado el 13 de febrero pasado por Gabriel Tapia a favor de Aquiles Alvarez, consta el oficio enviado por la Fiscalía a la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi el 23 de febrero último solicitando la copia de audio y video de la diligencia convocada el 14 de febrero de 2026 a las 08:00 y que finalmente no se dio porque el accionante, Tapia, desistió de la acción constitucional presentada.

Supuesta amenaza: En esa diligencia, Alvarez no solo habría señalado a “viva voz” que él se siente en indefensión y que es su defensa de confianza quien debe revisar su situación jurídica y presentar cualquier acción, si no también habría dicho: “al juez Jairo García que le deseo suerte en la audiencia y la formulación de cargos por alias Gerente la próxima semana”.

Lo dicho por Alvarez fue interpretado por el magistrado anticorrupción como una “amenaza de forma directa”,. por lo que él denunció el hecho ocurrido al pleno del Consejo de la Judicatura. A decir de García, el alcalde guayaquileño habría señalado todo lo indicado a “viva voz”, inclusive frente a decenas de personas en la sala zoom de dicha audiencia. (I)