La abogada de la Unidad Judicial Civil de Guayaquil, Aura Farfán, aceptó la acción de protección que presentó la jueza de esta unidad, Manuela Piedad Calva Castillo en contra del Consejo de la Judicatura, para dejar sin efecto su destitución.
La magistrada fue separada de sus funciones tras una declaratoria previa de error inexcusable, emitido por la Corte Provincial de Justicia del Guayas.
El 22 de mayo de 2025, la Judicatura abrió un expediente disciplinario en contra de la jueza, ya que habría resuelto una causa, alejada de la pretensión del objeto de la demanda y “tardó en demasía en emitir su sentencia, así como las solicitudes de aclaración y ampliación, deviniendo esto a causar angustia a la defensa de las accionantes”.
La jueza defendió que con el expediente disciplinario se vulneraron sus derechos constitucionales, como el derecho al debido proceso en su garantía mínima de la motivación, rompiendo el principio a la seguridad jurídica.
Asimismo, la magistrada argumentó que en la misma causa que ella tramitó participaron otros dos jueces, quienes, a pesar de haber adoptado decisiones similares dentro del proceso, fueron sancionados únicamente con 30 días de suspensión.
En su acción de protección, la jueza Manuela Piedad Calva Castillo solicitó que se emitan disculpas públicas por parte del Consejo de la Judicatura.
Como parte de este recurso, la jueza Farfán dispuso el reintegro inmediato de la magistrada de Unidad Judicial Civil de Guayaquil.
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