La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha exigido este viernes al Ministerio del Interior la derogación del registro de viajeros tras el expediente que la Comisión Europea lanzó el jueves contra España, al considerar que el real decreto que lo amparaba vulnera la normativa sobre protección de datos. “La Comisión considera que el volumen de datos personales exigidos, incluido el medio de pago o la localización GPS, son excesivos”, señala el expediente, que también considera “desproporcionado” el período de tres años en el que se deben conservar todos los datos.
En un comunicado, la patronal hotelera demanda, al margen de su retirada, la apertura inminente de una mesa de diálogo constructivo que incorpore a todos los agentes implicados. “La Confederación se pone a la entera disposición del Ministerio del Interior para diseñar un sistema alternativo apoyado en soluciones tecnológicas avanzadas. Es totalmente viable articular un método de transmisión de información eficaz, fiable y moderno que agilice las labores policiales y que, de forma simultánea, respete rigurosamente la privacidad de las personas y el derecho comunitario a la libre circulación dentro de la Unión Europea”, precisa.
La entrada en vigor, el pasado 2 de diciembre, del nuevo registro de viajeros para actualizar la anterior norma, considerada obsoleta e inservible por sus 65 años de antigüedad, estuvo envuelta en polémica por el choque entre el Ministerio de Interior y los dos grandes sectores afectados (hoteles y agencias de viajes). Interior aprobó el real decreto 933/2021, que obligaba, según las empresas afectadas, a recopilar hasta 42 datos diferentes sobre el cliente que se alojaba en un hotel o compraba un viaje en una agencia de viajes. Los sectores denunciaban que o bien no tenían acceso a muchos de ellos o que hacerlo podía vulnerar algunas leyes. El departamento dirigido por Marlaska rechazaba el cálculo de los hoteleros y rebajaba el número de datos a 13, solo dos que más que antes de la entrada del citado real decreto, justificando su necesidad por los importantes réditos logrados en materia de seguridad ciudadana, con 18.000 órdenes de busca y captura sobre delincuentes generadas en 2023 y 2024.
Hoteles y agencias de viajes tenían que darse de alta en una plataforma habilitada por Interior (SES Hospedajes) y transmitir periódicamente los datos solicitados. “Queremos que se nos exima de esas obligaciones por distintas razones. La más importante es que aportar información sobre teléfono móvil, correo electrónico, la relación de parentesco entre viajeros, el precio de la estancia, el medio de pago o el número de cuenta vulneraría la protección de datos”, reclamó Ramón Estalella, secretario general de Cehat, en una entrevista con Cinco Días un mes antes de la entrada en vigor de la norma.
La defensa de los hoteleros, que fue avalada el jueves por Bruselas, se basaba en la sentencia C-817/19 del Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE), fechada 21 de junio de 2022, en la que se incide en que las medidas de tratamiento masivo de datos personales previstas en el real decreto vulneran las normativas comunitarias sobre protección de datos y privacidad, entre los que se encuentran los incluidos en los medios de pago. “Las quejas de los viajeros por los controles contra su privacidad, el ignorar de forma premeditada la normativa europea y rechazar cualquier sugerencia del sector turístico para su mejora han creado un problema donde no existía. Este expediente europeo ha de provocar un cambio radical en la legislación que permita construir juntos una España más segura para todos”, reclamó Jorge Marichal, presidente de Cehat.
