Blackrock, Vanguard, Dimensional Fund o Norges son algunas de las entidades inversoras más potentes del mundo que coinciden en Acciona, cuyo capital fuera del control de la familia Entrecanales asciende al 45%. Muchas tienen la corrupción como línea roja, al menos sobre el papel, a la hora de poner capital en una cotizada, ante lo que fuentes internas reconocen un riesgo de fuga de inversores al estar Acciona en el centro de la investigación de una trama para el pago de mordidas a altos cargos del PSOE. Supuestas entregas a cambio de proyectos de obra pública. Pese a los indicios reunidos por la Guardia Civil, la compañía no tiene entre sus planes, al menos por el momento, ofrecer explicaciones al mercado. Y entre los fondos impera el silencio sobre sus próximos pasos.
La cotización del grupo de construcción y energías renovables cae un 12% en Bolsa desde que la Guardia Civil entrara el pasado día 14 en las sedes de la compañía en Madrid y Bilbao, por orden del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, en busca de documentación que pueda arrojar luz al caso Cerdán. A pesar del descalabro en esta semana negra, la decisión ha sido informar solo al inversor o analista que pregunta. Ni detalle público ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ni encuentro privado alguno para exponer el alcance, menor o mayor, del caso.
Se trata de la misma estrategia seguida el pasado junio, cuando el día 12 vio la luz un primer informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En sus casi 500 páginas se apuntaba al amaño de importantes obras de Adif y la Dirección General de Carreteras, en beneficio de Acciona, con la presunta intervención del que fue ministro de Transportes, José Luis Ábalos, de su asesor Koldo García, y del ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. También se acumularon pruebas contra la que era presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, o del responsable de Carreteras, Javier Herrero.
Acciona dejó pasar dos semanas, hasta la junta de accionistas del 26 de junio, para desligarse ante los inversores de cualquier vínculo con la trama. Entonces habló de Servinabar (empresa que aparece como intermediaria en las mordidas) como una simple colaboradora en un ecosistema de 30.000 socios y proveedores, y se circunscribieron posibles amaños con esa constructora navarra a la actuación en solitario del que fue director de Construcción de la compañía en Navarra, Fernando Merino, despedido en 2021.
La estrategia de reducir a mínimos la comunicación al mercado no fue mal. La tormenta en Bolsa para Acciona pasó pronto. El valor de su acción bajó de 148 a 145 euros en la antesala del verano y recuperó rápidamente el terreno hasta tocar máximos del año el pasado día 13, en 198,1 euros. La acción se deprime hasta los 174,1 euros al cierre de ayer.
El nuevo golpe para la credibilidad de la compañía que ha supuesto el informe de la UCO conocido la semana pasada vuelve a amenazar a la cotización, con los analistas de Bolsa poco preocupados hasta ahora con el vía crucis judicial que podría afrontar el grupo. De hecho, entre las casas de análisis que siguen a Acciona, siete recomiendan vender acciones, por los cinco que recomiendan mantener posiciones y los tres que defienden la decisión de compra. El motivo de una mayoría de consejos adversos es el de una cotización por encima del valor que otorgan a la compañía, no el caso Cerdán.
Contra el futuro de Acciona pesa el escenario de convertirse en sujeto de la investigación, en la persecución de presuntas mordidas por el 2% del presupuesto de distintas obras públicas adjudicadas, e incluso de una condena como responsable civil subsidiario. Desde Podemos se ha recuperado, con el nuevo informe de la UCO, la petición al Gobierno de la suspensión cautelar de Acciona para contratar con la Administración.
Pese al sinfín de indicios reunidos por la UCO, con audios, fotos, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp, la normativa española solo contempla el veto a la contratación pública por un máximo de tres años, en caso de sentencia firme, según se incluyó en 2015 en la Ley de Contratos del Sector Público (artículos 71 a 73). Para una prohibición cautelar, por mandato judicial y desde la primera fase de instrucción de una causa penal, sería necesaria la reforma del artículo 33.7 del Código Penal y del artículo 71 de la citada Ley de Contratos, según apuntan fuentes jurídicas.
Tres jefes
Acciona cuenta con tres investigados en la causa que se sigue contra Santos Cerdán en el Supremo. El primero, quien fue hasta el 16 de junio director de Construcción en España, Justo Vicente Pelegrini, despedido por una “falta de diligencia en el ejercicio de sus responsabilidades de dirección”. Con esa medida no se prejuzgo mayor culpa de una importante figura en la casa, sobre el que ahora hay serias sospechas una vez que la UCO ha aportado pruebas de su relación directa con Cerdán.
También entran en el caso como investigados otros dos directivos de Acciona, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel. El primero es responsable de Acciona Construcción para la Zona Norte, mientras que el segundo tiene responsabilidad sobre la Zona Sur. Los dos han sido suspendidos de forma cautelar por la empresa, que ha ampliado el alcance de su investigación interna, abierta en junio inicialmente para determinar las fallas de sus sistemas de cumplimiento normativo.
Olarte comenzó a prestar servicio a los Entrecaneles en 1991, como jefe de obra de Entrecanales y Tavora, posteriormente fue escalando en el organigrama de Acciona hasta convertirse en responsable de la zona Norte en 2010. García Alconchel, por su parte, es el responsable en África desde 2014, a lo que sumó hace siete años la responsabilidad sobre el mercado en el sur de España.
