Un empleado copia un contrato con datos de sus clientes en ChatGPT para resumirlo en minutos. Otro usa estas herramientas para elaborar informes con datos privados de su empresa. Un tercero redacta escritos con su cuenta personal para ir más rápido. Y ninguno avisa a la compañía. El uso de inteligencia artificial (IA) en la sombra, también conocido como shadow AI, se ha colado en el día a día de muchas organizaciones como un atajo utilizado por los empleados para ser productivos y contentar al jefe. Sin embargo, esta práctica toca el terreno del derecho laboral, en el que los empresarios se plantean si estos comportamientos son sancionables o, en los casos más graves, pueden acabar en despido.

El uso de chatbots a escondidas no parece una moda pasajera. El uso de la IA en el entorno laboral ya es una realidad. Cerca de siete de cada diez trabajadores utilizan estas herramientas en su rutina diaria, según un estudio elaborado por la consultora VML The Cocktail y la plataforma Salesforce. Y, en muchos casos, lo hacen sin permiso: al menos el 61% de los empleados reconoce usar este tipo de tecnologías sin el conocimiento ni consentimiento de su empresa.

¿Esta clase de conductas merecen una sanción? La respuesta corta es: depende. El castigo por usar la IA a escondidas varía según la política interna de cada compañía. También depende de si el hábito del empleado es puntual o reiterado, del cargo que ocupe o las consecuencias que esta costumbre pueda tener para la empresa. “No es lo mismo usar ChatGPT para redactar un correo interno que volcar información confidencial de clientes sin garantías de seguridad y protección de datos”, ejemplifica Román Gil Alburquerque, socio de Sagardoy Abogados. En cualquier caso, esta clase de sanciones suelen ir “desde una amonestación escrita hasta la suspensión de empleo y sueldo”, señala el experto.

El escenario se vuelve más delicado cuando se toca información confidencial. El Estatuto de los Trabajadores contempla el despido disciplinario —sin derecho a indemnización— si el empleado usa la IA a hurtadillas. “Por ejemplo, introduciendo información confidencial o documentos internos sensibles o de clientes”, apunta Raúl Rojas, socio de laboral en Ecija. También se podría acusar al empleado de “una posible disminución continuada y voluntaria del rendimiento si el uso de IA provoca errores graves o incumplimiento de objetivos”, añade el experto. Otra conducta que podría dar pie al despido es atribuirse un trabajo creado totalmente por inteligencia artificial.

Ahora bien, para sancionar no basta solo con sospechar. Las empresas necesitan acreditar esa mala praxis y, para ello, deben controlar su infraestructura. “Pueden monitorizar el uso de sus propios sistemas o auditar qué plataformas externas se visitaron, qué datos se transfirieron y desde qué redes”, apunta Gil Alburquerque. Pero ello no significa que las compañías tengan carta blanca para vigilar al trabajador. Si la prueba se obtiene “vulnerando derechos fundamentales —por ejemplo, accediendo sin garantías a un móvil personal o sin haber informado previamente de las políticas internas—, puede ser nula y hacer que el despido sea declarado improcedente”, subraya Rojas.

A ciegas

El problema es que muchas empresas no tienen control sobre una tecnología que sus propios trabajadores ya usan a diario. “Todavía no han definido qué herramientas pueden utilizar sus empleados, para qué finalidades, con qué tipo de información y bajo qué condiciones”, apunta Marcos Judel, socio de Audens. Y, cuando sí intentan regularlo, añade el experto, a veces caen en otro error: “Pensar que la solución pasa simplemente por prohibirla de forma general”.

Pero cortar de raíz el uso de la IA rara vez funciona. “Como regla general provoca tensiones y suele ser poco realista, porque los empleados la van a utilizar por su cuenta si les ayuda a trabajar mejor”, advierte Judel. Y es ahí cuando aparecen los dilemas para las empresas. “Puede generar problemas de confidencialidad, protección de datos, propiedad intelectual e industrial o cumplimiento contractual con clientes o proveedores”, resume. En los entornos más sensibles, además, el impacto puede ser aún mayor. “En sectores regulados —como el financiero, sanitario o legal, puede suponer otro tipo de incumplimientos como el secreto bancario, del abogado-cliente o de la historia clínica del paciente”, señala Cecilia Álvarez Rigaudias, miembro de la junta directiva de APEP·IA.

Para no pisar minas legales, Álvarez Rigaudias sostiene que las empresas deben dotarse de políticas internas claras y formar bien a los empleados. Además, las entidades deben poner a su disposición herramientas corporativas fiables y autorizadas para no asumir riesgos innecesarios. Y hay un motivo de peso porque, como recuerda Judel, quien responde no es el trabajador, sino la organización. “La responsabilidad hacia fuera la va a asumir normalmente la empresa, ya que es la que tiene deberes de confidencialidad, seguridad y asume las reglas contractuales”, aunque ello no impida que la compañía pueda actuar después contra el empleado.

Las compañías se encuentran en una encrucijada. Por un lado, evitar que el uso descontrolado de la inteligencia artificial se traduzca en conflictos laborales con la plantilla, fugas de información o daño reputacional. Por otro, no quedarse atrás por no haber incorporado una tecnología que, en la luz o en la sombra, ya forma parte de la rutina laboral. “El problema no es el uso de la IA en sí, sino la pérdida de oportunidad de mejorar el negocio por un uso sin gobernanza, sin evaluación y sin control”, concluye Álvarez Rigaudias.

Dispositivos personales

Las dudas sobre el control del uso de la IA aumentan cuando la vigilancia escapa del entorno corporativo y pasa al dispositivo personal del trabajador. “El empresario puede fijar reglas y condicionar el uso de redes o aplicaciones corporativas, pero el acceso a los contenidos del dispositivo personal del trabajador chocaría de frente con el derecho fundamental a la intimidad”, apunta Raúl Rojas, socio de Ecija. “La empresa no puede acceder al dispositivo personal del trabajador sin su consentimiento o sin resolución judicial”, afirma Román Gil, socio de Sagardoy Abogados.



Source link

Artículo anteriorAquiles Alvarez mantuvo 29 visitas presenciales y telemáticas en la cárcel del Encuentro: ‘Ya te mandé a decir que no voy a firmar nada’, dijo al ser notificado de remoción | Seguridad | Noticias