El debate sobre la regulación de la venta online de lotería en España pone sobre la mesa una cuestión de fondo: el papel de las pequeñas empresas en la economía digital.
La red de administraciones de lotería está formada por más de 10.600 puntos de venta, en su mayoría pymes familiares que generan unos 18.000 empleos directos. Durante más de dos décadas, estas empresas han afrontado con sus propios medios, sin ayudas públicas, un proceso de digitalización, desarrollando canales online, webs y plataformas, que hoy representan hasta el 30% de su facturación. Esta transformación, impulsada desde la base, ha permitido mantener la competitividad del sector y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo.
Sin embargo, esta realidad no cuenta con un marco regulatorio claro desde su inicio, hace más de 20 años. Defendemos la necesidad de una regulación que reconozca la comercialización online como parte de la actividad de las administraciones y garantice su continuidad en condiciones de igualdad.
La alternativa –la centralización del canal digital por parte de Loterías y Apuestas del Estado, lo que supondría imponer un monopolio digital– plantea interrogantes relevantes desde el punto de vista de la economía, el empleo y el impacto social. Limitar la participación de estas miles de pymes en el entorno online supondría reducir su capacidad de generar ingresos y debilitar el tejido empresarial. Además, la pluralidad de operadores ha contribuido a mejorar el acceso del consumidor y a fomentar la innovación.
El contexto no es menor. El sector acumula una pérdida de rentabilidad superior al 60% en las últimas décadas, como consecuencia de que el precio de la lotería es el mismo desde 2002 y las comisiones de los loteros son prácticamente las mismas desde hace 21 años, mientras que los costes de explotación han aumentado más del 60%. El canal online ha sido una vía de adaptación que ha permitido sostener la actividad de los puntos de venta de lotería, en especial los más pequeños y situados en entornos rurales.
Eliminar o restringir esta vía tendría consecuencias sobre el empleo, la actividad económica y el equilibrio territorial, especialmente en zonas donde estas empresas desempeñan un papel clave. En otras palabras, supondría el cierre de miles de puntos de venta y la pérdida de miles de empleos en barrios y pueblos.
La regulación debe partir de un principio básico: proteger el valor creado sin generar distorsiones innecesarias.
Hemos impulsado propuestas concretas basadas en estudios independientes, en el análisis técnico y en el diálogo con los distintos actores del sector. Entre ellas, mejorar la rentabilidad del sector, una regulación que respete el modelo actual, basado en las webs y las plataformas utilizadas por los puntos de venta, el reconocimiento de la venta online como extensión del punto físico, la neutralidad tecnológica y una supervisión independiente.
La economía digital no puede construirse a costa de excluir a las pymes. Regular no es restringir ni imponer un monopolio estatal. Es crear las condiciones para dar seguridad jurídica, favorecer las inversiones y la innovación, y permitir que todos los actores puedan competir y contribuir al crecimiento económico.
Ese debería ser el objetivo.
