Abogados con títulos de tercer nivel en diez ramas del derecho podrán participar en el concurso público de méritos, oposición e impugnación para designar a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, en reemplazo de Diana Salazar.
Para este 13 de febrero de 2026 está previsto que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) difunda la convocatoria oficial en la que se llama a los abogados a participar de este proceso en el que se seleccionará al reemplazo de la última fiscal titular, Diana Salazar, cuyo periodo terminó en abril de 2025, aunque se quedó en funciones prorrogadas por un mes y luego renunció.
La comisión ciudadana —que agrupa a diez personas y es la encargada de desarrollar las cinco etapas de este concurso— aprobó la noche del 10 de febrero el proyecto de convocatoria y los formularios de postulación que deberán llenar los ciudadanos interesados en inscribirse.
En ese texto se detallan aspectos como los plazos para postularse y los requisitos que deben acreditar los participantes, ya que según lo estipulado en el reglamento de selección del fiscal, quienes al momento de la postulación no incorporen todos los documentos requeridos serán inadmitidos.
En el artículo 196 de la Constitución se establece que para ser fiscal se requiere cumplir tres requisitos específicos: ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos; tener título de tercer nivel en derecho legalmente reconocido en el país y conocimientos en gestión administrativa; y, haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria en materia penal por un lapso mínimo de diez años.
Quien llegue a ser electo estará en funciones por seis años sin posibilidad de reelección.
En la normativa se amplían determinados requisitos y prohibiciones para ocupar un cargo público en concordancia con el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y la Ley de Servicio Público (Losep).
No obstante, debido a que el requisito constitucional es haber ejercido el derecho penal, los candidatos que podrán participar serán quienes se hayan especializado en:
- Derecho penal
- Derecho procesal penal
- Criminología y seguridad pública
- Política criminal
- Derecho constitucional
- Litigación oral en materia penal
- Derechos humanos
- Menores y adolescentes infractores
- Gestión pública
- Derecho internacional en materia penal.
Una vez que la comisión ciudadana aprobó el proyecto de convocatoria, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se reuniría este jueves en la tarde para aprobarlo.
El viernes en la noche está prevista la difusión de este llamado en cadena nacional de radio y televisión.
El reglamento da diez días término (días hábiles) para que los abogados se postulen, por lo que, de convocarse el 13 de febrero, el tiempo empezará a correr desde el miércoles 18, cuando termine el feriado por carnaval, hasta el 3 de marzo a las 17:30, cuando se cerrarán las inscripciones.
La propuesta de convocatoria se aprobó con siete votos y dos abstenciones de los comisionados presentes y no asistió a la sesión virtual de la noche del martes el delegado de la Función Electoral, Tayron Valarezo, quien trabaja como community manager y fotógrafo de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint.
La moción de aprobación la planteó la presidenta Cynthia Jacho, quien cuando pidió apoyo de sus colegas para someterla a votación, por varios minutos hubo silencio. Nadie encendía su micrófono para respaldarla.
Jacho volvió a pedir apoyo y después de un momento de silencio, la comisionada Zoila Echeverría la respaldó y se aprobó con siete votos y dos abstenciones, de Natalia Guarnizo y Christian Arpi.
Un requisito nuevo que incluyeron para cumplimiento de los aspirantes es que en su declaración juramentada suscribirán dos cláusulas: que en el caso de no presentar documentos obligatorios aceptarán que serán excluidos del concurso público de inmediato.
Además, a aquellos que les falte un documento, en la etapa de admisibilidad que consiste en la revisión de sus carpetas, la comisión no los subsanará y serán descalificados.
Es decir, los comisionados no solicitarán a las instituciones del Estado o cualquier otra el documento que le falte a un concursante para que siga en el proceso.
Al inicio de la sesión del martes, los comisionados Christian Arpi y Natalia Guarnizo expusieron su preocupación porque el secretario del cuerpo colegiado, Diego Soria, les había enviado una convocatoria con una hora determinada y luego envió otra y con un cambio de hora.
Guarnizo, delegada de la Función Judicial y servidora del despacho de la jueza nacional Daniella Camacho, se abstuvo de votar, incluso del orden del día.
A su criterio, esa atribución de cambiar horas y convocatorias es de quien ocupe la presidencia, no del secretario.
En respuesta, el comisionado David Flores, delegado del Gobierno y servidor del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), llamó la atención a Guarnizo y la descalificó de estar “fuera de lugar”.
Propuso que para las siguientes sesiones, reuniones y demás, se adjunten las horas de registro de asistencia de los comisionados al edificio del CPCCS en Quito.
Su iniciativa se originó en el reclamo de Guarnizo, y en paralelo a que el comisionado Washington Andachi participa en las sesiones desde la cama de un hospital en el que se recupera de tratamientos médicos.
Por sus ausencias, el funcionario gubernamental David Flores le había sugerido que se separara de la comisión, porque no asiste. (I)
