Con votos de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), el pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución que pide celeridad a la Fiscalía General del Estado (FGE), al Consejo Nacional Electoral (CNE), Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) celeridad en las investigaciones sobre el financiamiento a la campaña electoral de la Revolución Ciudadana (RC) de 2023.
En la sesión n.º 067 del pleno, que se instaló la tarde de este jueves, 5 de febrero de 2026, el legislador de ADN, Luigui García, presentó un cambio de orden del día para que se debata un proyecto de resolución que tiene tres artículos.
El supuesto financiamientos a la campaña presidencial del correísmo proveniente de Venezuela ya se fiscaliza en la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, presidida por la oficialista Diana Jácome (ADN).
La asambleísta reveló que en el informe que el Consejo Nacional Electoral presentó a la mesa legislativa aparecen los nombres de Luisa González, Andrés Arauz y Santiago Díaz Asque.
En la resolución aprobada por el pleno del Parlamento se rechaza “cualquier intento de injerencia extranjera o financiamiento irregular que busque incidir en los procesos democráticos del Ecuador, por constituir una grave amenaza a la soberanía popular, al orden constitucional y a la voluntad libre del pueblo ecuatoriano”.
Asimismo, se “expone la grave preocupación institucional frente a los señalamientos, indicios públicos y antecedentes que vinculan a organizaciones y actores políticos del Ecuador, en particular al movimiento Revolución Ciudadana, con presunto financiamiento irregular de origen extranjero, incluyendo recursos provenientes del régimen chavista de la República Bolivariana de Venezuela».
El documento sostiene que esto “constituiría una vulneración a la soberanía nacional, a la normativa electoral vigente y a los principios democráticos que rigen el Estado ecuatoriano”.
A la vez, con esta resolución se insta a Fiscalía, al CNE, al TCE y UAFE “a ejercer de manera oportuna y diligente sus atribuciones constitucionales y legales, garantizando actuaciones técnicas, objetivas, independientes y transparentes, frente a los hechos y señalamientos puestos en conocimiento público”. (I)
