Los cuatro meses de plazo para elegir a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado se acabaron sin que la comisión ciudadana haya concluido el concurso público al que aún le faltan completar cuatro fases.
A este 2 de junio de 2026, la comisión ciudadana encargada de desarrollar el concurso público de méritos, oposición e impugnación para seleccionar al fiscal general lleva 131 días en funciones, equivalentes a cuatro meses y once días, desde su posesión el 22 de enero de 2026.
El reglamento que rige a las comisiones ciudadanas establece en su artículo 75 que sus diez integrantes ejercerán funciones “mediante una designación de periodo fijo por un lapso de cuatro meses, contados a partir de su posesión, periodo en el cual deberán llevar a cabo todo el concurso de méritos y oposición para la selección y designación de la autoridad».
Solo en el caso de situaciones no previstas, ajenas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), se podrán prorrogar las funciones por un periodo adicional de hasta dos meses y mediante resolución motivada del pleno, en el que se valorará el estado de avance del proceso.
Esta normativa se aprobó el 9 de mayo de 2025 y el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, la alababa como un conjunto de reglas que obligarían a que se cumplan plazos; de lo contrario, habrá consecuencias.
“Hemos cambiando el reglamento, pues antes no tenía tiempos limitantes ni techos, por eso es que los concursos duraban tres, cuatro años, y no pasaba nada”, subrayó Fantoni en una entrevista con la radio Centro de Guayaquil el año pasado.
En otra entrevista con el programa Un Café con JJ, también del año anterior, Fantoni aseguró que si no era en diciembre, en febrero de 2026 estaría electa la nueva autoridad que reemplazaría a Diana Salazar, cuyo periodo acabó en abril de 2025.
Con una resolución se modificó lo dispuesto en el reglamento
No obstante, la presidencia de Andrés Fantoni ya predecía que no se cumplirían los términos contemplados en el reglamento.
Una vez que se posesionó la comisión ciudadana, sus integrantes sesionaron el 11 de febrero y aprobaron el plan de trabajo y cronograma en el que se incluyó un párrafo que exige contar con un tiempo prudencial para cumplir con su tarea.
“El plan de trabajo y el cronograma propone que la comisión cuente con un periodo de gestión que le permita cumplir con los términos establecidos en el reglamento del concurso (para elegir al fiscal), el cual deberá computarse a partir de la fecha de publicación de la convocatoria al concurso público en cadena nacional de radio y televisión. Este término deberá ser razonable y proporcional para el cumplimiento integral, ordenado y eficiente de todas las fases del concurso”.
El pleno del CPCCS conoció ese plan en una sesión del 12 de febrero, acogió el pedido y dispuso que el “plazo determinado para la ejecución del concurso regulado en el artículo 75 del reglamento de comisiones ciudadanas deberá computarse a partir de la publicación de la convocatoria al concurso público… dejando a salvo las modificaciones al cronograma y plan de trabajo que puedan suscitarse conforme a la identificación de caracteres flexibles y de ajuste del cronograma identificados por la comisión, situaciones que deberán ser presentadas con la motivación correspondiente y aprobadas por el pleno del CPCCS”.
Bajo ese contexto, el 13 de febrero de 2026 se hizo la convocatoria a participar de la competencia, aunque el 19 de junio próximo se completarían los cuatro meses que da el reglamento para acabar el proceso o solicitar que se amplíe dos meses.
Fase de méritos, pendiente de cerrar
Actualmente, la elección del fiscal general se encuentra en la etapa de calificación de méritos de 28 concursantes, en la que se puntúan la experiencia laboral, educación y trayectoria sobre 50. Los otros 50 puntos corresponden a la prueba oral, con lo que suman los 100.
El 27 de mayo último, la comisión resolvió negar a diez aspirantes sus solicitudes de recalificación y aceptó parcialmente los doce restantes pedidos.
Todavía se desconoce el reporte final de las calificaciones que obtuvieron los participantes, que podrían modificar los lugares de los mejor puntuados en esta etapa, entre los que están la jueza nacional de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Daniella Camacho y el fiscal subrogante, Carlos Alarcón.
Según los términos reglamentarios, hasta este lunes los comisionados tendrían que notificar a los 22 de los 28 postulantes con la resolución que acepta o niega sus pedidos.
En otros dos días adicionales tendrán para elaborar su informe final de la etapa y enviarlo al CPCCS, que a su vez tendrá otros dos días para pronunciarse sobre el documento.
Esto cerrará la fase para pasar a la impugnación ciudadana, en la que la sociedad civil puede objetar a los participantes por falta de probidad, idoneidad, ética o incumplimiento de requisitos, o estar incursos en inhabilidades o prohibiciones de ley.
El siguiente paso será evacuar el examen de conocimientos y oral sobre 50 puntos, lo que determinará quién será el mejor puntuado y presidirá la Fiscalía.
Estas comisiones ciudadanas se conforman con cinco personas electas en representación de la ‘ciudadanía’ y las otras cinco son delegados de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.
El reglamento dispone que, si esta comisión no elige al fiscal general en el periodo de funciones previsto, incluida la prórroga, sus miembros serán “cesados en funciones” y se enviará a la Contraloría General un informe que detalle lo que se incumplió y quiénes ocasionaron el retraso.
Otros concursos que no avanzan
En los primeros nueve años de gestión del Consejo de Participación Ciudadana, estos concursos públicos para elegir altos funcionarios tomaban, generalmente, entre siete u ocho meses.
En la actualidad, los plazos que se imponen en las normativas no se cumplen.
Por ejemplo, la renovación de dos vocales principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) está pendiente desde el 2021, cuando se cumplió el primer tercio de actividades de los consejeros electos en el 2019 por voto popular.
El concurso está haciéndose desde marzo de 2023 y avanzó hasta la calificación de méritos, y de allí no avanza.
La comisión ciudadana intentó por dos ocasiones convocar al examen escrito y oral, pero el bloque de mayoría del pleno del CPCCS, liderado por Fantoni, impidió pasar a esta etapa.
Entre las razones, se dijo que el banco de preguntas para el examen escrito que elaboró un grupo de catedráticos podría haberse filtrado, por lo que dejaron sin efecto lo actuado y se ordenó repetir esta etapa.
Otros concursos pendientes y que tienen autoridades prorrogadas por varios años son la Defensoría del Pueblo y los cinco jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
El viernes último se reunió un equipo técnico conformado por el CPCCS para preparar la elección de los miembros de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa) y del Comité Intersectorial de Desarrollo de Fronteras.
Estas siete personas no son servidores del CPCCS, sino que se las contrató bajo la modalidad de servicios profesionales para que hagan un diagnóstico del avance en los procesos de selección.
En la reunión que mantuvieron el 29 de mayo pidieron al pleno del Consejo de Participación que cumplan una resolución tomada por sus consejeros y se instalen mesas técnicas para actualizar los reglamentos.
Aprovecharon para recordar que sus contratos son de servicios profesionales y que requieren garantizar su estabilidad laboral. (I)
