Una versión llena de contradicciones, sin sustento y bastante confusa es lo que dicen los abogados de los investigados en el caso Caja Chica que entregó, el viernes último, Santiago Díaz Asque, un exintegrante del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC) que fue suspendido como asambleísta al ser procesado por el delito de violación contra una menor de 12 años.
Algo más de cinco horas le tomó a Díaz una versión que dijo la daba porque el país “necesita un baño de verdad”. El 27 de enero pasado, la Fiscalía abrió una investigación previa por el delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos contra la excandidata presidencial en 2023 de la RC, Luisa González; el actual asambleísta por Pichincha del correísmo y exgerente de la aerolínea estatal TAME, Patricio Chávez; Suad Manssur, exsuperintendenta de Compañías entre 2011 y 2018; el excandidato presidencial y exsecretario del movimiento de la RC Andrés Arauz; los exministros de Economía y Finanzas del correísmo, Patricio Rivera y Fausto Herrera; la abogada en libre ejercicio que intervino en el caso Sobornos 2012-2016, Bibian Hernández; y el propio líder del correísmo, el expresidente Rafael Correa.
Santiago Díaz Asque ingresa a la Fiscalía General del Estado.
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Los siete sospechosos fueron notificados dentro de una indagación abierta por una denuncia reservada que hablaba del ingreso en efectivo de dinero ilícito desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de la RC de 2023. En esa línea, Díaz Asque, a su salida de la versión rendida en la sede de la Fiscalía General, en el norte de Quito, reconoció que él trasladó por “disposición del presidente (Rafael) Correa dinero desde Venezuela a Ecuador”.
Diego Guarderas, abogado que representó en la versión a Correa, González y Manssur, señaló que lo dicho por Díaz Asque se enmarca en lo que se ha vivido en casos políticos en estos últimos años: “Famosos delatores que inventan un sinnúmero de cosas sin sustento”. Para el defensor, de lo dicho por el versionado se desprenden contradicciones con lo dicho por él mismo o su chofer.
“Él manifestó que era gerente en un tiempo, que tenía algunos cargos. Contó una historia desde el año 2006 hasta la actualidad. Entonces, fue un relato bastante confuso. (…) Decía que ha traído un par de veces dinero, con un relato que casi es increíble, alrededor de 20.000 dólares y 20.000 euros; que hizo unos repartos ahí en la frontera; sumó y restó y después no cuadraban los números, una cosa bastante confusa. (…) Dijo varios nombres de personas que obviamente por el tema de la investigación previa no puedo profundizar. (…) Algo que sí dejó en claro es que el dinero no era en absoluto ilegal, en primer lugar, y que tampoco Maduro le ha dado un centavo”, señaló.
Guarderas dice no entender por dónde va el relato de Díaz Asque, porque además —asegura— este se contradice con la denuncia secreta presentada ante la Fiscalía. Critica que la investigación busque el origen de supuestos recursos traídos para la campaña presidencial de 2023 y el versionante diga que los trajo en abril de 2023. “Yo les pregunto: ¿la señora Luisa González era candidata a algo en abril de 2023? No había ni muerte cruzada (…). Era presidente Guillermo Lasso y Luisa González era asambleísta. ¿Se dan cuenta de la falta de sindéresis que tiene este tipo de narrativas?”.
Una mirada similar del caso y de la versión de Santiago Díaz tiene Gabriel Rivera, defensor de Andrés Arauz, quien mantiene un asilo en México y es procesado en el caso Liga2 por el delito de asociación ilícita. El abogado insiste en que al excorreísta no le coinciden ni las personas ni las fechas ni los montos con otras personas que han rendido sus versiones.
Rivera no ahonda en lo dicho por Díaz en su versión, pues cree que luego lo perseguirán bajo el argumento de que está revelando lo que está en proceso de investigación previa, pero sí dice que demostrarán en el futuro que lo dicho por el versionante no tiene absolutamente ningún elemento aportado que pueda siquiera ser un indicio importante para que continúe la investigación.
“Lamento que la versión del señor Díaz solamente refleje una operación política desesperada del Gobierno nacional. Dice el señor Díaz que él había traído el dinero para financiar una campaña política en 2023. Sin embargo, las fechas, los montos y los lugares son contradictorios con las versiones de su esposa, de su chofer y la de él mismo. (…) Están utilizando a un detenido, a una persona a la que deberían darle las garantías para que cumpla su pena o que se investiguen en un juicio sus conductas por parte de Fiscalía, por las autoridades competentes, y no tratar de utilizar una persona que se encuentre inmersa en un proceso penal para tratar de proscribir al partido político, al movimiento político de mayor apoyo ciudadano”, indicó el abogado Rivera. (I)
