El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha dado luz verde este jueves a la prórroga de la actividad de la central nuclear Almaraz hasta 2030, tal como habían solicitado el pasado mes de noviembre las propietarias de la misma, Iberdrola, Endesa y Naturgy, a las que se han impuesto ciertas condiciones añadidas a las ya previstas en la última autorización, según ha confirmado el organismo. Este no impone inversiones, pues su análisis no es económico sino de seguridad, pero sí plantea requisitos de obligado cumplimiento para las empresas.
Tras conocerse la decisión, el Ministerio de Transición Ecológica ha asegurado que está a la espera de recibir el preceptivo informe del Consejo de Seguridad Nuclear para decidir sobre la renovación de la autorización de explotación, que se prolongaría hasta el 8 de junio de 2030. Fuentes próximas al departamento que dirige Sara Aagesen señalan que “siguiendo el procedimiento establecido, el ministerio estudiará el informe del CSN y toda la documentación que forma parte del expediente, antes de adoptar una decisión sobre la autorización de explotación de la central”, si bien, no especifica plazos. La última palabra corresponde al Ejecutivo.
El protocolo firmado en 2018 entre las propietarias del parque nuclear español y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), sociedad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, contempla el cierre ordenado del parque hasta 2035, empezando en 2027. Las dos unidades de Almaraz eran las primeras en echar el cierre y, aunque desde 2020 contaban con el visto bueno del CSN para funcionar durante 10 años (los permisos del organismo de seguridad se dan por una década), el calendario fijaba el cierre de las plantas cacereñas en siete y ocho años, respectivamente. Esto es, ya tenían permiso para funcionar 10 años, por lo que era de esperar que el CSN no se pronunciase ahora en contra.
En la nota de prensa remitida tras su decisión, el CSN señala que su informe favorable “se apoya en la comprobación del correcto funcionamiento de la central y en el mantenimiento del nivel adecuado de seguridad para continuar su operación”. Este se sustenta en 29 documentos elaborados por 16 áreas especializadas del organismo. Además, “el cumplimiento de las condiciones y compromisos que forman parte de la autorización de explotación vigente se viene verificando mediante la supervisión y el control continuo de la instalación que realiza el regulador”, añade.
Entre los aspectos analizados, se encuentra el relativo al estado del envejecimiento de las estructuras, sistemas y componentes de seguridad, el plan de gestión de vida o la calificación ambiental de equipos. Asimismo, el Consejo ha estudiado el grado de cumplimiento de los planes de acción y mejora asociados a la revisión periódica de la seguridad para el periodo completo de 10 años, que sirvió como base para la anterior renovación del permiso (en 2020) que actualmente se encuentra vigente.
Igualmente, según el CSN, se ha evaluado la capacidad de gestión del combustible gastado por la central hasta 2030 y se ha concluido que, con la incorporación del ATI-100 (Almacén Temporal Individual) proyectado para la instalación, junto con la capacidad ya existente, es suficiente para su almacenamiento hasta 2030. En cuanto a la protección contra incendios o la de recursos humanos, se requiere al titular que mantenga los márgenes adecuados sobre la dotación mínima de personal para puestos relacionados con la seguridad.
En resumen, el informe plantea el mantenimiento de los límites y condiciones de la autorización vigente, con dos excepciones (una para matizar el alcance temporal de la renovación y otra para actualizar las revisiones vigentes para la explotación) y añade una nueva condición: la mencionada sobre dotaciones de personal con funciones relacionadas con la seguridad hasta 2030.
El pleno ya se había convocado el lunes de la semana pasada con el objetivo de debatir el dictamen de los técnicos, pero finalmente quedó pospuesto a petición de uno de sus miembros, que pidió más tiempo para analizarlo. Según el estatuto del organismo, cualquier consejero puede pedir hasta dos aplazamientos para estudiar la documentación y el de la semana pasada había sido el primero. Se esperaba, en cualquier caso, que el pronunciamiento del CSN llegase antes de finales de este mes. El pleno lo componen el presidente, Juan Carlos Lentijo; la vicepresidenta, Pilar Lucio, y tres vocales: Javier Dies, Francisco Castejón y Silvia Calzón.
El dictamen del organismo se circunscribe al ámbito de la seguridad. Ahora, la decisión final (salvo que el CSN hubiese dictaminado en contra) la tiene el Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, que deberá aprobar una orden para formalizar la prórroga. Aunque el cierre del primer reactor de Almaraz estaba previsto para el 1 de noviembre de 2027 y el segundo para un año después, el 31 de octubre de 2028 (los grupos iniciaron su operación con un año de diferencia), las eléctricas decidieron pedir la ampliación de la vida de ambas hasta 2030. Iberdrola, con una participación del 53% y Endesa con un 36% eran partidarias de solicitar una prórroga por 10 años, si bien, Naturgy, con un 11%, se opuso y ganó la partida pues, al estar constituidas las nucleares como comunidades de bienes (Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, o CNAT), las decisiones deben adoptarse por unanimidad.
Endesa e Iberdrola habían venido batallando para lograr un recorte de los impuestos que gravan particularmente a estas plantas, esencialmente, el del combustible nuclear gastado, que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2013 para hacer frente a la deuda del sistema eléctrico. Pero a medida que se acercaba el plazo límite para solicitar la prórroga al CSN (un año antes del cierre previsto), las compañías renunciaron a los recortes fiscales que venían reclamando y que el ministerio consideraba “una línea roja”. Además, han recurrido en los tribunales la tasa de gestión de residuos de Enresa.
