La reina de las amas de casa estadounidenses, Martha Stewart repartía zumo de naranja, brioches y cruasanes a los operadores de la Bolsa de Nueva York el 19 de octubre de 1999. Había sacado a Bolsa un imperio de revistas, radio, televisión y venta de artículos para el hogar. Cinco años después, en 2004, fue declarada culpable dentro de un escándalo de información privilegiada. Una (mala) práctica tan vieja como las propias finanzas, a la que se refieren en sus novelas Alejandro Dumas, Benito Pérez Galdós o Émile Zola. Autoridades y empresas cuentan para combatirla con un arsenal de mecanismos que no siempre consiguen resultados, pues inferir que alguien ha jugado con las cartas marcadas es muy sencillo, pero demostrar quién y cómo lo ha hecho resulta extremadamente complicado.
Décadas más tarde, las sospechas de uso de información privilegiada siguen a la orden del día: diversas investigaciones han detallado transacciones sospechosas sobre el petróleo por hasta 7.000 millones de dólares, pues anticipaban con precisión los movimientos del mercado provocados después por la actividad en redes sociales de Donald Trump. Por ahora solo se ha producido una detención, la del soldado Gannon Ken Van Dyke, quien se lucró con 400.000 dólares apostando en Polymarket sobre la detención de Nicolás Maduro. En España, el exjugador del F.C. Barcelona Gerard Piqué y el empresario José Elías han recibido recientemente una multa de 300.000 euros por realizar operaciones en 2021 con datos que deberían ser confidenciales.
“A quien se caza es al novio de la secretaria, al pequeño inversor incauto que invierte a pecho descubierto”, aseguraba en el año 2000 en el Congreso de los Diputados el entonces presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Juan Fernández-Armesto, preguntado por el supuesto uso de información privilegiada por el expresidente de Telefónica Juan Villalonga. Dos años después el mismo supervisor trasladaba a la fiscalía unas irregularidades en la opa lanzada por la firma suiza Xstrata sobre Asturiana del Zinc que se saldaron con una multa récord para el consejero de Xstrata (y una de las mayores fortunas de Suiza) Thomas Schmidheiny: 1,5 millones de euros.
El caso de Piqué y Elías es un ejemplo de libro de texto. Una empresa, Aspy, recibe una oferta de compra por parte de otra, Atrys Health, y a consecuencia de ello sube en Bolsa… Pero las alzas de precio y un mayor volumen de negociación en las jornadas previas al anuncio sugieren filtraciones. Cinco años después la CNMV ha considerado probado que Elías, accionista y consejero delegado de Aspy (y de otras compañías como la firma de energías renovables Audax), informó al futbolista de unas negociaciones confidenciales (algo que el propio Elías ha negado aludiendo a una tercera persona que comió con ambos y que trabajaba con él). El deportista adquirió un paquete de más de 100.000 acciones dos días antes de hacerse pública la oferta y lo vendió una semana después con una plusvalía de unos 50.000 euros. Una cantidad similar a lo que le pagaba su equipo por jugar al fútbol en un solo día o, como era el caso en esas fechas, ser baja por lesión.
Combatir esta picaresca y detectar posibles irregularidades requiere de un sistema de varias capas y actores. De un lado, las entidades financieras que facilitan a los inversores ejecutar las compraventas de instrumentos financieros cuentan con una variedad de mecanismos para detectar abusos. De otro, las empresas cotizadas están obligadas a implantar toda suerte de barreras, tanto para su alta dirección como para empleados que pueden manejar información sensible. Y, finalmente, el responsable último de poner orden en el mercado es la CNMV. “Cada entidad regulada tiene un procedimiento de comunicación. Si la propia entidad detecta una actividad sospechosa tiene la obligación de comunicarlo a la CNMV”, detalla Josefina García Pedroviejo, socia de Servicios Financieros del despacho Pérez-Llorca.
Para ello el sector cuenta con herramientas informáticas específicas que vigilan las operaciones. “Nuestras alertas para detectar conductas de manipulación o información privilegiada son dinámicas y pueden ser ajustadas en función de las condiciones del mercado y los clientes”, explica el departamento de cumplimiento normativo del banco Renta 4. Si los sistemas de la entidad saltan al detectar movimientos inusuales, se activa un proceso donde entran situaciones de mercado, nombres y apellidos y hábitos de inversión.
La alarma llega al departamento de control de cada entidad, que analiza qué tipo de inversor está detrás y que es el encargado de advertir al supervisor sobre cualquier operación sospechosa. “Si no lo comunica, podría afrontar consecuencias”, reconoce Úrsula García, socia fundadora de la consultora finReg360 pues, en paralelo a las entidades, la CNMV dispone de sus propios sistemas de alarma y monitorización. El supervisor recibió el año pasado 218 alertas de las entidades; en la UE fueron 5.981 en 2024 según el organismo europeo, ESMA. Fuentes del supervisor español defienden que “el abuso financiero daña la transparencia del sistema. Por ello, detectar y perseguir estas irregularidades es una prioridad absoluta en la labor de vigilancia de la CNMV”.
Listas de iniciados
Las empresas cotizadas deben contar a su vez con una estructura que evite filtraciones. F.G., asesor financiero del sector inmobiliario, explica que cuando entró a trabajar en una cotizada firmó “un documento de confidencialidad con respecto a la información privilegiada”. Las compañías cotizadas tanto en la Bolsa tradicional —Inditex, el Santander, Endesa, Prisa [empresa editora de EL PAÍS y CincoDías]….— como en BME Growth (mercado de pequeñas empresas donde cotizaban en 2021 Aspy y Atrys), están sujetas a la normativa de abuso de mercado, reglamento europeo que está vigente desde 2016.
Media decena de cotizadas han detallado a este periódico sus procedimientos: “Es uno de los procesos más rigurosos que hay en toda la compañía”, indican en una de ellas. Para perseguir y prevenir el uso de información confidencial, cuentan con dos listados de personas con acceso a esos datos. En el primero de ellos se incluye “a aquellas personas que, por su posición o funciones en una sociedad (consejeros, directivos, empleados), tienen acceso habitual a información interna de la empresa o a información relevante del mercado de valores”.
El segundo, llamado registro de iniciados o insiders, es más específico: “Incluye a personas que tienen acceso a una información concreta en un momento determinado (fusiones y similares)”, detalla la misma fuente. Su tamaño es más reducido, aunque puede ir aumentando conforme avance la operación y se vaya a hacer pública, y es enviado a la CNMV para que pueda seguir la operación. “Muchas veces recibes un correo electrónico que te insta a que firmes una autorización para ser incluido en una lista de iniciados de un proyecto con un nombre en clave”, añaden desde una empresa perteneciente al Ibex 35. “Te piden ir a firmar un papel y posteriormente te dicen: ven a la reunión, te vamos a contar algo”, detallan desde otra.
Estos mecanismos se aplican también a banqueros de inversión, abogados y asesores externos que participan en una operación y pueden lucrarse con ella. Todos estos listados están a disposición de la CNMV. No solo los directivos se tienen que retratar: “Tienes que notificar quién es tu cónyuge y si tiene un cargo relevante en otra empresa o una participación. Es un control superestricto y riguroso”, aseveran fuentes de una gran empresa.
Como tercera capa, los directivos están sujetos a obligaciones de confidencialidad y a un compromiso de no operar en el mercado en los días previos a anuncios relevantes. Un mecanismo que funciona tanto en Europa como EE UU. En Wall Street los bancos y gestoras de fondos tienen muy detallado qué pueden o no hacer sus empleados, reconoce un gestor de fondos: se controlan, incluso, los medios por los que se comunican con otros trabajadores o clientes (teléfono, correo electrónico, WhatsApp…) siempre para garantizar la confidencialidad y el cumplimiento.
De la CNMV depende, como en las novelas de intriga, encajar las piezas del puzzle: las alertas sospechosas con las listas de personas iniciadas. La labor da sus frutos: de las 71 multas impuestas por el supervisor el año pasado por 19,5 millones de euros, 29 de ellas (9,5 millones) correspondieron a uso de información privilegiada o manipulación. El año pasado el supervisor llevó a cabo 36 investigaciones de vigilancia del mercado que dieron lugar a la apertura de nueve expedientes sancionadores.
La información privilegiada es más sencilla de detectar, además, cuando se trata de empresas pequeñas, con poca negociación en el mercado (que hace visibles grandes movimientos) y hay pocas personas en las listas de iniciados. En el caso de Piqué y Elías, el escasísimo margen temporal entre las compras y la comunicación oficial es un elemento adicional. Tampoco ha sido el caso más sonado. En 2018 la CNMV multó a Josep Borrell por la venta de 30.000 euros en acciones de Abengoa justo antes de que la empresa solicitara el preconcurso de acreedores en noviembre de 2015. Borrell era miembro de su consejo de administración, aunque conoció la sanción cuando ya era ministro de Asuntos Exteriores.
El caso de Piqué y Elías puede ser recurrido. Y es una incógnita si en EE UU darán con alguien que conociera con anticipación las idas y venidas de Trump. Lo único seguro es que esta práctica seguirá tentando a empresarios e inversores de todo el mundo. “La información privilegiada se parece bastante a las meigas [brujas] de mi Galicia natal. Será difícil aprehenderlas, pero ni un solo gallego duda de su existencia”, reconocía Fernández-Armesto en un artículo fechado en 2006.
