En el cuarto piso de un edificio sin ascensor en Sevilla, la cotidianidad de Yulitza Zambrano se mide en turnos de cocina y en el espacio exacto que ocupa una cama individual. A sus 39 años, esta venezolana gestiona una intendencia doméstica imposible. Comparte una habitación pequeña, diseñada para una sola persona, con su hijo de 16 años. “Él a veces llora, se pone triste porque quiere su propio espacio y se imagina otro hogar”, relata. Paga 450 euros al mes por este espacio, tras haber sufrido acoso y xenofobia por parte de un casero anterior que aprovechó su vulnerabilidad por ser migrante. En total, hay 10 personas conviviendo en cuatro habitaciones, con un solo cuarto de baño y un frigorífico cuya capacidad no alcanza para almacenar los alimentos de todos.
