La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) informó a la Asamblea Nacional que existen al menos tres investigaciones previas en curso en la Fiscalía General del Estado por presuntas irregularidades relacionadas con procesos de facturación y refacturación del consumo eléctrico dentro de un caso objeto de fiscalización legislativa por una supuesta estructura de corrupción que habría operado durante más de una década.
La información consta en un oficio remitido el 22 de mayo de 2026 por la gerenta general de CNEL EP, Jenny Desiderio, a la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, la legisladora oficialista Valentina Centeno, quien impulsa un proceso de fiscalización sobre las anomalías detectadas en la empresa pública.
La mesa legislativa inició la fiscalización luego que el Gobierno denunciara públicamente una presunta red que habría ocasionado perjuicios al Estado por alrededor de $ 300 millones mediante alteraciones en planillas de consumo, reclamos irregulares y manipulación de sistemas eléctricos.
En el documento enviado a la Asamblea, CNEL EP señala que, “frente a la presunta estructura de corrupción que operaba el sistema comercial”, la empresa ejecutó acciones judiciales y presentó varias denuncias ante la Fiscalía.
La primera investigación corresponde a la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública. Según el oficio, el origen del caso fue un reporte ciudadano realizado al sistema 1-800-DELITO, en el que una persona identificada como “Pablo” alertó sobre funcionarios presuntamente implicados en hechos de corrupción en varias unidades de negocio.
CNEL indicó que esta causa se encuentra en “investigación previa en curso” y precisó que la empresa compareció ante la Fiscalía para entregar información sobre funcionarios que “podrían tener conocimiento de los hechos denunciados y que tenían acceso al sistema comercial SAP”.
La segunda investigación, también en curso, fue abierta tras auditorías internas y operativos conjuntos ejecutados por la Policía Nacional y la Fiscalía el pasado 28 de abril. La denuncia incluye presuntos delitos de peculado, ataque a sistemas informáticos, delincuencia organizada y falsificación de documentos públicos.
CNEL informó además que solicitó la acumulación de esta investigación con la causa originada por el reporte ciudadano.
A estas causas se suma otra denuncia presentada en Santa Elena tras un allanamiento realizado en esa unidad de negocio. El proceso investiga un presunto delito de peculado.
Los casos se originan luego de los operativos ejecutados a finales de abril en las instalaciones de CNEL y de la Empresa Eléctrica Centro Sur en Guayas, Santa Elena y Azuay.
Según el contexto expuesto por el Gobierno, la investigación arrancó tras una auditoría interna solicitada por la hoy exministra de Energía y Minas Inés Manzano. El presidente Daniel Noboa aseguró entonces que se desarticuló una estructura que habría operado durante once años.
De acuerdo con el parte policial citado en las investigaciones, el denunciante afirmó que funcionarios manipulaban el sistema de facturación para reducir valores del consumo eléctrico o eliminar deudas mediante reclamos administrativos.
En un video difundido el pasado 28 de abril, Manzano explicó que uno de los mecanismos detectados consistía en alterar desde el sistema interno las lecturas reales de consumo para generar nuevas facturas con valores menores.
“Dos mecanismos distintos, una misma consecuencia: evitar que se pague el valor real de la energía consumida”, afirmó Manzano en esa ocasión.
En su respuesta a la Asamblea, CNEL también entregó cifras sobre reclamos y refacturaciones registradas en la empresa.
Entre enero y diciembre de 2025 se contabilizaron 88.990 reclamos, mientras que entre enero y abril de 2026 se registraron 34.365 casos.
Respecto a las refacturaciones, la empresa remitió un anexo técnico en el que se detallan ajustes realizados entre enero de 2025 y abril de 2026. Según ese documento, el monto asociado a refacturaciones en 2025 alcanzó los $ 39,2 millones, mientras que la cifra llegó a $ 12,9 millones en los primeros cuatro meses de 2026.
CNEL explicó que esas refacturaciones incluyen “ajustes automáticos realizados por el sistema comercial, ajustes dentro del proceso de control de calidad y compensaciones”.
No obstante, la empresa reconoció limitaciones en la identificación de los usuarios que ejecutaron las modificaciones en el sistema.
“Existe una limitación en los reportes actuales en relación con la correcta identificación del usuario que ejecutó la refacturación”, señaló la entidad en el oficio remitido a la comisión. Agregó que actualmente se realiza “la revisión y posterior corrección” de ese reporte.
La empresa pública también remitió información sobre informes de auditoría, matrices de riesgos y un plan de acción institucional orientado a fortalecer controles internos y reducir riesgos operativos y comerciales.
Ese plan contempla medidas a corto, mediano y largo plazo, aunque el oficio no detalla públicamente las acciones específicas.
La Comisión de Desarrollo Económico aprobó semanas atrás el inicio del proceso de fiscalización y anunció que convocará a las autoridades relacionadas con el caso, además de requerir documentación técnica y administrativa. (I)
