El pleno de la Asamblea Nacional se alista para debatir el primer informe del proyecto de ley orgánica reformatoria para la prevención y erradicación del reclutamiento o utilización de niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa, impulsada por la vicepresidenta María José Pinto y el ministro del Interior, John Reimberg, a través de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), propone un marco jurídico para prevenir, erradicar y sancionar el reclutamiento o utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos de delincuencia organizada, estructuras criminales o grupos armados regulares o irregulares.
El proyecto plantea reformas a once cuerpos normativos, como el Código de la Niñez y Adolescencia; el Código Orgánico Integral Penal (COIP); la Ley de salud mental; la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOES); la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES); la Ley de Cultura, entre otros.
Incremento de la pena por el reclutamiento de menores
Modificando el COIP, el documento sugiere sustituir el artículo 127 sobre el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, para que “la persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, o independientemente de este, reclute, utilice o enliste a niñas, niños o adolescentes en las fuerzas armadas regulares o irregulares o grupos armados; o para participar en el conflicto armado, sea sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.”
Asimismo, cambiando el primer párrafo del artículo 430.1, se propone presentar denuncias con reserva de identidad, la cual será registrada con un código alfa numérico especial que identifique a la persona denunciante y con el propósito de preservar la integridad física, psicológica y material, así como las condiciones laborales actuales del denunciante y su familia.
Reformas al Código de la Niñez y Adolescencia
El informe para primer debate plantea agregar después del artículo 20 de esta norma un apartado esclareciendo que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la protección digital integral y a crecer en entornos digitales seguros, libres de violencia, explotación, manipulación algorítmica, publicidad dirigida, reclutamiento o utilización y cualquier forma de vulneración de sus derechos.
Para esto, propone el texto, “la autoridad encargada de la regulación y control de telecomunicaciones, por orden de autoridad judicial competente, realizará el bloqueo dinámico y temporal a los prestadores del servicio de telecomunicaciones de los accesos a direcciones IP, Dominios, URL y cualquier otra dirección para aquellos casos en que se identifique contenido de material de reclutamiento o utilización de niñas, niños y adolescentes.”
Para el cuidado y supervisión de entornos digitales, que consta en el artículo 66 de este código, el informe señala que la madre, el padre o quienes ejerzan la responsabilidad de cuidado de niñas, niños y adolescentes tienen el deber de orientar, acompañar y supervisar de manera progresiva y acorde a la edad y nivel de desarrollo el uso de dispositivos electrónicos, plataformas digitales, redes sociales, videojuegos y entornos virtuales, con el fin de proteger su desarrollo integral y prevenir situaciones de riesgo, violencia, explotación, reclutamiento o utilización por parte de la delincuencia organizada.
Sustituyendo el artículo 396, el texto establece que la seguridad interna y externa de los centros de adolescentes infractores, será responsabilidad del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y de Atención Integral a Adolescentes Infractores, a través de un equipo profesional especializado de seguridad para Centros de Adolescentes Infractores, que forma parte del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria.
Salud mental para niños y adolescentes
La propuesta sugiere sustituir el tercer párrafo del artículo 8 de la ley de Salud Mental para que las instituciones del Sistema Nacional de Salud implementen servicios especializados de salud mental para niñas, niños y adolescentes, orientados a la atención, recuperación y acompañamiento psicológico de quienes hayan sido afectados por el reclutamiento.
Reformas a la Ley de Educación Intercultural
Al modificar este cuerpo normativo, el proyecto de ley para prevenir el reclutamiento plantea incluir en la formación inicial, y formación continua de los profesionales de la educación, programas formativos para la identificación de riesgos, prevención del reclutamiento o utilización de niñas, niños y adolescentes y acompañamiento escolar especializado a estudiantes afectados.
En tanto, añade un texto al artículo 108 de la LOEI, para que las instituciones educativas públicas, fiscomisionales, municipales y particulares cuenten con protocolos de prevención, identificación y actuación frente a riesgos de captación, reclutamiento o utilización de niñas, niños y adolescentes por estructuras criminales, economías ilegales o a través de medios digitales, garantizando la articulación interinstitucional y el interés superior del niño.
Cambios en la Ley Orgánica de Educación Superior
Asimismo, este proyecto de ley sugiere una reforma para fomentar, incentivar y articular la investigación académica, interdisciplinaria y aplicada sobre los factores educativos, sociales, territoriales y económicos asociados al reclutamiento, o utilización de niñas, niños y adolescentes.
Reformas a la Ley de Cultura
El informe para primer debate propone modificar el artículo 8 de la Ley de Cultura para que se implementen programas y lineamientos de política pública orientados a:
- a) Fomentar el acceso a bienes, servicios y espacios culturales seguros para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad o riesgo, víctimas de reclutamiento o utilización, fomentando el uso creativo del tiempo libre y el desarrollo de habilidades artísticas como factores protectores; y,
- b) Desarrollar estrategias pedagógicas y artísticas especializadas para la atención y reintegración social de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, reclutamiento o utilización, reconociendo a la práctica cultural como un medio para la restitución de derechos, la sanación psicoemocional y la construcción de nuevos proyectos de vida.
Esto a través de la articulación entre el ente rector de la Cultura y el Patrimonio, en coordinación con el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de Niñez y Adolescencia y los entes rectores de seguridad ciudadana, protección interna y orden público.
El informe para primer debate fue elaborado por la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, presidida por la legisladora de ADN, Diana Jácome, y se debatirá en el pleno del Parlamento este miércoles, 27 de mayo de 2026, en la sesión 095 que fue convocada para las 11:00. (I)
