La audiencia de juicio del caso Triple A continúa este sábado, 6 de junio del 2026, en medio de la emisión de una nueva orden de prisión preventiva contra uno de los procesados y con la presentación de los testigos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La diligencia, que se desarrolla en el Complejo Judicial Norte de Quito, se retomó a las 08:45 con la presentación del testigo Washington L., ingeniero en petróleos que trabajó en la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) como especialista técnico en control de combustibles, entre 2020 y 2025.
Una hora antes de la reinstalación del juicio, el Tribunal Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, que tiene al juez Jorge Sánchez como ponente, ordenó la prisión preventiva para Fernando Viteri Henriques, primo del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez Henriques.
Ellos son parte de las dieciséis personas naturales procesadas por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo. Existen también seis empresas procesadas por el mismo delito.
El tribunal también dispuso a la Policía Nacional la localización y captura de Viteri, quien también es procesado y tiene orden de prisión preventiva en el caso Goleada, en el que se investiga el delito de lavado de activos. El primo del alcalde de Guayaquil fue declarado prófugo y se desconoce su paradero.
De acuerdo con la acusación fiscal, las empresas Copedesa, Corpalubri y más, de las que Viteri era su representante, se encargaban de desviar combustible a sectores no autorizados.
Sobre la versión del testigo, el exfuncionario de la ARCH indicó que realizó varios informes sobre las ventas de ciertas gasolineras procesadas y su contraste con facturaciones del Servicio de Rentas Internas (SRI), así como con los despachos de Petroecuador, ante lo cual hubo incumplimientos por vender combustible a un segmento no autorizado, lo que, explicó, podría incurrir en posibles infracciones y delitos hidrocarburíferos.
En su testimonio, el ingeniero mencionó varias empresas, como Corpalubri S. A., Indudiesel S. A., Ternape S. A., Fuelcorp S. A., Bienpetrol S. A., que se dedicaban a la distribución y comercialización de combustible para sectores como el automotor, industrial y naviero, a las cuales se les observó que expendieron el combustible a segmentos no autorizados.
El testimonio se volvió accidentado por innumerables objeciones que presentaron las partes en el interrogatorio y contrainterrogatorio. En este momento, el juez Jorge Sánchez hizo llamados de atención a la fiscal y a los abogados de las partes.
La versión del testigo terminó pasado el mediodía y en la audiencia se recibió a Gabriela I., abogada, quien trabajó en la Dirección de Coactivas e Infracciones de la ARCH, entre 2020 y 2025, como analista instructora dentro de procesos administrativos.
La funcionaria, testigo de Fiscalía, informó que conoció y dio inicio a un expediente de la ARCH contra Indudiesel S. A., empresa a la que se notificó por la venta de combustible a un segmento no autorizado.
La jornada de este sábado se extenderá hasta las 17:00 y seguirá con la presentación de los testigos anunciados por la fiscal del caso, Ruth Amoroso, como parte de la práctica de la prueba.
En esta etapa del juicio, la Fiscalía demostrará la participación de todos los imputados por la comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos. La investigación en Triple A se inició tras una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arconel).
En la denuncia se habría alertado sobre presuntas irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles que habrían generado un perjuicio económico al Estado ecuatoriano debido a diferencias significativas entre el volumen de combustible despachado y el facturado por varias estaciones de servicio y empresas comercializadoras.
De acuerdo con los resultados de la investigación de la Fiscalía, el perjuicio económico al Estado ascendería a $ 61′502.658,39, correspondientes a 22′777.191,80 galones de combustibles entre diésel y gasolina.
El desarrollo de la audiencia de juzgamiento está fijada para el 7, 8, 9, 10, 13 y 14 de junio. (I)
