Apenas lleva un mes en el cargo, pero ya se mueve con la cautela de quien conoce bien el peso de una de las carteras más complejas y sensibles del Ejecutivo. En la solemnidad de la Sala de Goya de la antigua Real Casa de la Aduana, Arcadi España (Carcaixent, Valencia, 51 años), titular del Ministerio de Hacienda, evita salirse del guion al desgranar las prioridades de su mandato. Sin dejar de reivindicar un instante el legado de su antecesora, María Jesús Montero, el nuevo ministro huye de los tecnicismos áridos para explicar que los impuestos no son solo cifras, sino el escudo que sostiene las “noches de UCI” y todos los servicios públicos. Más allá de incidir en esa pedagogía, España elude concretar, en una entrevista concedida el pasado jueves, cuándo se presentarán unos nuevos Presupuestos, prorrogados desde 2023. Preguntado por el impacto negativo que genera la inflación en el IRPF, culpa a la oposición de “pervertir” el debate tributario.
Pregunta. Acaba de cumplir un mes como ministro de Hacienda. ¿Qué prioridades tiene a la vista?
Respuesta. Lo primero es reconocer el relevo de la vicepresidenta María Jesús Montero. Cuando ella llegó a Hacienda, después del Gobierno del Partido Popular, había un déficit del 3% y yo me he encontrado con uno del 2,2%, el más bajo en 18 años. También, con un modelo de financiación presentado a las comunidades y con que Bruselas nos ha quitado un procedimiento de infracción por la morosidad de las administraciones públicas. Ahora estamos centrados en mitigar las consecuencias que tiene la guerra ilegal de Irán en los bolsillos de todas las familias, trabajadores, empresas y autónomos.
P. Una de las tareas pendientes es la elaboración de los Presupuestos. ¿Cuándo pretende hacerlo?
R. Los Presupuestos se van a presentar. Es un compromiso adquirido y reiterado. Ahora estamos centrados en la actualización del cuadro macro para tener las cifras más adecuadas.
P. ¿Puede dar fechas más concretas?
R. No quiero especular. El foco del Gobierno está puesto en el despliegue de esas medidas contra la crisis energética.
P. Las modificaciones de crédito presupuestarias están en niveles récord. ¿Se puede seguir sin Presupuestos?
R. Primero, un mensaje de tranquilidad. A pesar de tener los Presupuestos prorrogados, el Gobierno ha afrontado todas las decisiones importantes. La última, los 5.000 millones del real decreto ley para paliar las consecuencias de la guerra en Irán.
P. El Gobierno ha pedido a Bruselas activar la cláusula de escape del gasto en defensa. ¿Cuánto margen fiscal le da esto a España?
R. Hemos llegado al 2% del gasto en defensa cumpliendo nuestros compromisos y esto nos permite tener más margen en la regla de gasto y el déficit. Y esa cláusula, al igual que han hecho muchísimos otros países de la Unión Europea, es lógica para que ese esfuerzo no lleve a recortar en la parte del Estado de bienestar.
P. ¿Se plantean aumentar ingresos en ámbitos en los que puede haber margen, por ejemplo, en el impuesto de sociedades?
R. Estos años ha habido un incremento de la progresividad del sistema fiscal en su conjunto, donde las rentas más bajas, por ejemplo las que perciben el salario mínimo, no tributan a efectos de IRPF. También se ha pedido un esfuerzo adicional a grandes empresas y patrimonios. Hemos conocido hace poco unos beneficios muy importantes del sector financiero y de otros operadores de grandes empresas españolas. Seguir contribuyendo me parece algo positivo. Cuando tomemos decisiones las comunicaremos, pero creo que el modelo adoptado por el Gobierno le ha sentado bien a la economía. Incluso las empresas a las que les hemos pedido un mayor esfuerzo fiscal han visto cómo sus beneficios han continuado creciendo.
P. ¿Se plantean recuperar figuras como el impuesto a las energéticas?
R. Ese modelo ha permitido que esas empresas continúen teniendo beneficios y aportando a la solidaridad. Hemos planteado, junto con otros países, a la Comisión que estudie la viabilidad de un impuesto a los grandes beneficios de las energéticas, y esa es la línea que tenemos. Quien más tiene, tiene que aportar más.
P. Entrando en el decreto anticrisis, ¿cuánto margen queda para aplicar nuevas medidas o renovar las existentes?
R. El decreto tenía una vigencia de tres meses. Es verdad que la incertidumbre es muy grande porque la información nos llega a golpe de tuit del presidente de Estados Unidos, pero los efectos sí que se están viendo. A medida que veamos cómo evoluciona con las medidas vigentes, decidiremos si se toman otras adicionales.
P. Bruselas considera que reducir la fiscalidad de los carburantes no es lo más adecuado. En caso de que prorrogaran las medidas, ¿esta quedaría fuera?
R. Hemos tomado decisiones extraordinarias en un momento extraordinario. Somos conscientes de lo que ha dicho la Comisión y continuamos negociando para explicarles las razones que nos han llevado a tener que tomar esta medida.
P. ¿Va a seguir Hacienda sin deflactar el IRPF?
R. Es importante tener en cuenta la globalidad de las figuras tributarias. Ningún Gobierno ha hecho tanto en el IRPF para que las rentas bajas paguen menos. Yo creo que no se ha valorado suficientemente que las personas que ganan el salario mínimo no tributen. Y también ahora las familias pagan menos IVA en electricidad, gas o gasolina.
P. El Gobierno valenciano del que usted formó parte sí deflactó los tramos bajos. ¿Por qué no hacer algo parecido ahora?
R. Fueron medidas muy similares a las que está tomando el Ejecutivo ahora a través del IVA o la exención del salario mínimo, pero con los instrumentos fiscales que tenía un gobierno autonómico.
P. ¿Le está perjudicando al Gobierno esta decisión?
R. En materia tributaria tenemos que ser serios. El Partido Popular, por desgracia, ha introducido en la conversación un debate peligroso: “impuestos sí o impuestos no”. Eso es un riesgo para nuestra democracia porque supone decir “Estado del bienestar sí o no”. No nos hagamos trampas: ¿de dónde salen los recursos para pagar una noche de UCI, que son 3.700 euros? ¿De dónde sale un trasplante de corazón que vale 90.000 euros en la sanidad pública? El Partido Popular está pervirtiendo ese debate y lo hace en medio de la campaña de la renta. Me parece de una irresponsabilidad gravísima.
P. Se ha instalado en la sociedad una desafección fiscal que muestran algunas encuestas y que se concentra particularmente entre los jóvenes. ¿Qué ocurre?
R. Los jóvenes han tenido que atravesar circunstancias que pocas generaciones han tenido que vivir entre crisis económicas y pandemia. Y con problemas por resolver como el de la vivienda. Entiendo esa parte de frustración. Pero voy un paso más allá. Muchos ciudadanos ven la carga fiscal, pero no perciben una mejora en los servicios públicos. Ahí hay que ser muy claros. Vivimos en un país descentralizado. La sanidad y la educación dependen de las comunidades. Pongo el ejemplo de Andalucía. Ha tenido una crisis gravísima con los cribados y una situación de crecimiento de las listas de espera. ¿Qué ha hecho el Gobierno de España? A Andalucía le ha aportado 53.000 millones adicionales en estos años respecto a los del Gobierno anterior. ¿Qué ha hecho la comunidad con todo ese volumen de recursos? ¿Los ha dedicado a mejorar la sanidad, a combatir las listas de espera, o los ha dedicado a privatizar y hacer regalos fiscales a los grandes patrimonios? Los ciudadanos tienen que juzgar a sus gobernantes en función de las competencias que tienen.
P. ¿Debe tener la fiscalidad más protagonismo para encarar el problema de la vivienda?
R. Hay muchas medidas para abordar el reto de la vivienda. Lo primero es clarificar que es una competencia de las comunidades, lo cual no significa que el Gobierno de España diga “yo no tengo nada que aportar aquí”. Lo tiene y lo ha hecho con la primera ley de vivienda y con un plan de 7.000 millones de euros. Y hemos visto cómo algunas comunidades estaban dudando si aceptar o no esos recursos que les ayudan a construir más y que blindan que la vivienda pública siempre tenga esa condición.
P. ¿No sería una medida bien recibida, por ejemplo, gravar la vivienda vacía para incentivar que tenga uso residencial?
R. En este momento estamos con el plan de los 7.000 millones que hemos aportado y desde luego seguimos estudiando medidas adicionales.
P. ¿En qué fase está el modelo de financiación autonómica?
R. Vamos a tener conversaciones con las comunidades para presentar el modelo, que es el que más beneficia al Estado del bienestar. Son 21.000 millones de euros más que pone el Gobierno de España y todas ganan. No acabo de entender la negativa de muchas autonomías en una situación financiera crítica a negarse a un modelo beneficioso.
P. ¿Convencerá a las comunidades más infrafinanciadas?
R. Conozco bien las dificultades de un modelo que no trataba con justicia a determinadas comunidades. No hay ninguna razón objetiva para que digan que no. La única razón tiene más que ver con lo que les dicen en la calle Génova que con lo que les piden los ciudadanos.
P. ¿En qué está pensando Hacienda para atajar la competencia fiscal entre comunidades?
R. Soy defensor del Estado autonómico, pero con corresponsabilidad. Si tú decides eliminar impuestos a los grandes patrimonios en tu margen de competencia, es legítimo. Lo que no me parece legítimo es que, si te haces un agujero de 1.000 millones voluntariamente bajando impuestos, luego vayas a pedirle al Gobierno que, con los recursos del conjunto de los españoles, tape ese agujero. No es justo que los españoles tengan que financiar a determinadas comunidades el regalo fiscal que han hecho a los grandes patrimonios.
P. Respecto a lo ocurrido en Indra, ahora que Ángel Escribano ha salido de la presidencia y ha vendido las acciones que tenía en la compañía, ¿se facilita la creación de un campeón nacional de la defensa?
R. Indra es una empresa para sentirnos orgullosos como país. Me permitirán que en una empresa cotizada me quede ahí.
P. ¿Ustedes, como accionistas por parte del Estado, apoyarían la compra o fusión?
R. Es una decisión que tiene que tomar el consejo de administración.
